Justicia para Miguel Orlando

Por: Mariana Peguero Moreno (@PegueroMariana)

El 8 de mayo de 1993, el teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán, de 25 años, se comunicó desde el cuartel con su madre y antes de colgar le dijo que la llamaría el 10 de mayo (día de las madres); no obstante, esa fue la última llamada que la señora María Guadalupe Guzmán recibió de su hijo. Miguel Orlando fue visto por última vez por sus compañeros del 26º Batallón de Ciudad Juárez, Chihuahua, mientras realizaba esa llamada.

Su familia denunció su desaparición y las anomalías alrededor del caso ante las autoridades militares y civiles, así como una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, ante la ausencia de respuestas por las autoridades mexicanas, el 1 de marzo de 1999 la familia denunció los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Posteriormente, el 4 de diciembre de 2000 dicha instancia emitió el informe de admisibilidad No. 106/00 y finalmente, el 28 de febrero de 2006, emitió el informe No. 2/06, a través del cual declaró la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, así como a la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos (artículos 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana).

Las recomendaciones de la CIDH al Estado mexicano fueron las siguientes:

i) Investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria mexicana para determinar el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán; y, de establecerse que hubo desaparición forzada, proceder a sancionar a todos los responsables de los hechos.

ii) Reparar adecuadamente a los familiares de Miguel Orlando Muñoz Guzmán por las violaciones de derechos humanos señaladas en el informe.

A pesar de las recomendaciones emitidas por la CIDH, hasta la fecha no se ha cumplido con ellas ni en materia de investigación y localización, ni justicia para el teniente Muñoz por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de la Zona Norte del estado de Chihuahua, así como de la Procuraduría General de la República (PGR).

La falta de cumplimiento del Estado mexicano a las anteriores recomendaciones evidencian una violación al principio de pacta sunt servanda, por medio del cual se establece que las partes se obligan para cumplir los tratados de buena fe. El Estado mexicano estaba obligado no sólo a cumplir con las recomendaciones emitidas por la CIDH, sino también a restablecer y reparar los derechos señalados como violados al teniente Muñoz Guzmán y su familia.

En marzo de este año, durante el Segundo Conversatorio de la Ley de Seguridad Interior realizado en el Senado de la República, se analizaron cuáles eran los riegos de emitir una ley que legitimara la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública nacional, para lo cual se tomó en cuenta el testimonio de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, que vivieron casos en los cuáles intervinieron miembros de las Fuerzas Armadas como perpetradores de las mismas.

En este contexto, la madre y la hermana del teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán expusieron cómo han resultado inútiles los múltiples recursos nacionales e internacionales interpuestos para conocer el paradero de Miguel Orlando, así como de los responsables de su desaparición, ya que a más de 24 años su caso sigue en absoluta impunidad.

El senador Mario Delgado Carrillo, quien asistió al Conversatorio, propuso el pasado mes de mayo un Punto de Acuerdo a través del cual la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicitó a Enrique Peña Nieto, realizar las acciones necesarias para dar cumplimiento a todas las recomendaciones emitidas por la CIDH en su informe No. 2/06, sobre el caso del Teniente de Infantería Miguel Orlando Muñoz Guzmán, y con ello investigar la desaparición y sancionar los responsables de los hechos.

La impunidad en el caso de Miguel Orlando es una muestra de las fallas al interior de las Fuerzas Armadas y resulta aún más preocupante ante la intención de legislar sobre seguridad interior en México. Si la desaparición de un miembro de las Fuerzas Armadas continúa a la sombra de la incertidumbre, la ciudadanía se encuentra en mucho mayor riesgo al dejar la seguridad interior en sus manos. La experiencia nos demuestra que la falta de justicia en casos de violaciones a derechos humanos no solo afecta y trasciende hacia el exterior de las Fuerzas Armadas, sino también hacia dentro.

 

* Mariana Peguero Moreno es abogada de la @CMDPDH.