Juicio mediático a una niña de 10 años

Por: Ana Ávila, coordinadora de comunicación

La noticia sobre una niña de 10 años embarazada en el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora fue tan escandalosa que transcendió los medios locales y causó el pronunciamiento de un arzobispo. Sin embargo, al día de hoy, pese al torrente de noticias publicadas, nadie ha hablado ni con la niña, ni con ningún familiar, ni ha mostrado pruebas de lo publicado. Todo ha sido como el juego del teléfono descompuesto donde, como siempre, el mayor daño lo pagan los involucrados en la noticia.

El papel de los medios noticiosos tendría que ser fundamental a la hora de informar sobre acontecimientos como el de una niña embarazada. No se trata del hecho en sí mismo, ni de hacer un escándalo amarillista al respecto, sino de dar cuenta de las condiciones de posibilidad que permiten y propician que una niña en una comunidad rural se embarace. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad?, ¿cuál es el papel del Estado en la protección de los derechos de los niñas y los niños?, ¿es este un caso aislado o es un problema sistemático de raíces estructurales?

Los periodistas son investigadores, buscan pruebas, dudan de los dichos hasta no tener evidencias, pero en el caso de la niña embarazada las declaraciones contradictorias de funcionarios parecieron suficientes. Desgraciadamente, el cúmulo de publicaciones lleva a pensar que en este caso (y sucede todos los días en un sinfín de noticias) la niña no importa, las condiciones sociales que se concatenan para que algo así emerja, menos. Aquí lo que prevaleció e importó fue hacer público el escándalo, visibilizar para alimentar el morbo, los estigmas y prejuicios.

Lo que sucede en la vida privada de una menor no es noticia, pero si revela un problema social donde hay faltas del Estado y donde pudiera haber habido abuso, entonces se vuelve público y debería tener la atención de los periodistas para resguardar el interés superior de la niña, no para exhibirla y juzgarla mediáticamente.

La primera noticia publicada en un medio local derivó de una declaración del director del hospital de San Luis Río Colorado, Sonora, la cual decía que habían atendido a una niña de 10 años embarazada de cinco meses. Al siguiente día, otro medio local atribuyó a la subprocuraduría de defensa del menor la información de que la niña no tenía 10 años, sino 14, que vivía feliz con su pareja bajo el consentimiento de los padres y que no era de San Luis Río Colorado, sino de Colonias Nuevas, Baja California. La nota descalificaba sistemáticamente lo difundido el día previo y juzgaba al otro medio como poco profesional, pese a que el periódico mismo nunca decía cómo ni quién le había dado todos esos datos. El extremo de la desinformación, hecho público por un tercer medio local, se dio con una declaración atribuida a la directora del DIF municipal, Perla Peralta, quien terminaba una entrevista diciendo “creo que ya dio a luz”.

El doctor Sergio Kelly, en una llamada telefónica, dijo que cuando llegó la niña al hospital y se detectó el embarazo de cinco meses, se comprobó mediante el acta de nacimiento que tenía 10 años, entonces dio aviso a las autoridades para que se investigara si había sido un abuso sexual. Posteriormente, un reportero local llamó a la subprocuraduría de defensa del menor para verificar lo que había sido publicado. Le respondieron que no tenían el expediente, que sólo contaban con algunos datos y que estaban en espera de la información completa. Entonces, lo que salió en el medio local, atribuido a esta oficina de gobierno, ¿es o no información veraz proporcionada por la fuente en cuestión? El mismo reportero hizo su propia búsqueda, recorrió la comunidad de donde dicen es la niña, nadie la ha visto, ni el cura, ni los vecinos.

¿Qué le pasó?, ¿dónde está?, ¿ya no importa? El dato escandaloso fue revelado y el resto que más da. Lo importante no era ella, sino dar la nota.

Los periodistas usan un vehículo privado (tele, radio, prensa) para transmitir información de interés público en el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, en el caso particular de la niña de 10 años, tal parece que tanto el medio como el fin son privados. Prevalece un interés por atraer audiencias que priorizan aquello que los conecta o vincula emocionalmente –noticias conmovedoras, incendiarias, morbosas— y no mediante reflexiones racionales en el terreno de los derechos humanos y la legislación. Esto pasa porque es más fácil buscar rating a través de los sentimientos, que de la conducción a un proceso racional de análisis. Además, porque la conexión es casi instantánea, ágil, no aburrida.

El problema es que se está enjuiciando a personas, se les arruina la reputación, el derecho a la intimidad, a la dignidad. Las audiencias pueden jugar un papel crítico sobre lo que se difunde y los periodistas pueden y deben cuidar a quienes están involucrados en una noticia, no vaya a ser que por azares de la vida, el día de mañana ellos sean los expuestos.