Jalisco, Querétaro y Oaxaca, entre referéndums, plebiscitos y revocaciones de mandato

Mientras a nivel global observamos con enojo y miedo la violencia con la que autócratas amenazan a las mismas democracias que los eligieron, a nivel local en México se observan con curiosidad y expectativa una serie de ejercicios de participación ciudadana que deberíamos aspirar a tener con mayor regularidad.

En lo que va de enero, en Jalisco, Oaxaca y Querétaro se impulsaron y discutieron varios mecanismos de democracia directa que son llamativos y, en algún caso, hasta esperanzadores.

En el caso de Jalisco, este año ya se solicitaron dos referéndums y un plebiscito por el controversial aumento de la tarifa al transporte público. Los dos referéndums buscan que las personas voten si están en contra o a favor del acuerdo con el que el gobierno estatal autoriza el aumento del servicio de transporte público de $ 9.50 a $ 14 pesos, sujeto a un subsidio para pagar $ 11 pesos únicamente si se adquiere la tarjeta “Al Estilo Jalisco”, con la institución financiera Broxel. El primer referéndum fue propuesto por la diputada local Tonantzin y votado a favor por diputaciones de casi todas las fuerzas políticas del Congreso del Estado, menos Movimiento Ciudadano, el partido responsable de esa decisión. El segundo referéndum fue solicitado por un grupo de personas, quienes necesitaban el respaldo de 3,369 electores en la aplicación Fírmale del Instituto Electoral de Jalisco y que, en pocos días, alcanzaron un total de 14,873 respaldos.

Por su parte, el plebiscito fue solicitado por otro grupo de personas con la intención de evitar que el subsidio solo sea entregado a quienes tengan la tarjeta “Al Estilo Jalisco”. La crítica sobre el uso de esta tarjeta es clara, tanto en materia de protección de datos personales, como en el sentido del negocio redondo que el gobierno de Jalisco le hace a esta institución financiera, al asegurarle un número grande de clientes por este subsidio y por otras ayudas sociales que buscan entregarse por esta vía. Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que las quejas por el deficiente servicio de transporte público en Jalisco son cada vez más visibles, lo que se suma a un tarifazo que afecta a las personas con menores ingresos y que, generalmente, tienen que hacer uso de varios medios y rutas de transporte al día.

Este tarifazo se percibe drástico e injusto y no fue justificado adecuadamente por las autoridades. Y aunque ha habido obras en materia de transporte, siguen siendo insuficientes para asegurar una movilidad eficaz y segura, particularmente para quienes viven en las zonas más alejadas de la zona metropolitana de Guadalajara.

La pregunta del millón en este momento, para las y los abogados en Jalisco, es si estos mecanismos finalmente serán aprobados o no por el Consejo Estatal de Participación Ciudadana, dado que una de las cosas que no se pueden someter a votación en plebiscitos y referéndums son aspectos de índole fiscal o contributiva (tarifas). Sin embargo, quienes defendemos la posibilidad de que estos ejercicios se realicen —además de ver oportunidades y ambigüedades en la ley que permitirían avanzar— identificamos que no solo se trata del tarifazo: se trata también de participar para opinar y decidir sobre un modelo privatizador, tanto en la operación de algunas unidades como en el uso de tarjetas para los subsidios.

Más al sur, en Oaxaca, el pasado sábado 24 de enero se llevó a cabo la primera jornada electoral en la historia para la Revocación de Mandato de un gobernador en México. Fue el mismo gobernador Salomón Jara quien impulsó el ejercicio, claramente confiado en que su base electoral y partidista saldría a respaldarlo, aunque en el transcurso del proceso algunos presidentes municipales y partidos de la coalición que lo llevó a la gubernatura se movilizaron en contra de que siguiera en el cargo. Aún así, llamó la atención que el gobernador mencionara que estaba en contra de que votara el 40 % de la lista nominal para que el ejercicio fuera vinculante, diciendo que si votaba el 10 % o el 15 % debería resultar obligatoria la determinación de las personas. De acuerdo con los últimos resultados del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, participó el 29.9 % de la lista nominal, un total de 935,500 personas, de las que el 58.8 % votó porque Jara continuara en el cargo, el 38.2 % por retirarle la confianza y el 3 % anuló. Todo esto, en un ejercicio que costó $ 99 millones, de los $ 270 millones solicitados inicialmente por el Instituto Electoral.

Lo que es necesario reflexionar en este contexto es la instrumentalización partidista de este tipo de mecanismos, algo que ya se vio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y si bien no sería legal restringir la activación de estos mecanismos a nadie —incluidos los mismos políticos—, las personas deberíamos reflexionar y formar nuestro criterio para evaluar a las y los representantes a partir de la motivación que tengan para someterse a estos ejercicios. Por lo menos preguntarnos, ¿quienes utilizan el mecanismo de revocación de verdad responden a un compromiso con los valores democráticos? ¿O, en su caso, es un instrumento más para hacer alarde del respaldo político?

Más hacia el centro del país, en Querétaro, la situación es diferente, ya que el año pasado el Instituto Electoral de Querétaro aprobó el ejercicio de dos plebiscitos solicitados por dos municipios: Cadereyta y Querétaro capital. El primero buscaba preguntarle a las personas de este municipio si querían que el servicio de agua se municipalizara, considerando que es la Comisión Estatal de Aguas —un organismo estatal— el que se encarga del servicio. El segundo buscaba preguntar a las personas si estaban a favor de la construcción de un teleférico al norte de la ciudad como medio de transporte.

Sobre este segundo plebiscito, una de las críticas fue que lo que se quería someter a votación era la idea del teleférico, sin que hubiera información, estudios o proyectos técnicos suficientes que explicaran la obra, su operación o su mantenimiento.

Resultó que, en el caso queretano, ninguno de los plebiscitos terminará por llevarse a cabo debido a los costos que estableció el Instituto Electoral para que se realizaran. $ 7.9 millones para el primero y $ 30.5 millones para el segundo, cifras que ninguno de los municipios estuvo de acuerdo en pagar.

Hay muchas reflexiones a partir de estos ejercicios y discusiones de democracia participativa en lo local. ¿Qué otros temas de índole estatal y municipal deberían someterse a estos mecanismos actualmente? ¿Qué otros mecanismos falta implementar y consolidar a nivel local para fortalecer una cultura participativa? ¿Cómo aseguramos que estos ejercicios no se vean limitados por cuestiones presupuestales? Si se echan para abajo los plebiscitos y referéndums de Jalisco con argumentos legales, ¿no sería legítimo que se impulsara una consulta popular sobre este tema desde las autoridades? Con las comparaciones puestas en el norte global, ¿podríamos aspirar a convertirnos en Suiza y tener hasta cuatro referéndums nacionales al año —o muchísimos más a nivel local—?

En un momento en el que está próxima la discusión de la reforma político-electoral en México, y en el que la realidad mundial cada vez desestima más los acuerdos basados en principios democráticos, vale la pena recordar que la democracia electoral nunca ha sido suficiente para impulsar las grandes transformaciones políticas, sociales y económicas a favor de quienes más lo necesitamos. Por eso, darle más poder al poder popular y ciudadano a través de reglas y mecanismos claros no solo es deseable, es enteramente necesario para contrarrestar a los autócratas que —como en Estados Unidos hoy, o como en muchos gobiernos estatales durante muchos años— hemos padecido.

* Luis Javier Moreno (@luisjamb) es politólogo y máster en análisis político. Director de Política Colectiva (@PoliticaColecti).