La mejor inversión pública empieza en la primera infancia

Por Miguel Ramírez Sandi

Como todos los años, cada que se acerca la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, vuelve a aparecer una pregunta recurrente: ¿cuánto dinero invierte México en las niñas, niños y adolescentes? La respuesta suele enfocarse en porcentajes, montos y comparaciones con ejercicios anteriores. Sin embargo, esa conversación, aunque necesaria, en la mayoría de los casos es insuficiente.

El verdadero debate no debería ser cuánto invertimos, sino cómo invertimos. La calidad de una política pública no se mide por el tamaño de su presupuesto, sino por su capacidad para transformar vidas.

Porque el desarrollo de la niñez no depende exclusivamente de recursos públicos. Depende de que esos recursos se transformen en servicios de calidad, instituciones sólidas y personas servidoras públicas que cuenten con las herramientas y conocimientos necesarios para brindar una atención oportuna y adecuada a millones de niñas, niños y adolescentes.

Invertir en la niñez consiste en algo mucho más profundo y amplio que únicamente construir más escuelas, abrir más centros de salud o incrementar programas sociales. Significa fortalecer de manera integral la capacidad del Estado para responder ágilmente a las necesidades de la niñez y adolescencia mediante una infraestructura adecuada, servicios públicos de calidad, herramientas modernas de atención y personal capacitado para intervenir desde un enfoque de derechos.

La inversión pública debe fortalecer las capacidades institucionales

Esto obliga a comprender que la inversión pública estratégica no termina cuando se inaugura un edificio o se crea un programa presupuestario. Por el contrario, comienza justamente ahí. Un centro de desarrollo infantil sin personal especializado difícilmente podrá influir o mejorar trayectorias de vida. Una escuela sin mecanismos de detección temprana de rezago o violencias perderá oportunidades críticas de intervención. Un centro de salud sin disponibilidad de biológicos (vacunas), infraestructura para su correcto almacenaje, seguimiento nutricional y desarrollo infantil ofrecerá una atención parcial. De la misma manera, una procuraduría, una fiscalía, un hospital o una oficina migratoria sin personal capacitado, protocolos claros y herramientas adecuadas pueden, por desconocimiento u omisión, vulnerar los derechos de niñas y niños, garantizando parcialmente su protección.

Por ello, la inversión pública también debe fortalecer las capacidades institucionales. Esto significa invertir en capacitación permanente, sistemas de información interoperables, protocolos homologados, coordinación interinstitucional, mecanismos de evaluación y herramientas que permitan a las personas servidoras públicas tomar mejores decisiones.

No es casualidad que los países con los mejores indicadores sociales sean aquellos que entendieron que la infraestructura física representa solo una parte del problema, la verdadera diferencia la hacen las instituciones capaces de operar esa infraestructura con calidad, continuidad y enfoque preventivo.

Cada peso invertido en la primera infancia genera retornos económicos y sociales muy superiores

La evidencia internacional demuestra que las políticas públicas diseñadas para proteger a niñas y niños elevan el estándar de atención para toda la población. Cuando un servicio público incorpora principios como el interés superior de la niñez, la atención centrada en la persona, la detección temprana de riesgos, la coordinación entre instituciones o los enfoques informados por trauma, esos estándares terminan beneficiando también a mujeres víctimas de violencia, personas migrantes, personas con discapacidad, personas adultas mayores y cualquier otra población en situación de vulnerabilidad.

Ahora bien, dentro de este universo de la niñez existe un grupo que requiere prioridad: la primera infancia.

Los primeros seis años de vida representan la etapa de mayor desarrollo cerebral, físico, emocional y social de una persona. Durante esos años se forman las capacidades cognitivas, el lenguaje, la autorregulación emocional y buena parte de las habilidades que determinarán el desempeño escolar, laboral y social durante las siguientes décadas. La ciencia lleva décadas demostrando que cada peso invertido en esta etapa genera retornos económicos y sociales muy superiores a los obtenidos mediante intervenciones tardías.

Paradójicamente, es también una de las etapas históricamente menos atendidas en México. A pesar de los avances recientes, la cobertura de servicios de educación inicial continúa siendo limitada, a ello se suman desafíos persistentes en materia de vacunación, nutrición, acceso a servicios de cuidado, detección oportuna de alteraciones en el desarrollo y acompañamiento a madres, padres y personas cuidadoras.

Rumbo a la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 2026-2030

Las consecuencias de estas brechas no aparecen exclusivamente durante la niñez, sino que se reflejan a lo largo de toda la vida: menores aprendizajes, mayor abandono escolar, problemas de salud física y mental, menor productividad laboral, mayores costos para los sistemas de protección social y una reproducción intergeneracional de la pobreza.

En este panorama, en el que México comienza a consolidar instrumentos como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 2026-2030 y el Sistema Nacional de Cuidados, la discusión sobre el financiamiento ha evolucionado hacia una conversación mucho más amplia: cómo construir un modelo de inversión que privilegie resultados, calidad y coordinación institucional. Precisamente ese será uno de los propósitos de la 6ª Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia, concebida como un espacio de análisis técnico, articulación multisectorial e incidencia política para construir consensos sobre las prioridades nacionales de financiamiento rumbo a la Primera Cumbre Latinoamericana de Inversión en Primera Infancia.

La participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en este esfuerzo representa una señal clave. La presencia del secretario de Hacienda en la inauguración trasciende el carácter protocolario: coloca la inversión en primera infancia en el centro de la conversación sobre planeación, política fiscal y desarrollo nacional. El programa de la Jornada refleja precisamente esa visión, al incorporar discusiones sobre presupuestos basados en resultados, prioridades de financiamiento, coordinación interinstitucional y metodologías para identificar y ampliar la inversión dirigida a la primera infancia.

Si queremos un país más competitivo, más seguro, más productivo y más igualitario, la respuesta no está únicamente en aumentar el presupuesto destinado a la niñez. Está en invertir con mayor inteligencia: fortaleciendo las instituciones, profesionalizando a quienes prestan los servicios públicos, ampliando la cobertura donde hoy existen mayores rezagos y asegurando que cada peso invertido durante la primera infancia genere las condiciones para que millones de niñas y niños desarrollen plenamente su potencial. Al final, la mejor política económica que puede adoptar un país comienza mucho antes del mercado laboral: empieza en los primeros años de vida.♦

—∞—

*Miguel Ramírez Sandi es coordinador nacional de Incidencia Política y Asuntos Legislativos. Redes: @miguelramsan

Más sobre este blog