Inseguridad: la más sencilla –y terrible- explicación
blogeditor · 6 de enero de 2016
Le propongo algo. Invite usted un café a 5 personas. Pídale a cada una de ellas que explique por qué en México hay inseguridad y cómo se debe resolver. Compare. Usted tendrá tantas interpretaciones y propuestas como personas sentadas a la mesa. Es normal. El problema es que si en la mesa están sentados representantes de autoridades públicas el resultado es exactamente el mismo. La más sencilla explicación de por qué en nuestro país no se logra resolver la inseguridad es que no existe un piso común para entenderla. Lo terrible del asunto es que no parece que eso pueda cambiar al menos en el corto y mediano plazo.
Es probable que lo anterior a usted le parezca una tontería. Todo lo contrario. La inmensa mayoría de los poderes ejecutivos en el país no sabe y no tiene interés en saber a profundidad de qué está hecha la inseguridad y cómo se resuelve. Tan simple y tan sombrío como eso.
[contextly_sidebar id=”ASkHCJ0LJo95WiWVkDZiQv8Xu56hKdtj”]Pasan dos cosas con la inseguridad. Primero, es un fenómeno extraordinariamente complejo; segundo, no se resuelve en el corto plazo. En nuestro medio, ambas características suelen propinar un golpe mortal a la posibilidad de profesionalizar las políticas públicas y las instituciones responsables. Y es peor: entre más se investigan los factores objetivos y subjetivos que construyen la inseguridad, mayor es la diversidad de variables que deben tomarse en cuenta para transformarla. No por otra cosa el conocimiento avanzado ofrece una enorme caja de herramientas para diseñar, implementar y evaluar lo que se conoce como políticas públicas integrales.
La discusión sobre el denominado mando único policial, hoy nuevamente de moda, tiene este trasfondo. En México se debate quién debe tener el mando policial como si se estuviera discutiendo quién debe resolver la inseguridad. Sucede así porque se cree que el quehacer policial y la construcción de la seguridad son la misma cosa, confusión producto del desinterés arriba mencionado. Nuestro país está atorado en este descomunal desacierto.
La mecánica de los hechos es muy simple. Cuando un representante del poder ejecutivo apenas se asoma –si acaso- a las metodologías modernas de diagnóstico e intervención para construir comunidades seguras, mejor decide mirar para otro lado. Y ese otro lado es la institución policial, donde siempre habrá manera de encontrar la oferta de la solución inmediata, haya o no argumentos detrás de la misma. El despliegue policial operativo convencional funciona como el ansiolítico que no ataca las causas profundas de la enfermedad pero si calma al paciente, así sea momentáneamente.
Visto desde la lógica cortoplacista dominante en el paradigma político hegemónico, el factor del tiempo es especialmente pernicioso. Los actores políticos prefieren ni siquiera valorar lo que proponen los reportes especializados que se producen sin parar fuera de nuestras fronteras (sólo en 2015 en Insyde revisamos casi 200 de ellos). Es contundente esta constante: una intervención que pueda arrojar una evaluación de impacto exitosa madura en años.
Además de la sobrecarga en el recurso policial, el desconocimiento generalizado de las implicaciones técnicas de una política pública integral de seguridad suele conducir a la salida fácil de calificar lo que sea como una medida útil para la propia seguridad (limpiar un parque, pavimentar una carretera o quitar el graffiti, por ejemplo). Estas acciones nutren el discurso y nada más que eso ya que no se soportan en vínculos causales fundados en diagnósticos y toma de decisiones coherentes, a su vez sostenidos en paradigmas teóricos, conceptuales y metodológicos pertinentes.
Nada aligerará la complejidad implícita en la construcción de comunidades seguras ni acortará los periodos para así lograrlo. Tampoco se ven los incentivos políticos para la maduración profesional del gobierno de la seguridad. Estamos en problemas mayores.