Redacción Animal Político · 29 de mayo de 2023
La violencia de género, como cualquier problemática o fenómeno social, no es estática, transita a través de los contextos sociales e ideologías. En México, a pesar de todos los presuntos esfuerzos gubernamentales e internacionales para hacerle frente, la violencia de género continúa en aumento y ha adoptado nuevas formas y herramientas que, en conjunto con una estrategia de seguridad militarizada, reproduce la victimización de las mujeres y disidencias.
Hoy en día, tanto las mujeres en toda su diversidad, como otras colectividades históricamente victimizadas, enfrentan un grave aumento en la violencia perpetrada a través de armas de fuego. Esto impacta de maneras diferenciadas no solo en el accionar directo de las armas en contra de su vida e integridad, sino también a través de victimización indirecta en tanto las mujeres son personas socialmente predestinadas al cuidado, por lo tanto, se convierten en responsables de las infancias afectadas por la violencia, del sustento económico de sus hogares, la búsqueda de personas desaparecidas, entre otras labores de cuidado derivadas de la violencia armada en sus comunidades.
De acuerdo con Small Arms Survey, en 2018 en México circulaban aproximadamente 18,285,000 armas pequeñas y ligeras entre la población civil (91.9 %), las instituciones castrenses (4.9 %) y las instituciones policiales (3.2 %), lo que lo convierte en el sexto país con más armas a nivel mundial. 1 Esto ha impactado ampliamente en el desarrollo y aumento de la violencia, además de una estrategia de seguridad militarizada hipermasculinizada basada en el despliegue de la fuerza pública, la comisión de graves violaciones a derechos humanos y la impunidad, que han contribuido al alcance de máximos históricos en términos de violencia y violaciones a derechos humanos.
Dentro de estos impactos, las mujeres han sido categorizadas en un papel limitado a la pasividad en contextos de violencia y se les considera únicamente como víctimas. Sin embargo, en los estudios feministas de paz y guerra 2 se ha propuesto revisar las limitaciones que han devenido de esta categorización limitativa. En primer lugar, es importante considerar que las mujeres viven impactos diferenciados durante los conflictos y contextos de violencia armada sistemática; por otro lado, las mujeres desempeñan roles plurales en los mismos. La falta de una visión compleja del papel y experiencia tanto de las mujeres como de otras colectividades históricamente victimizadas durante los procesos de desarme y construcción de paz, deriva en su constante exclusión. Como consecuencia, sus necesidades, demandas y reivindicaciones no son consideradas en los proyectos de construcción y mantenimiento de paz; igualmente, aumenta el riesgo de perpetuar relaciones de género desiguales en los nuevos acuerdos sociales que se plantean como parte de estos procesos.
De acuerdo con datos del INEGI, la tasa de homicidio de mujeres ha presentado un aumento sin precedentes durante los últimos años, de 2.3 mujeres asesinadas por cada 100 mil habitantes en 2007 a 6 durante el 2021. 3 En 2021 se perpetraron 24,484 homicidios con armas de fuego, el 68.7% del total de homicidios registrados, de los cuales 2,313 fueron cometidos en contra de mujeres, representando el 58% del total de homicidios en contra de mujeres. 4 Es necesario señalar que la incidencia de asesinato por arma de fuego de mujeres es una tendencia relativamente nueva, dado que representa un incremento del 357%.
En materia de desaparición también se ve un incremento en cuanto a los impactos directos de género, pues de acuerdo con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. de los más de 100 mil casos de desaparición reportados hasta 2022, aproximadamente el 24.7 % de los casos corresponde a niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas. Cifra que enmarca otras violencias y delitos para las mujeres como el feminicidio, la trata de personas, el secuestro y la violencia sexual. 5
Como parte de los esfuerzos para hacer frente a la violencia armada y sus impactos diferenciados se ha promovido la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, pensada como una teoría o herramienta metodológica para incluir a las mujeres y las disidencias sexuales dentro de la agenda pública. Sin embargo, esta institucionalización tiene muchas deudas frente a las necesidades de todas las personas que se ven impactadas por la violencia armada y aquellas que han destinado su integridad, tiempo y vida a la lucha por la igualdad y el acceso a una vida libre de violencia.
Dentro de los instrumentos nacionales e internacionales, la perspectiva de género se ha implementado desde una concepción unívoca sobre el género y las relaciones que se construyen alrededor del mismo, por lo que continúa promoviendo una visión sesgada, considerando categorías homólogas de “la mujer” y “el género” como conceptos que invisibilizan la diversidad de experiencias y vivencias a partir de la intersección de otras categorías de vulnerabilidad. La permanencia de dinámicas de invisibilización, acompañadas por la inacción estatal reflejan otro punto importante en cuanto a las perspectivas dentro del diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas nacionales e internacionales. En este sentido, la institucionalización del concepto de género en México se ha caracterizado por la omisión de las teorías, luchas y críticas de diversas teorías feministas.
En el diseño de las políticas, programas y acciones públicas se puede encontrar la transversalización del género como un eje central; sin embargo, asumir que la integración de categorías como la mujer y violencia de género es suficiente para resolver una problemática histórica, social y política tan grande como es la exclusión y violencia en contra de las mujeres es ilusorio. Representando así el incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones estatales e internacionales en la materia. Hablar del género como universal e inmutable, ignorando la multiplicidad de luchas, teorías y experiencias que integran el concepto, deshistoriza y descontextualiza sus implicaciones y por ende el concepto en sí mismo, convirtiendo al género institucionalizado en una categoría representativa de la exclusión, discriminación, marginación e invisibilización de las mujeres y la diversidad sexual.
Dentro de los mecanismos nacionales e internacionales para hacer frente a la violencia armada se tiene que integrar un análisis de caracter feminista, 6 a la par de las particularidades de la violencia, dado que esta no afecta de forma homogénea a todas las mujeres. Dentro de estos análisis no solamente se tiene que tomar en cuenta el papel de las mujeres como víctimas directas de la violencia, o limitarse al concepto de violencia física, se tiene que tomar en cuenta todas las lógicas patriarcales, racistas, clasistas, adultocéntricas y nacionalistas que impactan en la implementación de acciones en contra de la violencia armada considerando el entramado estructural y simbólico que permite y justifica esta violencia.
A la par de los impactos directos de la violencia en los cuerpos de las mujeres y disidencias sexogenéricas, es necesario y urgente voltear a ver lo que el incremento de la violencia armada y la respuesta estatal ante ésta ha generado en la vida de las mujeres. Es necesario entender cómo la violencia afecta el habitar de las mujeres desde el espacio doméstico hasta en su desarrollo en el ámbito público, contemplando las implicaciones que hay en las dinámicas de cuidado, acceso a bienes y servicios, utilización del espacio público, el ejercicio de la libertad de expresión, entre muchos otros derechos que se ven trastocados por la constante amenaza a sus vidas y las de sus comunidades.
Igualmente, dentro de la política pública es necesario que se considere la complejidad del papel de las mujeres y otras colectividades, como las disidencias sexuales, las infancias, las personas en situación de movilidad, personas con diversidad funcional, etc., como sujetas activas de derecho y transformación, no como objetos pasivos de las políticas. La construcción de herramientas sin la participación directa de colectividades impactadas por la violencia armada deriva en políticas y mecanismos internacionales asistencialistas, estigmatizantes y sesgados.
Así, ¿qué queda por hacer ante las deudas que deja la actual instrumentación de la perspectiva de género frente a la violencia armada? Como primera aproximación, destaca la importancia de complejizar la categoría de género, de manera que las disposiciones institucionales y sus acciones reflejen la pluralidad de papeles que desempeñan las mujeres en contextos de violencia armada, así como la multiplicidad de necesidades y demandas que distintas mujeres tienen respecto a la violencia que atraviesan.
* María José De Icaza Benet es defensora de derechos humanos con enfoque feminista en la documentación de graves violaciones a derechos humanos, tráfico de armas y política de drogas. Actualmente es investigadora de la CMDPDH. María del Carmen Díaz Herrera es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales. Pasante en el área de investigación de la CMDPDH.
1 Small Arms Survey, Global Firearms Holdings, Marzo del 2020. Disponible aquí.
2 landaluze, i. (2012). Los procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes desde la perspectiva de género. Cuadernos de Trabajo, Lan-Koadernoak, Hegoa, nº 58.
3 INEGI, Comunicado de prensa núm. 376/22, 26 DE JULIO DE 2022. Disponible aquí.
4 Idem.
5 Chica Rinckoar, Silvia Patricia, Diagnostico de mujeres desaparecidas. Septiembre 2022, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C., Ciudad de México, 2022. Disponible aquí.
6 Por análisis de carácter feminista referimos la herramienta de análisis para la elaboración de política pública a través de la cual se busca integrar las perspectivas y necesidades que manifiestan distintas teorías y corrientes feministas, así como mantener un enfoque de flexibilidad frente a las necesidades de cada comunidad y espacio de aplicación de las disposiciones e instrumentos en la materia.