Inversión en primera infancia: ¿prioridad presupuestal?

En la pasada entrega se refirió que la reciente Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) representa una oportunidad sin precedentes para avanzar hacia una política integral, para el desarrollo de la primera infancia que se consolide como una política de Estado para materializar la realización efectiva del conjunto integral de derechos de la niñez. Sin embargo, se identificaron un conjunto de complejos retos para que ello efectivamente ocurra, entre ellos la asignación de recursos presupuestales suficientes, que traduzcan las buenas intenciones políticas en acciones de gobierno concretas que transformen favorablemente la realidad de este sector de la población.

Actualmente, existe suficiente evidencia teórica y empírica que apuntala la importancia de la inversión en primera infancia, en virtud de que las experiencias materiales y emocionales en esta etapa de vida son críticas para formar la arquitectura básica del cerebro que determinará el desarrollo de habilidades durante toda su vida y por lo tanto las inversiones en esta materia que no se hagan tendrán consecuencias irreversibles en la vida de los niños y elevados costos financieros para los países. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Premio Nobel de Economía, James Heckman, invertir en la primera infancia transforma favorablemente la vida de los niños, así como en el crecimiento y competitividad de los países, generando rentables tasas de retorno a las inversiones realizadas.

Sin embargo, en nuestro país desafortunadamente se invierte poco y la evidencia referida parece no guiar las decisiones políticas al respecto. Según información de la OCDE, el gasto social en programas para niños de cero a cinco años es de alrededor de 0.4% del PIB, en tanto que el promedio de los países miembros es casi el doble.

En lo que respecta al gasto social per cápita en los niños de primera infancia, que incluye transferencias en efectivo, beneficios en especie y exenciones fiscales, en nuestro país asciende a 7,500 USD al año, el más bajo entre los países miembros. En tanto que, en países de Escandinavia, referentes en el mundo por sus índices de desarrollo humano, gastan más de diez veces esa cantidad: Noruega (112,230 USD), Dinamarca (78,770 USD) y Suecia (75,930 USD). Esta comparación podrá parecer injusta o desafortunada, dada las brechas en cuanto al nivel de desarrollo político y económico entre esos países y el nuestro, pero si el contraste se realiza con Chile, el otro país de la región miembro de la OCDE, la diferencia es 64% mayor en el país andino, con un gasto per cápita de 12,290 USD.1

Por otra parte, sabemos que el presupuesto público es la herramienta de política más significativa de los gobiernos para identificar sus prioridades e impulsar su agenda, pues las definiciones presupuestales son definiciones políticas. Por tanto, es una manifestación del proyecto de país que deseamos en el futuro.

En el caso de la administración del presidente López Obrador, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2020,2 es en realidad el primer presupuesto que corresponde a su plena autoría, dado que en el PEF 2019 sólo incluyó sus recomendaciones como presidente electo.3 De tal manera que para el 2020 ya es posible identificar el cambio de rumbo que inspira su proyecto de transformación del país, que se traduce en un conjunto concreto de políticas, programas, proyectos y acciones contenidos en el PEF.

Al revisar y contrastar el anexo transversal del presupuesto correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020, donde concurren programas presupuestarios cuyos recursos son destinados a la provisión de bienes y servicios públicos vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes, conocido como Anexo 18, se identifican al menos tres hallazgos relevantes.

En primer lugar, una disminución de casi 2,260 millones de pesos en los recursos destinados a la primera infancia, al pasar de 82,176 millones de pesos en 2019 a 79,916 millones en 2020.

En segundo lugar, los recursos presupuestales no se distribuyen en forma equitativa de acuerdo al tamaño de la población. En el país, de acuerdo con el INEGI, en 2019 residen 39. 7 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales 12.7 millones son niñas y niños de 0 a 6 años (32%). Sin embargo, únicamente reciben el 10.4% de los recursos asignados en dicho anexo transversal. Es decir, con este criterio la primera infancia sólo recibe una tercera parte de lo que les correspondería por su peso demográfico.

En tercer lugar, existen sombras en la metodología para la elaboración del anexo transversal, pues no permite identificar claramente cuáles de los programas contenidos tienen un beneficio directo y cuáles un beneficio indirecto a la población en primera infancia. Es decir, es altamente probable que no todo el presupuesto contenido en el anexo, identificado para la primera infancia sea efectivamente inversión dirigida a ella.

En conclusión, la inversión que asignamos a la primera infancia en México es insuficiente y no se distribuye en forma equitativa, por lo que pareciera que en el proyecto de país no se incluye a las niñas y niños de 0 a 6 años como una prioridad. Por lo tanto, nos encontramos como sociedad ante un reto mayúsculo para impulsar a que el Estado cumpla con la obligación de asegurar los recursos presupuestarios adecuados para la garantía de los derechos de la primera infancia: esa es una de las batallas que no admite austeridad.

#LaNiñezImporta

 

Consulta:

1 Véase los indicadores de políticas públicas infantiles elaborados por la OCDE, disponible aquí.

2 Diario Oficial de la Federación (diciembre 11, 2019), “Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020”. Disponible aquí.

3 Diario Oficial de la Federación (diciembre 28, 2018), “Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019”. Disponible aquí.