Justicia para la tribuna

Como espectáculo, como parte de la narrativa gubernamental o como linchamiento público, solo así se piensa en la justicia en México.

Sobran los ejemplos. La secretaria de Gobernación afirmó que en el caso de la masacre de Camargo no habrá impunidad al tiempo que aceptó que en las de San Fernando nunca hubo justicia. Como si la obligación fuera resolver los casos que ocurren en su administración y no los del pasado. El presidente ha repetido una y otra vez sobre el enjuiciamiento a expresidentes, pero siempre ligados a una consulta ciudadana. Como si la justicia fuera Circo Romano. Ante la rabia e indignación popular es que se decide investigar a Javier Duarte, Emilio Lozoya y otros tantos. Ahora la lupa está con el gobernador Francisco Cabeza de Vaca y el exgobernador Roberto Sandoval, pero evidentemente no se les investigan por las ejecuciones y desapariciones en las que participaron sus policías, como tampoco se hace con Javier Duarte. Eso no, eso desenmascararía los vínculos político-criminales.

La narrativa, ayer y hoy, es que en México hay ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, corrupción político-empresarial-criminal pero solo como hechos aislados. Miles y miles de casos aislados. Así lo investigan, como casos aislados. Siempre ha sido útil controlar políticamente la justicia. No dar verdadera autonomía a las fiscalías estatales y la federal. Darse baños de pureza con un puñado de casos que en el mejor de los casos son resueltos centrándose solo en la parte baja de la responsabilidad material de los hechos y cuando conviene políticamente, aplicar la justicia arriba sin desmantelar ninguna red.

Mientras las investigaciones se acumulan por cientos de miles en las fiscalías -tan solo en desapariciones y ejecuciones– las sentencias llegan solo para unos cuantos casos y siempre dejando a un lado a los máximos responsables, solo responsabilizando a operadores, sicarios, policías o soldados. Nunca se aborda el fenómeno, las redes permanecen intactas, mientras tratan de engañar diciendo que el árbol es el bosque.

México no es el primer país en el que esto ocurre. En otros países han optado por políticas integrales de Justicia Transicional. Experiencias internacionales demuestran la eficacia de mecanismos extraordinarios de justicia que abordan fenómenos y no casos. En días recientes ha sido muy notable el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En Colombia, a partir de los acuerdos de paz, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR). Sistema integrado por una Comisión de la Verdad, una unidad de búsqueda de personas desaparecidas y la JEP.

Este mecanismo extraordinario ha abierto hasta hoy 7 investigaciones de fenómenos: rehenes y otras privaciones a la libertad, ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate, victimización contra la Unión Patriótica (partido político), reclutamiento de menores y 3 situaciones de violencia territoriales.

La primera acusación de la JEP se dio por 21 mil casos de secuestro en los que responsabilizaron a ochos miembros de la dirigencia de las FARC por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Asigna responsabilidad a los máximos responsables de este fenómeno y no se centra en los autores materiales de cada caso. Recientemente presentó un informe documentando 6,402 ‘falsos positivos’, civiles asesinados por militares y presentados como guerrilleros abatidos. Esta cifra contrasta con la de la Fiscalía que reconocía tan solo 2,248. Esta investigación podrá fincar responsabilidades sobre altos mandos militares e incluso políticos ya que el 78% de estos casos ocurrieron en la administración de Álvaro Uribe, gran enemigo de la JEP. A pesar de este elevado número, organizaciones sociales colombianas afirman que la cifra es todavía mayor. Especialistas colombianos han afirmado que la Fiscalía General de la Nación no es capaz de investigar crímenes en los que se están involucrados altos mandos del Estado y menos hacerlo desde la óptica del fenómeno. Lo mismo ocurre aquí.

En Colombia han decidido implementar este sistema de Justicia Transicional. En México tenemos un pastiche, un pegote. Un Sistema de atención a víctimas y de búsqueda abandonados y enfrentados con las fiscalías y otras autoridades. Ninguna institución que garantice la verdad sobre fenómenos. Solo investigaciones para la tribuna y nunca sobre fenómenos.

No hay democracia posible sin verdad ni justicia. Ante la violencia desbordada la opción son modelos de seguridad ciudadana, una Comisión de la Verdad y un Mecanismo extraordinario de justicia integrados en un sistema de Justicia Transicional. El otro camino es seguir la militarización, el Circo Romano y satisfaciendo a la tribuna con un puñado de casos.

PS. Agradezco a Animal Político, mi nueva casa, por la confianza y la oportunidad de publicar en El Plumaje.

@dayan_jacobo