blogeditor · 17 de febrero de 2021
“Los limpiadores son los que corren más riesgo de infección. ¿Quién aboga por nosotros? (….) Muchos compañeros se han ido y no sabemos qué ha pasado con ellos… No sabemos si están vivos o muertos”.
Jorge Pérez Ortega, Jorgito.
A mediados de 2020, Amnistía Internacional decidió hacer un informe regional sobre las personas trabajadoras de la salud en las Américas: “El costo de curar” 1. Este informe muestra que el personal sanitario, que está en la primera línea de la pandemia, no sólo trabaja en condiciones inseguras por el insuficiente equipo de protección al que tiene acceso, sino que también está en riesgo de sufrir represalias de autoridades y de quienes les emplean si alzan la voz para exigir respeto a sus derechos laborales.

Uno de los casos que aparece en ese informe es el de “Don Alejandro”, un trabajador de limpieza mexicano, que entonces realizaba sus labores como empleado de una empresa privada en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Este hospital es uno de los que ha presentado mayor saturación de pacientes COVID-19 durante la pandemia. “Don Alejandro” es el seudónimo con que decidió figurar en el informe Jorge Pérez Ortega, Jorgito, por temor a represalias por parte de la empresa en la que entonces laboraba.
¿Qué denunció Jorgito? Que a pesar de tener 70 años pudo haber sido asignado a hacer limpieza en el área con pacientes de COVID-19 en el hospital. Conocedor del riesgo que corría por su edad, en el mes de abril Jorgito solicitó ser asignado a las áreas administrativas. En respuesta, Jorgito señala que la empresa que lo subcontrató le pidió $150.00 pesos semanales (equivalente a un día de sueldo) a cambio de no ser enviado a trabajar en áreas con pacientes de COVID-19.
Jorgito también alzó la voz para denunciar que durante los meses de marzo y abril, el personal de limpieza del Hospital 20 de noviembre del ISSSTE era obligado a congregarse todos los días y hacer fila durante al menos una hora para firmar su registro de asistencia. Este proceso se realizaba sin sana distancia y sin supervisión de seguridad por parte de la empresa empleadora. Además, Jorgito reveló que en marzo y abril, las personas trabajadoras de la limpieza no habían recibido equipo de protección personal. 2
Jorgito decidió que su testimonio para nuestro informe apareciera con un seudónimo. En agosto del año pasado nos volvimos a comunicar con él para saber cómo estaba y nos sorprendió con la noticia de que había sido despedido porque compartió su historia en un canal de televisión local que estaba informando fuera del hospital. Jorgito fue entrevistado el 16 de junio y seis días después, el 22 de junio, la empresa que lo contrató lo despidió sin justificación escrita ni indemnización.
De manera que a partir del 22 de junio, Jorgito ya no tenía nada que perder. Decidió demandar a la empresa que lo contrató y hacer pública su historia. Así, el 20 de agosto Jorge Pérez Ortega interpuso una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en relación con su despido injustificado y sus condiciones de trabajo. La demanda es contra la empresa que lo contrató, pero también contra el ISSSTE como obligado solidario. 3
El 22 de octubre de 2020, Amnistía Internacional se puso en contacto con la empresa que contrató a Jorgito para pedirle que compartiera información sobre cómo está respondiendo a la pandemia de COVID-19 y protegiendo la salud de las y los trabajadores de la limpieza que trabajan en los hospitales del ISSSTE, en particular los que corren un mayor riesgo o trabajan en zonas donde el riesgo de infección es más importante. Hasta la fecha, Amnistía Internacional no ha tenido ninguna respuesta de la empresa.
La historia de Jorgito tiene que ver con la precariedad laboral que enfrentan cientos de miles de personas en México: él es una persona de 70 años de edad, y que por lo mismo debería estar jubilado; que laboraba como personal de limpieza en un hospital público pero que no era servidor público, sino empleado de una empresa privada; un trabajador que recibía una remuneración de $3,800 mensuales, con una jornada de 8 horas al día y que no cotizaba para seguridad social ni jubilación.
Cuando digo que la historia de Jorgito es la de cientos de miles de personas no estoy exagerando: en octubre de 2020 el ISSSTE nos informó, en respuesta a una solicitud de información pública, que cuenta con una plantilla de 1,717 personas trabajadoras de limpieza distribuidas en sus 9 hospitales, siendo el Hospital 20 de noviembre el que cuenta con mayor número de personas (343). ¿Cuántas veces tendremos que multiplicar esta cifra para saber la cantidad de personas que realizan labores de limpieza en hospitales en México? ¿Cuántas veces más para saber cuántas personas son subcontratadas? ¿Cuántas personas ni siquiera tienen contrato, ni subcontrato?
La historia de Jorgito también es la del personal en primera línea más invisible: en México y en todo el mundo hemos reconocido y aplaudido justamente al personal médico, a los enfermeros y enfermeras que han trabajado duramente la pandemia para salvarnos la vida. Hemos reconocido también la labor de las personas de ciencia que nos han permitido tener una vacuna a menos de un año de declarada la pandemia.
En Amnistía Internacional hemos decidido hacer un llamado a que reconozcamos la labor de quienes también están en primera línea, personas que también se ponen en riesgo, que también realizan un trabajo imprescindible para salvarnos la vida: las personas que lavan, las que tiran la basura y manejan desechos, las que tienden las camas, las que hacen la limpieza. Esas personas también nos cuidan, también nos protegen y también cuentan.

Estas personas también tienen derechos. A Jorge Pérez Ortega se le violaron varios derechos laborales y la integridad personal: fue despedido injustificadamente, fue víctima de violencia laboral, vivió represalias ante el ejercicio de la libertad de expresión, estuvo expuesto al contagio por COVID-19 sin equipo de protección personal y no se tomaron en cuenta sus factores de riesgo.
A través de nuestra campaña #JorgitoCuenta, desde Amnistía Internacional estamos haciendo un llamado a alzar la voz por Jorgito y por todas las personas que trabajan en condiciones similares en centros hospitalarios. Estamos pidiendo que se otorgue a Jorgito una indemnización justa por su despido injustificado y que el ISSSTE asegure que todas las personas trabajadoras de limpieza, en todos sus hospitales e instalaciones, cuenten con el EPP adecuado para protegerlas de la COVID-19.
El gobierno de la República atinadamente anunció que las personas trabajadoras de la limpieza en los servicios hospitalarios han sido incluidas entre los grupos prioritarios para la vacunación, pero no tenemos manera de corroborar cuántas personas de este grupo han sido vacunadas porque sólo se informa el número de dosis aplicadas diariamente, sin ninguna desagregación (tipo de trabajo, edad, sexo, entidad federativa).
Por lo anterior, como parte de la campaña también pedimos al Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer, y al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, implementar el plan de vacunación de manera efectiva y transparentar la información sobre las personas vacunadas, incluyendo a las personas trabajadoras de la limpieza.
Todas las personas que deseen sumarse a nuestra campaña #JorgitoCuenta pueden hacerlo firmando la petición aquí.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México (@AIMexico).
1 Disponible aquí.
2 La OMS mandata que el Equipo de Protección Personal que se debe brindar a las personas que realizan labores de limpieza en hospitales que atienden a personas con COVID-19 consiste en mascarilla médica, bata, guantes y medidas de higiene de manos. OMS, Uso racional del equipo de protección personal frente a la COVID-19 y aspectos que considerar en situaciones de escasez graves. Orientaciones provisionales, 6 de abril de 2020, disponible aquí.
3 El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece que la empresa contratante (en este caso el ISSSTE) de servicios por la modalidad de subcontratación, no sólo tendrá que estar al pendiente de que el contratista tenga la documentación y los elementos para cumplir con sus obligaciones, sino que también deberá cerciorarse de que “cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo”.