Redacción Animal Político · 14 de abril de 2023
La tragedia en la estación provisional migratoria de Ciudad Juárez del 27 de marzo no fue un hecho aislado, ni un hecho fortuito, sino la sistemática violación a los derechos humanos de personas migrantes, solicitantes de refugio y de personas desplazadas internas, que lamentablemente existe en México.
Esta tragedia se suma a varios hechos de violencia, accidentes y omisiones del Estado en los que las personas migrantes han sido víctimas. Hechos que se encuentran en impunidad, como lo ocurrido en diciembre de 2021 en Chiapas, donde al menos 53 migrantes perdieron la vida y 59 resultaron heridos debido a la volcadura de un camión. Tampoco podemos olvidar las masacres de personas migrantes que han sacudido e indignado: San Fernando, Cadereyta y Camargo; por esto es prioritario exigir verdad, justicia y garantías de no repetición.
Durante años, las organizaciones defensoras de derechos hemos constatado y denunciado las condiciones de violencia a las que se enfrentan las personas en movilidad, así como las condiciones infrahumanas en las que se encuentran las personas migrantes detenidas en las estaciones migratorias. En las estaciones prevalece la incomunicación, la falta de higiene, el hacinamiento prolongado, la mala alimentación, el trato denigrante y la falta de infraestructura, ya que en su mayoría no cuentan con salidas de emergencia. Por ello es deber del gobierno mexicano no solo el cerrar la estación provisional de Ciudad Juárez, sino todas las estaciones que se encuentran en situación similar.
En la Constitución Mexicana, la Ley de Migración, así como diversos tratados internacionales de los que México ha signado, e incluso ha sido impulsor, se establece un marco de protección para los derechos humanos de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional, por lo que el Estado mexicano debería prestar atención a la implementación y práctica de dichas normativas vigentes, según lo que se ha documentado desde la Red Jesuita con Migrantes de México.
De acuerdo con la normativa mexicana, la migración indocumentada no es un delito, solo una falta administrativa; por ello, como lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de una manera excepcional, una persona migrante no puede permanecer más de 36 horas detenida. La Corte también recordó que la detención de personas migrantes sólo debe usarse como una medida excepcional de último recurso.
Las normas internacionales de derechos humanos restringen el uso de la detención migratoria a una medida excepcional, no obstante, los mecanismos y los órganos de derechos humanos piden cada vez más a los Estados eliminar gradualmente su uso por completo. En reconocimiento de que la detención de migrantes suele ser arbitraria y parte de una tendencia más amplia de criminalizar a las personas en movimiento, la ONU y la CIDH han llamado a los gobiernos a adoptar alternativas a la detención basadas en la comunidad sin privación de libertad.
En México existen 10 estaciones migratorias, 15 estancias provisionales tipo A y 25 estancias tipo B, donde las condiciones de hacinamiento, insalubridad y trato inhumano son las constantes; es apremiante exigir su cierre. Lo que sucedió en la estación provisional migratoria de Ciudad Juárez nos revela el martirio que viven miles de migrantes, año con año, en nuestro país.
Sobre el cierre del INM
Con el anuncio de la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMEXICO) y la posible extinción del Instituto Nacional de Migración (INM), no se resuelven los problemas estructurales existentes en los flujos migratorios en México y las instituciones que los abordan.
Es importante que, si se quiere hacer un cambio estructural en el tema migratorio, se haga de manera transparente y considerando las propuestas que desde hace décadas se han realizado desde diferentes espacios de sociedad civil y academia. Es importante que se dé a conocer el documento con la propuesta de CONMEXICO y se dialogue al respecto antes de su formalización en la estructura de la Administración Pública Federal.
* Conrado B. Zepeda Miramontes, SJ es Director Nacional del Servicio Jesuita a Refugiados – JRS México.
El JRS México llegó a nuestro país en 1982 y se acentuó en Campeche, cerró y volvió a abrir en 2017.