blogeditor · 14 de junio de 2013
Por: Rodrigo Azaola
El día de hoy Irán acudirá a las urnas para elegir a un nuevo presidente. Estas elecciones ocurren bajo la sombra de los comicios de 2009, ocasión en que la oposición denunció los resultados como fraudulentos, aunque sin presentar pruebas definitivas, lo que motivó a que millones de iraníes tomaran las calles en quizá las movilizaciones más extendidas desde la caída del Shah Mohhamad Reza Pahlevi en 1979.
La llamada “revolución verde” cimbró los fundamentos del país; la clase política comprobó el fastidio de la sociedad por un sin número de razones, desde el aislamiento internacional y con ella la precaria situación económica, hasta el clima de persecución social y política, anatema sobre todo para las clases urbanas y educadas.
La respuesta del gobierno no fue menos decisiva: además de recurrir a las fuerzas de seguridad para controlar las manifestaciones, se realizaron decenas de encarcelamientos. A la fecha y desde 2009, los ex candidatos presidenciales Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi permanecen en arresto domiciliario.
Sin lugar a duda, el sistema político iraní es único en el mundo. Además de la estructura propia de una república presidencialista, destaca la peculiar figura de un “líder supremo”, actualmente el Ayatolá Khamenei, con injerencia directa sobre los poderes legislativo, judicial e incluso sobre el ejecutivo (además de fungir como comandante en jefe de las fuerzas armadas).
De hecho, los candidatos presidenciales deben ser sancionados, o vetados, por el Consejo de Guardianes, un grupo de expertos en derecho y teología, de facto constreñidos a la voluntad del líder supremo.
Para estas elecciones, de más de 600 candidatos (obviamente la gran mayoría sin posibilidades reales de ganar y con poca experiencia política) fueron aprobados únicamente ocho. Entre los excluidos se encuentran figuras de notable importancia como Akbar Hashemi Rafsanjani, ex presidente de Irán de 1989 a 1997, y Esfandiar Rahim Mashaei, Jefe de Gabinete de la Presidencia.
En el caso de Rafsanjani, se argumenta que su descalificación se motivó por la coalescencia de los sectores reformistas alrededor de su candidatura. En el caso del segundo candidato, su cercanía con el actual presidente Mahmoud Ahmadinejad (que termina su segundo y último periodo en el cargo) y la rivalidad de éste con el Líder Supremo, emergen como causa de la descalificación.
A los ojos de un observador ocasional, Irán pareciera ser entonces un gobierno indiferente a procesos democráticos, dirigido monolíticamente por un solo clérigo que determina el grado de servidumbre de las instituciones de gobierno y de la sociedad misma. Pero la realidad en Irán es mucho más compleja y digna de atención.
De manera adicional a los actores consabidos (fuerzas armadas, parlamento, gobernadores provinciales) están aquellos polos de poder informales, tales como el sector de inteligencia, las organizaciones caritativas, las milicias juveniles, los comerciantes o bazarí, círculos académicos, y por supuesto las múltiples asociaciones religiosas, todos con capacidades diferenciadas en cuanto a poderío económico o de movilización popular.
La coincidencia de intereses y objetivos de estos múltiples polos de poder raramente coinciden, y si bien su interacción no es propiamente ejemplo de un sistema transparente y democrático, es un hecho innegable que su dinámica propicia un sistema de balanzas y contrapesos en perpetua negociación, que dificultan hablar de una centralización del poder. Resulta pertinente recordar también que esta elección será la onceava elección presidencial que se celebra desde 1979, y que desde esa misma fecha se han celebrado año con año elecciones parlamentarias, provinciales y de alcaldías (incluso durante la guerra contra Irak, 1980-1988), récord que resulta difícil de equiparar con el resto de los países de la región, descontando obviamente a las monarquías o las dictaduras militares.
Si bien es cierto que el sistema electoral iraní tiene obvias deficiencias, es cierto también que a nivel regional, el voto de cada ciudadano incide notablemente en la vida cotidiana. En estas elecciones, además de presidente, se elegirán 126 mil escaños para consejos provinciales y municipales. Estos funcionarios, por medio del voto de confianza de sus circunscripciones, determinarán estrategias económicas, educativas, culturales y de planeación urbana, entre otras.
Con lo anterior en mente, es difícil suponer que el electorado iraní es simple espectador de la vida política del país o que ésta se reduce a la voluntad de unos cuantos. Independientemente de cuál sea el candidato electo (en el caso de que ninguno de los ocho obtenga mayoría simple se realizaría una segunda vuelta el 21 de este mismo mes), Irán tiene frente a sí retos importantes.
Por parte del gobierno, la precaria situación económica -acentuada por las sanciones internacionales- implica mayores riesgos de descontento y de eventuales protestas, de mayor riesgo y alcance si se originaran en contextos rurales.
En lo que toca a la sociedad, a pesar de que algunas voces en el sector reformista han llamado a boicotear las elecciones, el ejercicio del voto se impone como condición para exigir y someter a rendición de cuentas a los líderes electos. Esta condición es igual de necesaria además para avanzar legítimamente la búsqueda de mayores libertades civiles y sociales, o para rechazar las existentes.
Es plausible argumentar que el derrotero actual de Irán en materia de política doméstica (incluido el controversial programa nuclear, cuya presunta dimensión militar es igual de elusiva que hace una década) o en política exterior no se verá radicalmente modificado.
Vale la pena comentar que durante las dos administraciones de Ahmadinejad se generaron expectativas que en el mejor de los casos apuntaban a un escalamiento de hostilidades diplomáticas y militares con sus vecinos y con potencias extra regionales. Pero nada sucedió, y al contrario, Irán demostró conducirse con pasmosa frialdad a pesar del contexto regional tan volátil.
Irán es una entidad cultural homogénea y política con un pasado imperial que precede incluso a su actual vocación islámica. Con una población de 75 millones de personas (de las cuales poco más de la mitad es menor de 35 años) y una economía que se encuentra dentro de las primeras 25 economías del planeta, es poco factible que el nuevo Presidente, que seguramente al menos en un primer momento permanecerá dentro de la órbita de influencia del líder supremo, opte por seguir una ruta de gobierno que debilite la integridad de la república.
Que para conseguir este objetivo se contemple el cabal respeto a la voluntad popular queda por verse, situación que seguramente será origen de no pocas controversias por venir, mismas que serán abordadas en una segunda entrega.
* Rodrigo Azaola es miembro del Servicio Exterior con maestría en Estudios de Medio Oriente por El Colegio de México