Por qué no funciona la investigación criminal en México (Parte 1)

¿La burocracia es un bien público o un bien político? La creación de la burocracia, sus instituciones, jerarquías, puestos y trámites inicia como una gran idea. Se trata de sacar de las manos de particulares los servicios de interés público. 1 El aparato de Estado no es poca cosa. Significa mucho dinero y muchos puestos asalariados, es un bien considerable. ¿Qué pasa cuando la burocracia pasa de ser un bien a ser un botín?

En México, la burocracia ha pasado de ser un bien público a ser un bien político. Las instituciones y sus puestos son parte de lo que se gana cuando se accede al poder. Una muestra de cuán normalizado está el título de propiedad conferido al político sobre la burocracia se evidenció cuando, en el 2024, un líder político públicamente reclamó que su aliado había incumplido con la entrega de los puestos acordados. 2 Su reclamo no reparó en que los puestos de las instituciones son un bien público y no parte del botín político. Hubo quién tomo nota de esta peculiar aberración, pero pronto pasaron los días con sus inevitables muchas noticias y la vida del político continuo sin repercusión. Finalmente no había hecho nada fuera de lo esperado.

La clave para garantizar el interés público en el funcionamiento del Estado es que el trabajador se debe a la sociedad y no a un individuo. El burócrata debe ser técnico en la materia requerida y a cambio, debe recibir seguridad en su labor. Su designación y permanencia en un puesto dependerá de su propia capacidad y desempeño y no de la voluntad de un individuo. Si una persona depende del capricho de otra, será inevitable que su lealtad sea hacia su superior y no hacia el público.

En cambio, la institución tratada como un bien político se transforma en una cadena de poder y micropoder. El o la titular es dueño de los puestos más altos. Estos a su vez serán dueños de sus propios subordinados y así hasta llegar al puesto más bajo en la jerarquía. Los puestos sindicalizados serán propiedad del sindicato pero operan con la misma lógica: el trabajador se debe a la voluntad de su jefe en vez de a los estándares técnicos del servicio público.

La única manera de mantener a las instituciones de Estado como propiedad política es garantizar que la misma NO opera bajo estándares técnicos y objetivos. Si el servidor público goza de seguridad técnica- laboral, el superior pierde poder sobre él o ella. Se rompe el título de propiedad. Para que las instituciones públicas sean un bien político requieren de la vulnerabilidad y subyugación jerárquica hacia el interior de la institución. “Así como te pusieron, te quitan”.

Alguna broma decía que en un manicomio no bajaban al que se creía foco para no quedarse sin luz. Desgraciadamente un contagio similar sucede en nuestra sociedad con respecto a la burocracia tratada como bien político. Si bien se reconoce que la burocracia -el Estado y sus instituciones- debería ser un bien público y no político, los esfuerzos por mejorarla no desmontan la premisa básica de que las instituciones pertenecen a un individuo: a su titular. Bajo este enfoque, las soluciones no buscan robustecer los estándares técnicos de los servicios públicos, no rompen las cadenas de lealtad política de la cual dependen sus trabajadores ni establecen parámetros objetivos para la evaluación institucional. La solución es encontrar a un dueño bueno.

De esta tergiversada idea, surge la búsqueda de la probidad como requisito para ser titular de una institución pública. Muchas reformas legislativas, como la creación de la fiscalía, 3, han incorporado este requisito en un afán por abatir la corrupción en las instituciones públicas. Esto presenta múltiples problemas. El más evidente es que en términos objetivos y medibles no significa nada. ¿Cómo se mide que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad? La referencia a la ausencia de antecedentes penales como requisito ya queda establecida en el artículo constitucional. Pero fuera de ello, cualquier otra razón para la exclusión resultaría jurídicamente discriminatoria. ¿Se trataría de excluir a una persona del cargo con base en una opinión subjetiva? ¿De quién debería ser esta opinión? ¿Basta la existencia de una acusación o deben ser dos o tres o cuatro? ¿En caso de existir acusaciones, cómo se acomoda la exclusión del puesto con la presunción de inocencia? ¿Cómo se determina si alguien se ha distinguido por su honorabilidad y competencia? La única respuesta posible es que trata de una designación política y no técnica. La búsqueda de la probidad como solución a la corrupción o disfunción institucional se basa en premisas que tratan a la institución como un bien político y en congruencia los requisitos para ser su titular son políticos y no técnicos.

Actualmente nos encontramos frente a una reforma que busca mejorar la justicia en México. Sin embargo, no propone modificar los estándares técnicos con los que se evalúa y designa al funcionario púbico, no cambia sustancialmente el diseño funcional de las instituciones. La reforma se concentra en encontrarle dueños buenos a la justicia. ¿Será la reforma una oportunidad para finalmente diseñar una buena institución en vez de esperar que ésta tenga buen dueño?

Primera de tres partes de la investigación realizada por la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia sobre por qué no funciona la investigación criminal en México. El texto completo se puede leer aquí.

1 Weber, M. 1922.

2 Cortés, M. @MarkoCortes. Twitter 9 de enero, 2024.

3 Ley de la Fiscalía General de la República. Artículo 18.