Redacción Animal Político · 28 de junio de 2025
Cierre de ciclo escolar y muchos nervios para las y los estudiantes que no solo terminan un año académico, sino que están a punto de iniciar un nuevo nivel educativo. El nivel de expectativas pocas veces es tan alto como en esos momentos de transición. Sin embargo, querida y querido lector, hoy te invito a ver esa aventura desde el otro lado: desde la perspectiva de las y los adolescentes a quienes les fallamos. A quienes les toca asumir las consecuencias de un sistema que no termina de situarse en la realidad que debería atender. Porque no se trata de abandono ni deserción; ha sido expulsión.
De acuerdo con los últimos datos de CONEVAL de 2022, de las y los adolescentes de 12 a 14 años, 17 de cada 100 no estaban matriculados en secundaria; en el grupo de 15 a 17 años, 37 de cada 100 estaban fuera del sistema educativo, más de un tercio del total. Y abordemos esto con total honestidad: la educación, es cierto, no asegura un futuro brillante, no garantiza el “rosa pastel”. Pero lo que sí es cierto es que, en México, la educación debería ser —por mandato constitucional— de excelencia. Es decir, aquella que asegure el máximo logro de aprendizaje, que desarrolle el pensamiento crítico, que fortalezca los lazos entre personas y garantice el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano. Y no lo digo yo, de verdad lo dice la Constitución.
Cuando hablo de que el sistema les falló a esas y esos adolescentes es porque no logró acompañarlos. Porque ahora serán ellas y ellos quienes deban resolver cómo hacerse de las herramientas necesarias para vivir —porque nadie debería solo sobrevivir— en estas realidades que, francamente, cada vez son más bizarras. El futuro de esas chicas y chicos quizá sea brillante, más de lo que hoy podemos imaginar, pero les fallamos al no acompañarlos, y les hicimos el camino más duro y peligroso de lo que debería haber sido.
Entre las razones de expulsión, hoy hablemos de tres: recursos, aprendizaje y discriminación.
En México, la estigmatización por condiciones socioeconómicas no es un problema menor; sigue siendo, de hecho, uno muy grande. En nuestro país —y regresando con los datos de CONEVAL— 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes viven en situación de pobreza moderada, y 1 de cada 10 en pobreza extrema. Y aunque en este terreno ha habido esfuerzos importantes a través de transferencias directas, la realidad es que, al no estar focalizadas, se convierten en un alivio temporal, pero no en una solución profunda. No todas ni todos necesitamos lo mismo; el enfoque que estamos perdiendo es que se trata de equidad, no de igualdad.
Porque no es lo mismo necesitar 150 pesos que recibir 100. Con 100 pudo desayunar, pero con los otros 50 iba a pagar sus cuadernos. Y aunque a todas y todos nos dieron lo mismo, no todos dependíamos de eso para garantizar lo más básico.
Fuera del discurso repetido una y otra vez, hay cifras que muestran que sí, lo económico es una parte, pero hay otra, también con mucho peso, que señala la pérdida de sentido o conexión con la escuela como una de las razones para dejarla. En México, de esos 17 adolescentes (de cada 100) y 37 jóvenes (de cada 100) fuera del sistema educativo, el 16 %, nos aclara CONEVAL, está fuera por una “falta de interés”, que en realidad quiere decir: ya no sé de qué me están hablando.
Y no es muy difícil de entender. ¿Quién quiere ir diario a un lugar donde no solo no aprende, sino que además es etiquetado como el “burro”, la “burra”? —“El problema, al parecer, soy yo”.
Y esto, querida y querido lector, es también responsabilidad del Estado. El derecho a la educación es el derecho a aprender. No se trata solo de llegar a la escuela, sino de que la escuela —como dice nuestra Constitución— sea un espacio de verdadero aprendizaje.
Y no hablo de tener letreros de “espacio sin discriminación” colgados en la pared; hablo de políticas inclusivas con resultados. Cuando tu lugar de origen determina si tienes escuela —o en qué condiciones, o a qué distancia—, el mensaje es claro: no todas y todos importamos igual. Las escuelas que atienden a población indígena o rural normalmente no son las más grandes, por lo tanto, se van al final de la fila para recibir recursos.
Cuando la tendencia es siempre “beneficiar a más” en lugar de beneficiar a “quienes más lo necesitan”, esos que más lo necesitan se van quedando cada vez más excluidos. Otra vez: necesitamos subrayar equidad.
En México, de acuerdo con los datos contenidos en la plataforma MONITO, 3 de cada 10 escuelas tienen infraestructura adaptada para niñas, niños y jóvenes con discapacidad, y solo 1 de cada 10 cuenta con materiales educativos adaptados. Bajo estas condiciones, ¿cómo llegar o cómo seguir en un sistema que no te ve?
Cuando cruzamos condiciones como nivel socioeconómico, origen y discapacidad, nos encontramos con que las y los adolescentes y jóvenes que hoy no están en el sistema educativo pertenecen, en su mayoría, a los sectores que ya viven en situaciones de mayor vulnerabilidad.
No es abandono. No es deserción. Es expulsión estructural. Así que, por las y los que no están —hoy y siempre— sigamos alzando la voz. Porque no fueron ellas o ellos: es un sistema que olvidó que su obligación es garantizar su acompañamiento a todas y todos. No desde una realidad homogénea, sino desde el caos de la misma.
Porque sí, la educación no lo resuelve todo, pero sin ella, para millones todo se vuelve —desde el inicio— mucho más difícil.
Mientras unas y unos celebran el cierre de ciclo con emoción, otras y otros quedaron fuera, no por falta de ganas, sino porque el camino que se les ofreció no fue justo ni claro ni sostenido. El sistema puede —y debe— hacerlo mucho mejor.
Aprender importa. Y lo básico, aún no está garantizado.
* Alejandra Arvizu Fernández es directora de Monitoreo de Políticas Educativas en Mexicanos Primero (@Mexicanos1o).