Inseguridad alimentaria en contextos de violencia

Hace un par de semanas, el Seminario Internacional Alimentación y Sustentabilidad en las ciudades de la UNAM 1 realizó una reflexión en torno a la violencia, el crimen organizado y la alimentación, poniendo sobre la mesa la importancia de analizar las formas en que la criminalidad impacta en los procesos alimentarios y en específico, en las cadenas de producción y suministro en México.

A inicios de año, el incremento en la canasta básica y en específico en los precios del limón y el aguacate, alertó sobre los factores que desencadenaron dicho fenómeno. La primera hipótesis se vinculaba a factores geopolíticos como la guerra en Ucrania y al cierre temporal en las cadenas de suministro entre China y Estados Unidos, lo cual incrementó los precios de los combustibles.

Una segunda hipótesis para comprender el fenómeno en el incremento de los alimentos se vincula con el aspecto medioambiental, lo cual ha generado escasez en la producción de alimentos debido a la degradación del suelo, el uso desmedido de plaguicidas, el incremento en los monocultivos y las sequías en diversas regiones del territorio mexicano.

La tercera hipótesis (y la que más fuerza ha tomado en los últimos años) es la intromisión de grupos criminales en el negocio de la alimentación, principalmente vinculados al delito de extorsión o el llamado “cobro de piso” bajo el pretexto de “protección” a comercios. Medios como Deutsche Welle desde hace años han denunciado el viacrucis de extorsión e impunidad que tienen que experimentar productores, transportistas y comerciantes en entidades como Michoacán, Jalisco, Veracruz o Guerrero.  Éste último padeció hace unas semanas de una crisis de desabasto de pollo en mercados del municipio de Chilpancingo. Lo anterior fue causa del cierre temporal de comercios debido al temor de continuar siendo extorsionados y en algunos casos, ser asesinados como ocurrió con los asesinatos de distribuidores de pollo a inicios de junio.

La omisión (o incapacidad) de las autoridades para combatir el delito de extorsión 2 en el rubro de la alimentación ha llevado al crimen a diversificar y extender su control en algunas regiones, ahora no solo bajo la modalidad de “cobro de piso” sino a apoderarse de las cadenas de producción y suministro alimentario a fin de imponer sus intereses económicos, políticos y sociales. El Dr. Salvador Maldonado Aranda plantea que “un ambiente propicio para que surjan este tipo de actividades está relacionado  a  la  ineficiencia  gubernamental,  donde  en  la  carrera  por alcanzar  a  las  dinámicas  de  comercio  neoliberal  se  establecieron  políticas  de  ajuste estructural y reestructuración económica y social lo que facilitó el comercio ilegal y dejó a las poblaciones  rurales  un  contexto  de  desprotección,  facilitando  también  el  surgimiento  de mano de obra ilegal”. 3

Ejemplo de lo anterior es la generación de nuevas dinámicas paralegales en el campo de la alimentación, en donde se ha planteado que el crimen organizado dota de comida a las poblaciones, bajo sistemas de asistencialismo con el fin de ganar legitimidad entre poblaciones y poder continuar con acciones delincuenciales. Testimonios retomados por la Mtra. Vianney Jiménez Hurtado (2021), fortalecen esta teoría, ya que se ha manifestado que miembros de la delincuencia organizada están brindando servicios de infraestructura y apoyos económicos (en forma de despensas) a cambio del derecho y exclusividad de paso en localidades como el Valle del Mezquital en Hidalgo. 4

Este incremento en las dinámicas de control alimentario por parte del crimen, pone en discusión las capacidades del Estado para brindar seguridad alimentaria a la población, el cual supondría que tiene que garantizar “el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes y nutritivos que satisfagan necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. 5  En los hechos se ha demostrado que en muchas regiones del país no se goza de una completa seguridad alimentaria, debido a que los gobiernos se encuentran coludidos con el crimen, o bien los gobiernos prescinden del control de la alimentación y en su lugar los criminales usurpan dichas responsabilidades.

Nos encontramos en una encrucijada, ya que ante el aumento en la intromisión del crimen en el sistema alimentario éste puede traer consecuencias como el incremento de las extorsiones, mayor especulación en los precios de alimentos, insuficiencia de acceso, y cambios en la cotidianidad de la población, lo cual puede llegar a impactar en qué se come, cómo se adquiere y cada cuándo se consume.

Por ello es indispensable que el Estado asuma su responsabilidad en la gestión alimentaria e intervenga y garantice la protección social de poblaciones que han sido laceradas por el crimen. De igual forma, se hace necesario conocer cuán intenso o severo es el impacto de dicho problema en la seguridad alimentaria del país. En este sentido, se necesita contar con datos e información que ayuden a conocer las formas en las que opera la criminalidad, cuáles son las nuevas estructuras ocupacionales de los criminales y comprender cuales son las estrategias de sobrevivencia de la ciudadanía en economías coludidas por el crimen.

Por tal motivo, las organizaciones de la sociedad civil y la academia tienen un papel fundamental para impulsar que el derecho humano a la alimentación y a un país libre de violencias sean temas prioritarios en la agenda nacional.

* Luis Carlos Sánchez Díaz (@luiscsd23) es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. Se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha colaborado en proyectos de investigación en la Universitat Autònoma de Barcelona, la Academia Mexicana de Ciencias y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Se ha especializado en investigación metodológica, análisis de datos y planeación estratégica de proyectos sociales y políticos.

 

 

1 Disponible aquí.

2 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI (2021), el delito de extorsión en México tiene una cifra negra del 97%.

3 Maldonado Aranda, Salvador. (2012). Drogas, violencia y militarización en el México rural: El caso de Michoacán. Revista mexicana de sociología, 74(1), 5-39. Recuperado en 12 de julio de 2022, de aquí.

4 Jiménez Hurtado, Vianney, (2021), La pluriactividad como estrategia de producción y reproducción de los núcleos familiares campesinos y su incidencia en la vida cotidiana doméstica en el alto valle del mezquital, UNAM.

5 FAO (2011), Una introducción a los conceptos básicos de la seguridad alimentaria. Disponible aquí.