La integridad electoral que se juega en 2027
Opinión y Análisis · 27 de octubre de 2026
México se encamina a uno de los procesos electorales más complejos de su historia, pero la complejidad no viene solo por el tamaño de la elección, sino por todo lo que pasa detrás de la urna. Las elecciones no comienzan el día en que la ciudadanía acude a su casilla, empiezan mucho antes, cuando se definen las reglas de la competencia, se designa a quienes deben hacerlas cumplir y se toman decisiones que pueden garantizar —o comprometer— la integridad electoral.
Tras el banderazo del inicio del Proceso Electoral Federal, desde el Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) —esfuerzo multidisciplinario integrado por tres organizaciones de la sociedad civil— presentamos el primer informe de este proceso en el que advertimos que la contienda arranca en un contexto de incertidumbre institucional que obliga a mirar con atención la independencia y el actuar de las autoridades electorales.
En el documento presentado revisamos resoluciones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitidas durante 2026, e identificamos patrones de votación dividida en asuntos relevantes para la integridad electoral, así como decisiones que pueden debilitar los controles de certeza y equidad.
Asimismo, el informe documenta vacantes en la Sala Superior del TEPJF, tribunales electorales locales y organismos públicos locales electorales, además de cambios en áreas directivas del INE. Además alertamos sobre las presiones presupuestales que enfrentan las instituciones electorales, particularmente en el ámbito local.
Nuestra principal conclusión es que se requieren autoridades debidamente integradas, procedimientos transparentes, recursos suficientes y condiciones adecuadas para tomar decisiones sin presiones externas. Exigir resultados técnicamente impecables mientras se reducen capacidades operativas o se mantienen vacantes en posiciones estratégicas supone un riesgo que no puede ignorarse.
Bajo este contexto, desde el Observatorio Permanente de Integridad Electoral advertimos que la confianza en las elecciones de 2027 dependerá, en buena medida, de la capacidad de las autoridades para garantizar reglas claras, transparencia e imparcialidad en cada etapa del proceso.
Recomendaciones al INE para una elección confiable
Entre las principales recomendaciones dirigidas al INE destacamos la necesidad de verificar que las y los funcionarios de casilla no tengan vínculos con gobiernos o partidos políticos, establecer criterios públicos y uniformes para el cómputo de los votos, y fortalecer la rendición de cuentas en la designación de funcionarios electorales. Asimismo, consideramos fundamental reforzar la fiscalización de los gastos de proselitismo anticipado mediante auditorías de campo inmediatas, con el propósito de detectar posibles irregularidades y evitar que las ventajas indebidas condicionen la contienda. En varios de estos puntos, el TEPJF se pronunció en un sentido similar y pidió ajustes importantes sobre estos temas.
Por su parte, el TEPJF enfrenta el reto de resolver oportunamente las impugnaciones pendientes, particularmente las relacionadas con los actos anticipados de campaña, antes del inicio de las precampañas, previsto para el 4 de enero de 2027. Desde el OPINE también llamamos a fortalecer la transparencia de las sentencias, justificar los cambios de criterio jurídico y garantizar la independencia de las magistraturas frente a las presiones políticas.
En conjunto, estas medidas buscan prevenir posibles irregularidades, fortalecer la certeza jurídica y preservar la credibilidad de las instituciones electorales, en un momento en que su imparcialidad es fundamental para la legitimidad de los comicios. Consideramos que alertar sobre riesgos no equivale a anticipar una catástrofe en la elección. Precisamente, la función de la observación electoral consiste en identificar las condiciones que podrían comprometer la integridad de la contienda cuando todavía es posible corregirlas.
La credibilidad del sistema electoral no depende de que todas las decisiones de las autoridades sean unánimes ni de que todos los partidos estén satisfechos con los resultados. Depende de que las decisiones tengan fundamento legal, los criterios sean consistentes y existan garantías para que cada fuerza política compita en condiciones de equidad.
Cuando estas condiciones se debilitan, la desconfianza puede extenderse más allá de una resolución o de una elección particular. La confianza democrática se construye antes de abrir las urnas y puede deteriorarse previo al conteo del último voto.
En ese sentido y bajo esta lógica, el informe invita a cuestionarse si las instituciones encargadas de garantizar elecciones libres, equitativas y auténticas cuentan con las condiciones necesarias para actuar con independencia e imparcialidad. Lo que viene es dar seguimiento puntual a las decisiones y resoluciones que se toman desde los espacios en los que se definirá el valioso futuro de nuestro país.♦