Internos, residentes y servicio social: héroes anónimos o carne de cañón

Dedicado con mucho amor y agradecimiento a los estudiantes del área de salud que han dado la vida y sacrificado su bienestar durante la pandemia

 

A título personal considero que los internos, personas que prestan su servicio social en el área de salud y médicos residentes realizan una labor muy loable, poco reconocida y mal pagada. Y en tiempos de pandemia han sacado la casta atendiendo diligentemente sin contar con las medidas de seguridad adecuadas ni prestaciones sociales; por otra parte, también son el eslabón más débil en el sistema de salud y me atrevo a decir, con profundo pesar e indignación, que han sido utilizados como carne de cañón al ser menos costosa su muerte en términos económicos a largo plazo, porque, al no ser empleados del sistema de salud, sus familias no tienen derecho a pensiones que deberían ser cubiertas durante mucho tiempo, caso contrario al personal de salud permanente.

Sí, estos jóvenes estudiantes han sido tomados como bienes fungibles, es decir, intercambiables, su bienestar fue sacrificado en aras de atender la crisis sanitaria ahorrando gastos: como ya lo dije son el eslabón más frágil, y la pérdida (la muerte) de un interno, un estudiante que presta el servicio social, resulta más barata. Además, no es un riesgo de trabajo porque estos jóvenes están en un limbo jurídico; caso similar son los médicos residentes, estudiantes de posgrado en su mayoría de la UNAM y el IPN: a razón del riesgo que asumen se les paga muy poco y no tienen las mismas prestaciones sociales porque son trabajadores temporales (de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, Artículo 53 A-F).

Entendemos que, de manera extraordinaria y en atención a la función social que toda profesión tiene dentro de una comunidad, resulta necesario que los estudiantes presten sus servicios, pues además cuentan con los conocimientos, destrezas y habilidades requeridas por la situación; lo que no aceptamos es que se arriesgue su vida e integridad física y psíquica. Lo que es moralmente reprochable y perverso es dejarlos a su suerte en instituciones que ni siquiera les brindan equipo de protección personal para prevenir infecciones y que ellos suplen con sus propios medios (este equipo incluye guantes, batas o delantales, máscaras, protectores respiratorios, gafas y caretas, todo lo cual debe ser desinfectado y remplazado constantemente).

Los estudiantes en la mayoría de los casos no cuentan con recursos para proveerse de los insumos con la frecuencia necesaria (mucho menos los tienen sus familias), lo que también pone en riesgo a sus seres queridos. Por su parte, las instituciones de salud y escuelas que los envían a brindar sus servicios los obligan a tomar muestras y atender de primera mano a los enfermos, en este caso de COVID-19, sin brindarles equipo de seguridad o bien garantizarles condiciones seguras para desarrollar su digna y necesaria actividad. Es vergonzoso que los estudiantes tengan que hacer colectas para comprar al mayoreo kits de seguridad 1. Además de prestar sus servicios de forma honoraria, tienen que gastar en estos equipos que son perecederos; o, en su caso, la familia debe hacer el gasto con el fin de proteger a todos los integrantes del núcleo familiar.

Cabe destacar que los jóvenes estudiantes son ahora la fuerza laboral que carga en sus hombros al Sistema Nacional de Salud, puesto que muchos médicos y trabajadores de salud que sí gozan de prestaciones y seguridad social se ausentaron de sus labores ante la crisis sanitaria emergente, por virtud de un decreto del Gobierno de la Ciudad de México que los eximió de trabajar por ser mayores de 68 años o pertenecer a grupos vulnerables (mujeres embarazadas o con enfermedades crónico-degenerativas) 2. A lo anterior se suma el favoritismo en algunos casos en torno a la aplicación de la vacuna 3. Empero, a pesar de todas las vicisitudes y calamidades, los jóvenes siguen en la primera línea de atención. Algunos han muerto, como es el caso del interno Jorge Alejandro López Rivas; otros se contagiaron por atender enfermos sin protección y tuvieron que laborar en dichas condiciones; por ejemplo, se estima que en el Hospital General Regional No. 72 del IMSS, en Tlalnepantla 19, había 26 residentes y tres internos estaban contagiados 4.

Las acciones cometidas por las instituciones educativas que no garantizan la seguridad de sus estudiantes o son negligentes al no exigir los insumos necesarios para su protección, así como del tan deteriorado y en continua crisis Sistema Nacional de Salud, son violatorias de los derechos humanos de jóvenes que aspiran a servir al país. Sus derechos son atropellados a cada minuto a manos de las autoridades que deberían protegerlos y promoverlos, como el derecho a la protección de la salud (Artículo 4° constitucional), que implica proveer servicios de salud de calidad, infraestructura, políticas públicas de atención, prevención y rehabilitación, brindar atención oportuna y medicamentos y prevenir las infecciones (dimensión social e individual); si se viola el derecho a la salud por principio de interdependencia se viola directamente el derecho a la vida (Artículo1° constitucional), así como el derecho a la integridad física y psíquica, ampliamente regulado en la Constitución y en instrumentos internacionales de los que México forma parte.

No seamos indiferentes ante las carencias y atropellos sufridos por los jóvenes que prestan su fuerza y entusiasmo al Sistema Nacional de Salud, alcemos la voz y exijamos que tanto las instituciones educativas como las de salud garanticen su seguridad y bienestar. No toleremos que las juventudes sean empleadas como carne de cañón, velemos por su dignidad.

*Aida del Carmen San Vicente Parada es licenciada y maestra en Derecho, ambas con mención honorífica, y candidata a doctora en Derecho, todas por la UNAM. Fue recipiendaria de la “Medalla Alfonso Caso” 2014 por sus estudios en maestría. Ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional. Es autora de voces jurídicas para la Real Academia Española y catedrática fundadora de la especialización en derecho sanitario de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios.

 

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1 Otro programa que se echó a andar, a través de Fundación UNAM, fue “Dona un kit. Protege a un residente”, que busca la participación de la comunidad universitaria y de la sociedad en general a través de la donación de 314 pesos mexicanos (13.96 dólares), con lo que se compró equipo de protección personal.

2 Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 19 de marzo de 2020.

3 Mientras que la esposa y una hija de José Rogel Romero, director del Centro Médico “Licenciado Adolfo López Mateos”, en el Estado de México, recibían las primeras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra Covid-19, Gabriel Arturo Ramos Martínez, residente del quinto año de Neurocirugía, se encontraba en el área de hospitalización luchando por sobrevivir al contagio, hasta que el martes 31 de diciembre de 2020 perdió la vida.

4 Jorge Alejandro López Rivas, de 29 años, era estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y médico interno de pregrado en el Hospital General de Ecatepec “Doctor José María Rodríguez”, ahí prestó sus servicios en el área de Cirugía y posteriormente en Urgencias, donde falleció el pasado 4 de enero tras presentar síntomas de COVID-19. El hospital de Ecatepec niega que el pasante de medicina haya muerto de COVID, y la Secretaria de Salud lo contradice.