Jóvenes en México sin derecho a la vida

Por: Linda Flores (@Magnolisima)

 

Artículo 9

DERECHO A LA VIDA:

Los jóvenes tienen derecho a la vida y, por tanto, los estados parte adoptarán las medidas de toda índole que sean necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual que permita la incorporación de los jóvenes al protagonismo de la vida colectiva con niveles óptimos de madurez

Convención Iberoamericana de derechos de la juventud

 

Empezando Semana Santa nos enteramos de la desaparición de Samuel Gustavo Gómez Veleta, de 21 años. Horas más tarde supimos por el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, que Samuel Gustavo (o Sammy), había sido asesinado, asesinado de la misma forma que asesinaron en Chihuahua a jóvenes en Villas de Salvárcar en 2010, o cuando apenas el año pasado, el 23 de septiembre, un comando asesinó a 10 personas, entre ellas jóvenes beisbolistas y una niña de seis años, en el Ejido Loma Blanca.

El asesinato de Samuel hace recordar episodios negros de la historia de México, como los ocurridos en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2010, cuando siete jóvenes entre 22 y 28 años fueron asesinados en la calle. O la masacre en el centro de rehabilitación “La Victoria” en Torreón, Coahuila, el 6 de julio de 2011, donde arrebataron la vida de 13 jóvenes. En Monterrey, el 14 de marzo de 2012, fue nota nacional la muerte de cinco jóvenes que fueron atacados en la zona noroeste de la ciudad, los rangos de edad iban de los 13 a los 18 años. En el 2013, la capital del país fue el centro de atención porque el 26 de mayo de 2013, 12 jóvenes del barrio de Tepito desaparecieron del bar Heaven y tres meses después, el 22 de agosto, supimos de la localización de 13 cuerpos en una fosa clandestina en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México, cuerpos que corresponderían a esos jóvenes, fue con esa fosa que se hizo público no eran 12 desaparecidos sino 13.

Para quienes apostamos el futuro del país en las juventudes mexicanas, hacer un recuento de asesinatos de jóvenes es darse cuenta que México es una nación enlutada con gobernantes endeudados con los jóvenes, deuda que crece cada día por la indiferencia que muestran frente a sus realidades, mostrando un total desconocimiento de las problemáticas que enfrentan. Tal fue el caso de la actividad emprendida por el alcalde de Chihuahua, Javier Garfio, quien afirmó que cumplió el sueño de muchas jovencitas al financiar desde el municipio una fiesta de XV años colectiva, mostrando prioridad a los XV años antes que la fuerte problemática de sexting o enfermedades sociales como anorexia y bulimia de la que no están exentas las jóvenes chihuahuenses.

El año pasado inició la Consulta Nacional de la Juventud, que forma parte del Programa Nacional de Juventud 2014-2018, y ahí el director del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), José Manuel Romero Coello, afirmó que en los últimos 10 años los homicidios relacionados con la delincuencia desplazaron a los accidentes de tránsito –históricamente considerados como el primer problema de las juventudes- siendo homicidios la principal causa de muerte entre jóvenes.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de 2000 a 2011 los asesinatos entre la población joven pasaron de 4 mil 104 a 10 mil 535, representando un aumento del 156%. De las defunciones en 2011, 3 de cada 10 muertes violentas sucedieron en personas de 15 a 29, y el 86.1% fueron hombres. A la par, el Banco Mundial informó en el 2013 que los jóvenes mexicanos representan un poco más del 38% de las víctimas de homicidios en el país, y de 2008 a 2010 se triplicó la tasa de homicidio juvenil, llegando a 25.5 homicidios por 100.000 habitantes. De acuerdo a estudios citados en el análisis del Banco Mundial, una de las principales causas del aumento de la violencia han sido las disputas entre organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico (el mismo argumento que dio el presidene Felipe Calderón cuando masacraron a los jóvenes en Villas de Salvárcar y del que semanas más tarde de los cobardes asesinatos tuvo que retractarse). Tanto el INEGI como el Banco Mundial señalan que los homicidios de jóvenes en el norte del país se han agudizado, y que los principales lugares donde se han registrado son: Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Guerrero y el Estado de México. Por otra parte, los estudios mencionados indican que los victimarios en su mayoría también están en rangos de juventud y que el uso de armas entre la población joven se ha triplicado.

El Imjuve y el Banco Mundial hablan de la importancia de prevenir el delito, sin embargo, lo dicen desde su postura como funcionarios públicos desde plataformas alejadas de las juventudes, donde en lugar de comprender los contextos criminalizan a jóvenes, siendo evidente, al hacer invisibles la pobreza, la cultura consumista, las pocas oportunidades laborales y la doble moral que históricamente ha caracterizado a la sociedad mexicana. Se criminaliza más a un joven con tatuajes y no apegado a la estética tradicional, que uno aparentemente apegado a las pautas sociales de comportamiento como es el caso del líder juvenil del PRI a quien desde su partido se le reconoció como emblema y ejemplo de la juventud, y meses más tarde se le detuvo en posesión de armas de fuego y drogas.

El asesinato de Sammy y todo lo ya mencionado hace mirar la participación de la iglesia en el contexto. La iglesia católica de Chihuahua ha sido ejemplo de lucha social; lo fue con el arzobispo Don Adalberto Almeida. Después de Don Adalberto, hubo un silencio total por parte de la iglesia, y pese a que eran secreto a voces las extorciones de las que estaban siendo víctima los sacerdotes católicos por parte del crimen organizado (con la tan mencionada “cuota”), nunca hubo declaraciones por parte de los líderes religiosos, hasta ahora.

Con el asesinato de Samuel, el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda, –quien casó al hoy presidente Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera-, expresó públicamente su sentir tras este suceso, y para quienes hemos sido testigos del actuar de la iglesia de Chihuahua, esperamos que esa voz fuerte se siga escuchando y hable por católicos y no católicos, y ojalá la iglesia de Chihuahua retome el verdadero sentido que el Papa Francisco ha dado a la palabra Justicia y que se aliente a la sociedad a la búsqueda real de la justicia y no a la simulación. Que la fe se sustente en el amor al prójimo y en verdad se invite a políticos –y al mismo presidente- a trabajar desde la honestidad y con un apego real a los derechos humanos. Después de todo, desde una visión de fe, fue Jesucristo el primer defensor de derechos humanos en la historia de la humanidad.

 

 

* Linda Flores es Defensora de derechos humanos. Profesora.