El intocable Rocha Moya, la fiesta de la impunidad y la doble vara de la justicia

Por Claudio Flores Thomas*

Pasó el Mundial y la agenda política nacional no descansó. En los últimos días se ha consolidado una de las confrontaciones narrativas más reveladoras sobre la percepción de la justicia en México: la tensión entre la absoluta inmovilidad institucional ante el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el fulminante despliegue penal contra el panista Ernesto Ruffo Appel.

A casi tres meses de haber solicitado licencia tras las acusaciones formales de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para el tráfico de drogas y presunta protección a la facción de Los Chapitos, Rocha Moya permanece en Sinaloa sin ser molestado, resguardado por fuerzas policiacas y ostentando la inacción del Estado mexicano frente a una ficha roja activa de la Interpol.

La difusión de un video donde el exgobernador morenista reaparece bailando alegremente música de banda en una fiesta privada —presuntamente celebrada en Badiraguato, cuna del Chapo Guzmán— no hizo más que dinamitar la conversación pública. No vimos a un exfuncionario rindiendo cuentas ante los tribunales, sino la escenificación pura del cinismo: la fiesta de la impunidad.

Cuatro narrativas en disputa

Al analizar el ecosistema del debate público y el volumen de la conversación en medios, redes sociales y columnas de opinión durante esta semana, se identifican claramente cuatro encuadres discursivos que disputan el sentido de este litigio político:

1. El doble rasero institucional. Es la narrativa de mayor tracción transversal. El contraste es brutal: por un lado, Ernesto Ruffo Appel —emblema histórico de la oposición como primer gobernador panista en 1989— es capturado y remitido con celeridad al penal de máxima seguridad del Altiplano por presunto huachicol fiscal; por el otro, Rubén Rocha Moya disfruta de libertad en su domicilio pese a las graves imputaciones internacionales de narcotráfico. Este expediente ha dejado al descubierto ante la opinión pública que la justicia mexicana no opera en función de la solidez probatoria ni de la gravedad del delito, sino del color partidista del acusado.

2. La captura criminal del poder. Un relato empujado por el periodismo crítico y sectores opositores que sostienen que el caso Rocha Moya no es un hecho aislado, sino la prueba fehaciente de cómo la cúpula política fue cooptada por el crimen organizado. Esta postura rescata testimonios e investigaciones periodísticas, como las entrevistas de campaña donde el propio exgobernador sugería la necesidad de coordinarse con el narcotráfico para gobernar la entidad, así como sus reuniones documentadas con líderes del Cártel de Sinaloa.

3. Inocente hasta que se demuestre lo contrario (el blindaje oficial). Constituye el contrarrelato defensivo desplegado por el Gobierno Federal y Morena. Encabezado discursivamente por la presidenta Claudia Sheinbaum en las conferencias mañaneras y secundado en el Senado, este discurso reencuadra las exigencias de detención como una embestida política externa sin pruebas trasladadas formalmente, diseñada para debilitar al movimiento de cara a la revisión del T-MEC y el proceso electoral de 2027. Bajo la apelación al debido proceso, al nacionalismo y la soberanía, el oficialismo intenta neutralizar la presión extranjera.

4. El escarnio viral como símbolo. La irrupción del video festivo de Rocha Moya en Badiraguato convirtió un debate técnico-jurídico en una indignación visual masiva. Como hemos analizado repetidamente en este espacio, el audiovisual posee un poder de síntesis que destruye cualquier boletín oficial. La imagen de Rocha Moya bailando banda bajo resguardo de quienes deberían apresarlo representa la imagen perfecta del “intocable” en el lopezobradorismo.

Distribución del volumen de conversación digital 

48 por ciento, “el baile del intocable”: indignación y escarnio por el video de Rocha Moya en Badiraguato.

32 por ciento, la doble vara: contraste comparativo entre el trato a Ruffo Appel y la impunidad de Rocha Moya.

20 por ciento, el escudo institucional: respaldo al relato oficialista de defensa del debido proceso y soberanía.

Una batalla perdida en la opinión pública

Los datos reflejan un fenómeno contundente: el oficialismo está perdiendo la batalla narrativa en la conversación social. Apenas dos de cada diez menciones compran la línea de defensa institucional planteada desde el Ejecutivo. La combinación entre el simbolismo del baile (48 %) y la evidencia de la justicia selectiva (32 %) suma un abrumador 80 % de la conversación volcado hacia la condena y el escepticismo.

Para la mayoría de las y los ciudadanos, la figura de Rocha Moya ya fue juzgada en el tribunal de la opinión pública. La persistencia de memes, cartones políticos y editoriales confirman que el costo político de mantener este cerco de protección es cada vez más alto. Sin embargo, todo indica que la estrategia del Gobierno Federal se mantendrá inalterada, apostando al desgaste del tiempo frente a una ciudadanía que, una vez más, atestigua cómo en México la ley se aplica según quién sonría en la foto.♦

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*Claudio Flores Thomas es CEO de Altazor Intelligence.