Jueves Negro impune

Hace un año, un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública federal y apoyado por las fuerzas armadas, detuvo en el sector Tres Ríos de Culiacán a Ovidio Guzmán López. El Cártel de Sinaloa desató el infierno, sumió a la ciudad entera en el terror y tomó como rehenes a once militares. Acorralado, el presidente López Obrador dio la orden de liberar al hijo de “El Chapo” Guzmán. El operativo ha sido el fracaso más estrepitoso en materia de seguridad en este gobierno.

Pero más allá de las implicaciones simbólicas, sociales y políticas del llamado “Jueves Negro”, me gustaría centrar este artículo en algo tan obvio que lo pasamos por alto: su impunidad.

El 17 de octubre de 2019 se cometieron en Culiacán al menos 10 delitos diferentes: asesinato, robo de vehículo, privación de la libertad, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, evasión de presos, extorsión, daño en propiedad ajena, ataque a las vías de comunicación, delincuencia organizada e, incluso, terrorismo. 

Homicidio. Noé fue alcanzado por las balas en el taller del centro comercial donde trabajaba en el sector Tres Ríos. Su familia tuvo que buscarlo por horas porque los militares se llevaron su cuerpo. José Arturo y Nicolás, jóvenes empleados de una carpintería, quedaron en medio de la refriega en la misma zona. Víctimas inocentes del operativo fallido, los tres estaban trabajando.

Privación de la libertad. Once militares fueron privados de la libertad por el Cártel de Sinaloa ese día. Los ataques a instalaciones y vehículos del Ejército sucedieron en cinco ubicaciones externas a la zona de los círculos de seguridad del operativo: en el Destacamento de El Fuerte, la Base de “El Sufragio”, las inmediaciones de la Novena Zona Militar, la Caseta de peaje de Costa Rica, y la Unidad Habitacional de la colonia 21 de Marzo. En todas fueron sorprendidos, nadie les avisó.

Ataque a vías de comunicación. Con el fin de evitar el posible traslado de Ovidio Guzmán al aeropuerto y obstaculizar la movilización de los convoyes de las fuerzas armadas, el Cártel de Sinaloa bloqueó puentes, avenidas y bulevares principales que conectaban al sector Tres Ríos con las vías principales. Pusieron retenes, dispararon al aire y quemaron vehículos.

Robo de vehículo. A Humberto, una tacoma gris lo chocó por detrás hasta sacarlo del camino en la colonia Las Quintas. Iba con su hija pequeña y fue uno de los afectados directamente por los criminales. Cinco autos fueron robados y 29 dañados ese día. Algunos fueron utilizados para participar en el operativo en contra de las fuerzas federales y otros fueron incendiados en diversas vías para tapar calles y sembrar miedo.

Portación y uso de armas de uso exclusivo del ejército. Todos vimos el video: un hombre corre con un pesado fusil, se tira al suelo, se acomoda y desde ahí empieza a disparar a las fuerzas federales con un temple que aterra. Era “el bato del calibre 50”. Según un reporte de la SEDENA, ese día participaron al menos 385 personas con armas automáticas de grueso calibre, chalecos antibalas y pasamontañas, entre ellas AK-47 y fusiles calibre .50 de capacidad antiaérea.

Evasión de presos. 51 reos se fugaron ese día del Penal de Aguaruto. La fuga dejó como saldo un reo muerto y dos custodios privados de la libertad.

Daños en propiedad ajena. De acuerdo con un informe de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Sinaloa (CEAIV), los daños materiales se valuaron pericialmente en 945 mil pesos, mismos que no han sido entregados por el gobierno estatal para su reparación a los afectados. 

Extorsión. Durante varios días después del “Culiacanazo”, las llamadas de extorsión telefónica se incrementaron. La Fiscalía de Sinaloa alertó del modus operandi: le decían a la gente que ese día su teléfono había sido clonado y los citaban en un lugar donde les exigían cantidades de dinero.

Delincuencia Organizada. Comete este delito quien, en concierto con al menos dos personas más, se organice y coordine para delinquir y obtener un beneficio específico. Ese día participaron al menos 385 personas en 76 vehículos para impedir el arresto de Ovidio. Y lo lograron.

Terrorismo. Fue la primera vez que de manera coordinada e intencional, el Cártel de Sinaloa mostró los dientes a la comunidad en que se ha desarrollado por décadas. Ese día sembraron el pánico entre la gente y presionaron con eso a las autoridades para liberar a uno de sus líderes. Eso, aunque suene fuerte, es terrorismo. Narco-terrorismo.

Ese jueves hubo 41 víctimas, de las cuales 15 fallecieron, 20 resultaron heridas y 11 más fueron privadas de la libertad. Del total, 9.8% eran civiles inocentes, 14.6% presuntos delincuentes y el resto, 75.6%, miembros de las fuerzas de seguridad.

Un año después, el “Jueves Negro” sigue impune. No hay un solo detenido por los hechos del 17 de octubre y las carpetas de investigación se encuentran “en proceso de integración”. Como ha señalado Óscar Fidel González Mendivil, titular de la CEAIV, el día 24 de ese mismo mes el Ministerio Público encargado por parte de la Fiscalía del Estado se declaró incompetente y remitió el expediente a la Fiscalía General, donde duerme el sueño de los justos.

Mientras tanto, el presidente López Obrador se jacta de su decisión “humanista”, Alfonso Durazo aspira a gobernar Sonora por MORENA y los responsables directos del operativo siguen en sus puestos como si nada. Mientras tanto, la policía de Sinaloa sigue siendo insuficiente y la base militar de El Sauz permanece semivacía. Ovidio sigue libre en las montañas de la sierra o en las calles de Culiacán. Da igual. Su negocio, el Cártel de Sinaloa, permanece intacto.

Salvo la valiente reflexión ciudadana, académica y periodística sobre ese día fatídico, nada ha cambiado realmente en Sinaloa desde entonces. Cuesta aceptarlo, pero no hay ninguna razón política, institucional o jurídica para que un día como el “Jueves Negro” no se repita.

@AdrianLopezMx