Inseguridad, triple pifia oficial

Me preguntan sin parar por qué las autoridades no protegen adecuadamente a los ciudadanos en México. Aquí presento tres respuestas. Primero, domina la inclinación a favor de la inservible y contraproducente opción de la mano dura; segundo, no se hace nada respecto a la inmensa mayoría de las experiencias de victimización y, tercero, tampoco se ofrece respuesta alguna en el terreno de la percepción de inseguridad.

Con el tema de la mano dura sucede lo mismo que con el asunto de las drogas; lo que menos importa es la evidencia, el conocimiento y las recomendaciones de los expertos. Los operadores del aparato de seguridad en México están convencidos de que la inseguridad, el delito y la violencia se resuelven mediante el uso de la fuerza y el incremento del castigo. Lo de menos es que no tengan manera de demostrarlo. Cualquier otra cosa les parece, por decir lo menos, ingenuidades de quienes “no han vivido la calle”. Si la ONU propone un paradigma de Seguridad Ciudadana con Rostro Humano básicamente les tiene sin el menor cuidado. Les importa nada que ese reporte, basado en la comparación regional profunda, encuentre que “Las políticas de mano dura adoptadas en la región han fracasado en su objetivo de disminuir los niveles de violencia y delito. También han tenido un impacto negativo y profundo en la convivencia democrática y en el respeto a los derechos humanos, que están en la base del desarrollo humano”. La visión de quienes administran los recursos para la seguridad en México está anclada en un paradigma agotado: la mano dura.

[contextly_sidebar id=”8r5ghoTtf8Esk1D9aWJ4gMPoc8WTqsys”]Mi segunda respuesta es que las autoridades no protegen adecuadamente al ciudadano porque ellas simplemente no intervienen en la inmensa mayoría de las experiencias de victimización de la gente. En otras agendas públicas hay indicadores claros que permiten una interpretación común; por ejemplo, en materia educativa, nadie discute que la política pública correspondiente será exitosa si incrementa el porcentaje de estudiantes que concluye la educación superior. Pero en la seguridad nada parece estar claro. Las autoridades cuentan su historia y la sociedad cuenta la suya. No hay entre nosotros una plataforma de indicadores convincentes para todos. No por otra cosa suele suceder que, justo cuando un gobierno sale a dar lo que entiende por buenas cuentas, la percepción social negativa se agudiza. Es una mecánica repetida hasta el cansancio. A mayor énfasis hacen los voceros públicos celebrando sus logros, más lejos se coloca la gente de ellos y de sus versiones. Memorables son, en este sentido, mis conversaciones con taxistas de la Ciudad de México a quienes pregunto qué opinan cada vez que Miguel Mancera arremete con aquello de que no hay delincuencia organizada asentada en la capital del país. Algunos conductores me dicen que pocas veces los han tratado tan abiertamente como pendejos.

Muchas interpretaciones puede tener esto. Una más o menos sencilla es que lo que las instituciones registran y resuelven o tratan de resolver, asociado a la inseguridad y la violencia que enfrenta la gente, es en realidad una parte mínima de la experiencia de las víctimas. Ya lo sabemos, el INEGI nos lo recuerda cada 30 de septiembre cuando publica su encuesta anual de victimización y percepción de la seguridad, donde una y otra vez avisa que la subdenuncia promedio en el país por parte de las personas encuestadas mayores de edad alcanza el noventa por ciento. Es decir, casi nadie acude a la autoridad cuando su esfera de derechos se ve afectada por un tercero mediante conductas que pueden estar en conflicto con la ley penal. Comprobado esto queda demostrado que el aparato policial y el sistema de justicia penal operan reducidos a una dimensión simbólica.

Pero el asunto no para ahí. Hay otra manera de entender por qué la protección a la gente no llega. Es una interpretación más compleja y tiene que ver con el hecho de que el poder público en México prácticamente jamás invierte en entender y enfrentar la dimensión subjetiva de la inseguridad, es decir, el ámbito de las percepciones y el efecto que éstas tienen en las actitudes. Entre nosotros, un operador policial y de la justicia penal promedio se mueve bajo el supuesto erróneo de que los delitos y la inseguridad son la misma cosa. Por eso cree que si bajan los delitos crecerá la seguridad y viceversa. No está enterado de que hace décadas se ha demostrado que una y otra cosa pueden no tener nada que ver o incluso caminar en sentido opuesto. Ejemplo socorrido de esto son los índices desproporcionados de percepción de inseguridad registrados en Estados Unidos bajo el mandato de George W. Bush, justo en una etapa de probada reducción de delitos.

Así las cosas, el aparato público de la seguridad en México opera en tres frentes erróneos: la mano dura, la subatención de la victimización y la desatención ante la percepción. Lejos permanece el reporte citado de la ONU, según el cual “Los avances en materia de seguridad ciudadana no resultan de una sola política aislada, sino de un enfoque multisectorial y de una serie de políticas que incluyan medidas de prevención, reformas institucionales, inversión pública suficiente, cambios en la relación entre Estado y comunidades, voluntad política amplia y sostenida, y la adopción de sistemas de información y de intervención más modernos y eficaces”. Muy lejos.

@ErnestoLPV