Internet: el próximo instrumento de control

El 2012 estuvo marcado por la denuncia abierta en contra de Televisa (principalmente) y la influencia que ésta tuvo en las elecciones presidenciales de ese año. Señalamos la cercanía de Enrique Peña Nieto (y otros gobernantes) con las televisoras y tomamos como bandera la democratización del sistema de medios de comunicación. Desde la toma de protesta de Peña, el discurso político ha sostenido un engaño (ahora evidenciado) de un supuesto distanciamiento del monopolio televisivo. La reforma constitucional de telecomunicaciones se presumió como un golpe letal a los poderes fácticos por parte del gobierno, pero hoy se pagan todos los favores en la ley secundaria de telecomunicaciones.[1]

Hay dos puntos que son fundamentales para entender lo que sucede. Primero, la aplanadora con que cuenta el PRI en el Congreso (con sus partidos y legisladores satélite) y los legisladores de partidos de “oposición” que actúan como virtuales representantes de Televisa. Esta aplanadora casi asegura las mayorías necesarias para aprobar la ley de telecomunicaciones sin necesidad de discutir o presentar a la sociedad sus contenidos. Segundo, la amenaza real de censura y control a otros espacios de libertades que habían permanecido al margen (al menos de manera expresa) del intento de control de las empresas y del gobierno: el uso libre, abierto, neutral y participativo del Internet, poniendo en riesgo el ejercicio de los derechos digitales de todas las personas.

El PRI cuenta con el apoyo de 251 legisladores en la Cámara de Diputados (PRI, PVEM y NA)[2] y, al menos, con el de 61 Senadores (PRI y PVEM).[3] Además, Senadores de la “oposición” como Javier Lozano, han demostrado que actuarán como auténticos defensores de los intereses de los grupos de poder y de las intenciones de control del gobierno, manifestando un abierto rechazo al diálogo y descalificando las opiniones de especialistas en la materia, con un claro interés por aprobar fast track la iniciativa.

 

¿Cómo ven al presidente de la Comisión de Comunicaciones del Senado? @JLozanoA es incapaz de convocar a debate plural pic.twitter.com/67VlxVKpLw

— Alfredo Lecona Mtz. (@AlfredoLecona) marzo 25, 2014

 

Esto muestra la enorme probabilidad de que esta iniciativa se apruebe en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados sin los cambios necesarios.[4] Como parte del intento por apresurar la discusión para votar la iniciativa en este periodo de sesiones, el lunes 31 de marzo la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía aprobó por 8 votos (PRI-PRD) y 3 en contra (PAN) la propuesta de programa para el estudio y dictamen de la iniciativa, impulsada por Javier Lozano y apoyada (la propuesta) por la Senadora Alejandra Barrales, para votarla posteriormente en las Comisiones Unidas.[5]

La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones viola abiertamente la Constitución. La propuesta del PRI beneficia a las televisoras en el tema de preponderancia, no fija límites claros a la concentración –particularmente- en radiodifusión, da a la Secretaría de Gobernación la posibilidad de revisar contenidos en la radio y televisión, y también le da el control del nuevo organismo nacional de radiodifusión pública, discrimina a medios comunitarios e indígenas impidiéndoles acceder a medios de financiamiento que les permitan su existencia, además de ignorar a los medios públicos, entre otros problemas.[6]

Sin embargo, la iniciativa también restringe un espacio fundamental de libertades para todas las personas: el Internet. El mundo de las redes como lo conocemos, sus principios fundamentales y las bases para que se mantenga libre y funcional, se transforman con la iniciativa, resultando en una arena de vigilancia y control por parte del gobierno.

[contextly_sidebar id=”f95c327f826724c33162322a1a40b063″]Aquí es necesario un poco de contexto. El Internet es uno de los pocos espacios que aún escapan al control del gobierno. Su naturaleza e infraestructura hace que la mejor manera de funcionar sea sin controles, manteniéndose como un espacio libre de discriminación, filtros y agentes supervisores de los contenidos (datos) que viajan entre los usuarios que lo conforman. Esta estructura, “libre de Estado”, ha demostrado ser una herramienta fundamental para la organización de las personas en torno a temas de interés público, un instrumento de defensa de los derechos humanos,[7] un espacio indispensable para la crítica política y una alternativa y contrapeso a la información centralizada que surge de muchos de los medios de comunicación tradicionales que han perdido su independencia del gobierno por estar sujetos a su control, principalmente por el uso discrecional de la publicidad oficial.

La iniciativa muestra que quienes señalamos la existencia de una tentación autoritaria no exageramos y nos recuerda que la defensa de las libertades debe ser permanente. La propuesta del PRI rompe con la estructura de Internet al destruir los principios de la neutralidad de la red y el de la no responsabilidad de intermediarios, establecer mecanismos de censura previa, así como al pulverizar el derecho a la privacidad de las comunicaciones privadas y al dar facultades para que el gobierno colapse los servicios de telecomunicaciones bajo el discurso de la seguridad nacional.

¿Cómo nos afecta todo esto a las personas que cotidianamente usamos Internet?[8]

1. El principio de neutralidad de la red. Establece que todos los datos que viajan en Internet (correos, videos, imágenes, documentos) serán tratados como iguales, sin discriminar por el lugar del que vienen o al que van, ni por lo que hay en ellos. Este principio de “no-discriminación de datos” permite que las empresas que prestan servicios, como por ejemplo Telmex o Cablevisión, no puedan decir a qué cosas le darán prioridad ni qué datos deben ser tratados mejor que otros. Esto garantiza que las empresas 1) no revisen el contenido de los datos que circulamos, 2) nuestros datos viajen sin discriminación en cuanto a velocidad y alcance, 3) nuestra información no esté sujeta a criterios que puedan bloquearla y 4) las empresas no puedan gestionar tráfico en beneficio de intereses ilegítimos. El artículo 145 establece una regla de censura previa y rompe este principio.[9]
2. El principio de no responsabilidad de intermediarios. Significa que los prestadores de servicios de Internet no son responsables de la información o los datos que circulan en su red. Google sólo sube información, no es responsable por su contenido. Al igual que YouTube lo hace con los videos y Facebook con la información que circulamos. Cuando este principio se rompe, la posibilidad de que los intermediarios sean responsables de ilícitos los convierte en policías que revisarán de manera previa la información que los distintos usuarios circulan, bloqueando y eliminando aquella que “pudiera ser” constitutiva de un ilícito. Esto se constituye como otro mecanismo de censura previa y en la iniciativa queda fijo con las fracciones I y II del artículo 145.[10]
3. La anulación de las telecomunicaciones, la muerte de la privacidad y el Estado policía. Imaginemos las protestas de Turquía, Ucrania o Venezuela. Ahora imaginemos que por decisión del presidente, los teléfonos, las transmisiones en vivo y el Internet colapsan. Ni llamadas, ni Twitter ni nada. Las violaciones a derechos humanos y todo lo que pase ahí adentro no podrá reportarse, ni por las y los periodistas que estén ahí, ni por las personas afectadas. Adiós a la información para todas las personas que queramos enterarnos de qué pasó ahí. Cortesía del artículo 197, Fr. VII.[11] Pero no para ahí, los artículos 189, 190 y 191 dan carta blanca y sin controles a que las autoridades puedan vigilarnos, seguir nuestra ubicación en tiempo real y ver qué lugares visitamos, con qué personas nos encontramos y qué hacemos todos los días.[12]

A todo esto nos enfrentamos. La posibilidad de perder un espacio libre como el Internet es real y estamos más cerca que nunca. La fantasía de sentirnos perseguidos a través de un mapa que muestre nuestros movimientos, preferencias y encuentros privados, el acceso a nuestras comunicaciones privadas y el control de lo que vemos y escuchamos, está a la vuelta de la esquina, en una propuesta hecha para las empresas y para una idea de gobierno autoritario y censor. Todas y todos quedamos fuera con esta propuesta. Felicidades para Televisa y para todos sus secuaces.

 

@VladimirChorny1