La interseccionalidad de la violencia obstétrica en México

La violencia obstétrica en México no tiene un solo rostro. Se experimenta en diversas formas, con diferentes texturas y matices. Sin embargo, al analizar más de 60 casos recopilados por GIRE, provenientes de distintos municipios y estados, y de mujeres de diversos contextos sociales, se revela una verdad sombría: la violencia obstétrica en México no es un fenómeno aislado ni un error ocasional. Es, más bien, el resultado acumulativo de fallas estructurales, vulnerabilidades interrelacionadas, y actitudes institucionales e individuales que patologizan el cuerpo de las mujeres como la raíz de los resultados clínicos adversos, e incluso de la muerte.

La violencia obstétrica se refiere al trato inadecuado, la violencia física y psicológica, y la violación de los derechos reproductivos de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Según las estadísticas más recientes, más del 30 % de las mujeres que han tenido hijos en México han experimentado algún tipo de violencia obstétrica, un dato que revela la gravedad del problema. A pesar de ser reconocida, su presencia sigue siendo sistemática y común, especialmente para aquellas mujeres que, además de ser mujeres, enfrentan otras formas de vulnerabilidad.

Las experiencias de violencia obstétrica se intensifican cuando las mujeres se ubican en múltiples ejes de vulnerabilidad. A través de los casos estudiados, se observan patrones claros relacionados con la interseccionalidad, donde el ser indígena, el nivel educativo y las condiciones de salud preexistentes, incluyendo discapacidad, amplifican las formas de violencia que las mujeres experimentan.

Las mujeres indígenas con escolaridad básica enfrentan barreras adicionales para acceder a la atención médica. Estas realidades no solo determinan su acceso a estos servicios, sino que también marcan profundamente sus experiencias dentro del sistema de salud. La falta de infraestructura, la deficiencia en la atención médica y la ignorancia o desconsideración de su historial obstétrico se combinan con una evaluación de riesgos inadecuada, lo que genera una atención deficiente y una mayor vulnerabilidad.

La intersección de la condición indígena con enfermedades preexistentes resulta en una mayor falta de comunicación y una coerción institucional que las lleva a someterse a prácticas abusivas, como el abuso físico y emocional, la negación de atención, y la transmisión inadecuada de información sobre sus condiciones y opciones médicas.

Las mujeres con educación básica y condiciones de salud preexistentes o discapacidad también enfrentan grandes desigualdades. La falta de infraestructura, los abusos físicos y emocionales, la deficiencia en la atención médica y una inadecuada transmisión de información perpetúan la violencia y empeoran la calidad de la atención recibida.

A pesar de que México ha reducido la mortalidad materna en más de un 46 % en los últimos 12 años, hay alrededor de 26 muertes por cada 100 mil nacimientos estimados. Sin embargo, esta cifra no tiene en cuenta las muertes maternas que ocurren junto con las muertes neonatales, lo que sugiere una subestimación.

En el análisis, se encontró que el 51 % de los casos resultaron en mortalidad materna o neonatal, la máxima expresión de violencia obstétrica. De estos casos, el 19 % correspondió a muertes maternas y el 23 % a muertes neonatales. Estos datos evidencian que las muertes fueron, en su mayoría, prevenibles, y que las fallas en la atención, la falta de diagnóstico adecuado, la mala documentación y las deficiencias en la infraestructura del sistema de salud contribuyeron significativamente a estos trágicos desenlaces.

Aunque sabemos cuáles son las complicaciones obstétricas y los riesgos clínicos que pueden llevar a muertes maternas y neonatales, estas experiencias son vividas de manera diferencial, según las vulnerabilidades acumuladas que enfrenta cada mujer.

La violencia que enfrentan las mujeres es multifacética, incluyendo abuso físico y emocional, coerción institucional, y fallas en la comunicación entre el personal médico y las pacientes. Estas muertes, en su mayoría prevenibles, son una manifestación clara de cómo la interseccionalidad de la identidad de la mujer, ya sea indígena, con educación limitada o condiciones de salud preexistentes, profundiza las inequidades dentro del sistema de salud, intensificando la violencia y los riesgos.

Aunque existen políticas normativas sobre la atención obstétrica a nivel nacional, las experiencias vividas por las mujeres en el sistema de salud mexicano no solo muestran una realidad distinta, sino alarmante. En muchos casos, las instituciones de salud se deslindan de responsabilidades apelando a complicaciones clínicas o factores externos. Las historias que quedan fuera del expediente clínico —las historias de las mujeres, sus testimonios y su dolor— permanecen silenciadas, ocultas bajo la burocracia de un sistema que no las reconoce.

Para garantizar una justicia reproductiva efectiva, es fundamental que reconozcamos la interseccionalidad de la violencia obstétrica y cómo las diversas formas de opresión se entrelazan en la experiencia de las mujeres. Hablar de justicia reproductiva no es solo hablar de derechos; es hablar de vidas que importan, de sufrimientos que no debieron existir y que no deben repetirse.

Es momento de que nuestras políticas normativas en salud reproductiva y derechos sexuales se fundamenten en los contextos locales únicos de cada comunidad, colocando a las mujeres y personas gestantes en el centro del proceso, a través de asociaciones comunitarias y un enfoque más inclusivo que reconozca las diversas realidades que enfrentan. Esto implica escuchar y comprender las experiencias de las mujeres, respetando sus saberes, sus cuerpos y sus voces, y actuando de manera proactiva para superar las barreras estructurales que perpetúan la violencia obstétrica. Solo así podremos construir un sistema de salud que sea verdaderamente equitativo y sensible a las necesidades de todas las mujeres, especialmente aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, garantizando que la justicia reproductiva no sea un privilegio, sino una realidad colectiva.

* Emilia Alton Martelet (@AltonMartelet) es asistente de Investigación, Uehiro Centre for Practical Ethics, en la Universidad de Oxford.