Jornaleras agrícolas: avances en seguridad social y brechas que persisten en México

Por Jessica Rodríguez Balderas

“Las mujeres jornaleras somos importantes porque con nuestro esfuerzo mantenemos al mundo entero”: con esta frase contundente inició el foro “Sembrar el derecho a la seguridad social para personas jornaleras”, convocado por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la Alianza Campo Justo.

La afirmación resume una paradoja profunda: el papel esencial que desempeñan millones de personas jornaleras contrasta con una realidad en la que más del 80% no tiene acceso a la seguridad social en México. Esa tensión, entre el reconocimiento del valor del trabajo y la persistente exclusión de derechos, atravesó todo el encuentro. Ahí se compartieron diagnósticos, se escucharon testimonios que amplían lo que muestran los datos y se presentaron propuestas concretas de política pública laboral.

La desigualdad que se vive en el territorio

El foro reunió a jornaleras agrícolas de Baja California, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Sonora, junto con representantes de gobierno, academia, organismos internacionales y sociedad civil.

Más allá de su carácter multisectorial, destacó un elemento poco frecuente: el diálogo directo entre quienes viven las problemáticas y quienes diseñan e implementan soluciones.

Las intervenciones de las jornaleras evidenciaron una brecha entre los avances institucionales y la vida cotidiana en los campos agrícolas. Se mencionaron condiciones como la ausencia de contratos y finiquitos, el acceso limitado a guarderías rurales, servicios de salud intermitentes, así como experiencias de discriminación laboral y barreras lingüísticas y geográficas.

También señalaron la brecha entre el diseño de las políticas y su implementación en contextos marcados por la movilidad laboral y por condiciones específicas del trabajo agrícola, incluyendo los retos de género en el campo.

Políticas públicas para la formalización

En paralelo, el Gobierno de México presentó avances relevantes. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció el Certificado Laboral de Agroexportación, una iniciativa que busca vincular la exportación de productos agrícolas con la acreditación de que las personas involucradas en su producción estén inscritas a la seguridad social.

Se trata de un enfoque novedoso que, más allá de los mecanismos tradicionales de inspección —complejos en un sector amplio y disperso—, introduce incentivos desde el mercado internacional para promover la formalización laboral.

En este contexto, la legisladora Patricia Mercado señaló que la situación de las jornaleras agrícolas está vinculada a procesos históricos, de más de 40 años de rezago en el reconocimiento de sus derechos laborales, y que las acciones recientes pueden contribuir a atender esa deuda pendiente con un sector clave para la seguridad alimentaria.

El certificado se inserta en una agenda más amplia de formalización laboral en México, que busca extender la cobertura de la seguridad social hacia sectores históricamente excluidos, como las personas trabajadoras del hogar o de plataformas digitales.

Aunque su implementación iniciará de manera gradual y en ciertos productos destinados a exportación, será importante dar seguimiento a su evolución y a su capacidad de alcanzar, con el tiempo, a quienes trabajan en los territorios más alejados.

Brechas estructurales y siembra de esperanza

Las experiencias compartidas en el foro por parte de las trabajadoras del campo dejaron claro que el desafío no es únicamente normativo, sino estructural. Factores como la informalidad, la movilidad laboral, la dispersión territorial y la desigualdad de género configuran un entorno complejo que condiciona la efectividad de las políticas públicas.

En este sentido, el impacto del certificado dependerá, además de su diseño, de su implementación, supervisión y capacidad de adaptación a las realidades del campo.

Al mismo tiempo, el encuentro evidenció algo relevante: la disposición de distintas instituciones del Estado a escuchar directamente a las trabajadoras del campo. La presencia de autoridades con capacidad técnica y de decisión permitió un intercambio poco habitual, en el que las políticas públicas fueron interpeladas desde la experiencia vivida.

Desde el ámbito legislativo se reconocieron avances en materia laboral y la importancia de dar continuidad a estas iniciativas, como el certificado de agroexportación. Desde la sociedad civil, el mensaje fue claro: la apertura al diálogo es un paso importante, pero el verdadero reto está en su implementación y en la continuidad de los procesos.

Lo que sigue

El balance del foro es doble. Por un lado, existen señales de transformación: propuestas innovadoras, voluntad institucional y espacios de diálogo que colocan los derechos laborales en el centro de la conversación pública.

Por otro, persisten brechas entre el diseño de las políticas y la realidad cotidiana en el campo mexicano, donde la falta de acceso a la seguridad social sigue reflejando desigualdades estructurales que requieren respuestas sostenidas.

Una de las participantes compartió al cierre que se iba del encuentro “con esperanza”. Esa esperanza es valiosa, pero también requiere acompañamiento para traducirse en cambios concretos.

Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, el compromiso es dar seguimiento a estos procesos, contribuir con evidencia y acompañar el fortalecimiento de políticas que respondan a las necesidades de quienes trabajan en el campo.

Mantener abiertos estos espacios de diálogo será clave para que las políticas públicas se construyan desde la realidad de las personas que laboran en el campo y en los sectores que históricamente han sido olvidados.

Porque si algo dejó claro este foro es que escuchar es apenas el inicio. El desafío está en que esa escucha se traduzca, de manera sostenida, en derechos efectivos para jornaleras agrícolas.

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Jessica Rodríguez Balderas, Directora Ejecutiva de Proyectos e Investigación en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social.