Justicia para ambientalistas de la Colonia Maya, en Chiapas

Siempre he dicho que los logros en la defensa de los derechos humanos hay que anunciarlos y festejarlos. Hoy no es la excepción. Luego de siete años de litigio, la Fiscalía de Distrito Altos, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, determinó el no ejercicio de la acción penal en el caso de seis personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente de la Colonia Maya, quienes fueron procesadas injustamente por oponerse a la construcción de un fraccionamiento en una zona de conservación ecológica.

De esta forma, la Fiscalía no va a continuar el juicio contra las personas defensoras porque los cargos fueron rechazados y por lo tanto éstas ya no pueden ser detenidas.

Es muy grande la alegría que compartimos con Elizabeth del Carmen Suárez Díaz, Eustacio Hernández Vázquez, Lucero Aguilar Pérez, Sergio Hernández, Martín López López y Miguel Ángel López Martínez, porque la decisión judicial puso fin a una larga persecución con la que se pretendió, sin lograrlo, deslegitimar y criminalizar su derecho legítimo a la protesta, que ejercieron al defender la tierra, el territorio y el medio ambiente.

 

Parte de la equipa de Amnistía Internacional nos reunimos con ellos la noche previa a la conferencia de medios que ofrecimos de manera conjunta, el lunes 15 de julio de 2024, para dar a conocer la decisión de la Fiscalía. Conversamos largamente sobre su sentir y brindamos con un rico café acompañado con tamales de bola y pan coleto, que nos compartieron con gran amabilidad.

Fue un encuentro agradable, la tensión generada por la persecución judicial injusta había quedado atrás. Las palabras de Elizabeth lo dijeron todo: “no es bonito tener una orden de aprehensión por defender el territorio”.

Nada más cierto, pues en este caso estuvo a punto de cometerse un acto grave de injusticia porque el delito por el que se buscaba sancionar a las personas defensoras no se cometió. Pero además, el uso indebido del sistema penal para perseguir y criminalizar a las personas defensoras, en lugar de investigar a quienes cometen delitos y violaciones a derechos humanos, implica un uso indebido de recursos públicos, como lo advertimos en nuestro informe México: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente.

En él documentamos la forma en que el Estado mexicano hace uso indebido de las normas penales para disuadir, castigar, criminalizar e impedir que las personas defensoras protesten para exigir sus derechos. El informe incluye otros casos paradigmáticos, como los de Chilón, Chiapas; Zacatepec, Puebla, y Sitilpech, en Yucatán.

El de la Colonia Maya es el tercer caso de nuestro informe en el que se logra superar la persecución judicial contra personas defensoras. El primero fue el de Chilón, en Chiapas, y el segundo el de Zacatepec, en Puebla.

El poder de las personas

La movilización solidaria de miles de personas en México y en diversos países tuvo un peso fundamental en este caso, pues presionó a las autoridades para que revisaran con el debido cuidado la acusación contra las personas defensoras de la Colonia Maya y comprobaran lo infundado de los cargos en su contra.

Desde Amnistía Internacional México trabajamos para que el caso se conociera a nivel internacional, a través de la Petición que impulsamos y a la que se sumaron solo en nuestro país 44 mil 320 personas.

En ella instamos a las autoridades mexicanas a que valoren el papel de las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente y refuercen su protección a través de mecanismos existentes. Invito a las personas lectoras a que conozcan la Petición y también sumen su firma.

El informe México: Tierra y ¿Libertad? es además una investigación técnica sólida que no deja lugar a dudas sobre lo injusta que fue la acción judicial en el caso de la Colonia Maya y en los otros tres casos ya referidos. El mismo lo acompañamos con la campaña #ProtestarNoEsUnCrimen que promueve un ingrediente fundamental de Amnistía Internacional: la movilización.

Y justamente las personas activistas de Amnistía Internacional de varias secciones, como las de España, Canadá, Alemania y Bélgica se indignaron ante la injusticia, se movilizaron y actuaron a través de acciones urgentes en las que enviaron cartas a las autoridades exigiendo justicia. Además de que dieron una amplia difusión a nuestro informe.

Gracias a las firmas y a la presión generada por la movilización en México y en los otros países, las personas que habitan en la Colonia Maya hoy no tienen el temor de ser apresadas.

A este enorme movimiento se sumó el gran apoyo que la Colonia Maya recibió también de las decenas de organizaciones sociales con quienes comparten objetivos.

Contexto

El problema en la Colonia Maya inició cuando una empresa inmobiliaria comenzó la construcción de un fraccionamiento en la zona de conservación ecológica del predio rústico ‘Carmen Guadalupe’, ubicado en dicha colonia del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La obra se inició sin contar con evaluaciones de impacto ambiental y social.

En el proceso de construcción fueron talados unos 100 árboles lo que causó un desequilibrio ambiental importante, pues al ser afectada la barrera natural el agua de lluvia ocasionó inundaciones y daños en las casas de la Colonia Maya.

Cabe referir que el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho universalmente reconocido en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos del año 2021 y por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022.

Acusación injusta

Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Chiapas había clausurado la obra por no contar con las autorizaciones de SEMARNAT, y por la falta del cumplimiento de las recomendaciones hechas por la Secretaría de Protección Civil, la inmobiliaria continuó los trabajos.

En una manifestación efectuada el 7 de abril de 2017, personas de la Colonia Maya impidieron, con un lazo, el paso por uno de los accesos del fraccionamiento, a manera de cierre simbólico. El bloqueo duró 20 horas. Sin embargo, como el terreno es grande contaba con otras entradas y las personas trabajadoras podían salir del lugar libremente.

El 16 de agosto de 2018 la Fiscalía de Distrito Altos emitió una orden de aprehensión en contra de Elizabeth, Eustacio, Lucero, Sergio, Martín y Miguel, quienes integraban la Mesa Directiva de la Colonia Maya. El delito imputado fue privación de la libertad agravado por ser cometido por más de dos personas. La orden de aprehensión se emitió sin pruebas que permitieran configurar ese delito pues, como señalé, quienes trabajaban en el  terreno siempre pudieron retirarse del mismo por sus diferentes salidas. En otras palabras, las seis personas defensoras podrían haber sido apresadas por un delito que no cometieron.

En nuestro informe hacemos notar cómo las autoridades hacen interpretaciones amplias de tipos penales vagos o ambiguos como “motín”, “obstrucción de obra pública” y las variaciones del delito de “ataques a las vías de comunicación” para criminalizar, desincentivar y desarticular la defensa de los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Esta persecución se enfoca en las personas que son consideradas líderes lo que trae como consecuencia un efecto inhibidor, tanto en las personas sujetas a proceso, como en las simpatizantes por la defensa de los derechos quienes, en algunos casos, deciden abandonar la lucha.

La resistencia

La Colonia Maya inició la lucha hace poco más de 16 años, en los que se han opuesto a la tala ilegal del bosque aledaño a su colonia, trabajaron en la construcción de zanjas de infiltración del agua para contrarrestar inundaciones y opusieron a la instalación de una gasera y una estación de gasolina en su territorio.

Su trabajo fue reconocido con el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” 2022, otorgado por un conglomerado de 35 organizaciones de Canadá, Estados Unidos, México (entre las que se encuentra Amnistía Internacional), Honduras, América Latina, Cataluña, País Vasco y Alemania.

Su resistencia parte de la creatividad, la promoción de la paz y se caracteriza por el uso de herramientas pedagógicas que han sido muy útiles para enseñar a las personas las consecuencias de la destrucción ambiental.

Lo que sigue

Los problemas ambientales en la Colonia Maya están latentes. Las inundaciones persisten y afectan las casas y los bienes de las personas, interrumpen sus actividades cotidianas, ponen en riesgo su salud y su calidad de vida.

Está claro que sí hay delitos que perseguir y que éstos fueron cometidos por las personas que causaron daños al medio ambiente de la montaña. En la conferencia de medios referida se explicó que aún no se cumple la recomendación que hizo la Secretaría de Protección Civil del estado para resarcir el daño ambiental en la zona.

Desde Amnistía Internacional hacemos un llamado a las autoridades a cumplir las recomendaciones contenidas en nuestro informe Tierra y ¿Libertad? que incluyen, entre otras, cambios legislativos. En ese sentido, pedimos al Congreso de la Unión y a los congresos locales que, desde su ámbito de competencia, se elimine de la Constitución y de las leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa y se reformen los artículos 27, 28 y 31 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, para garantizar que cumpla con estándares internacionales en la materia.

Las recomendaciones incluyen adecuar los tipos penales y asegurar que se respete el principio de legalidad por medio de una definición clara del delito que se va a castigar, así como de sus alcances, de tal forma que éste no se utilice para criminalizar la protesta, así como aplicar de manera correcta el Acuerdo de Escazú, vigente en México desde el 9 de diciembre de 2020, para la debida protección del medio ambiente y de las personas que lo defienden.

Las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente no están solas, son parte de un movimiento más grande, muchas personas más les acompañamos, la colectiva unida es más fuerte y seguiremos dando la lucha con ellos y ellas por sus derechos y por los de la “madre tierra”.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).