Inocencia interrumpida en Monterrey

Por: Armando Luna Franco (@drats89)

Escribo estas palabras mientras se desarrolla la noticia del ataque en el Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León. En él resultaron heridos tres estudiantes, una profesora, y el estudiante que llevó a cabo el ataque, quien falleció en el hospital de acuerdo con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Salvo uno de los estudiantes, que sufrió un roce de bala en el brazo, las otras víctimas se encuentran en estado grave.

Se sabe —por un video de vigilancia dentro del salón, filtrado en redes sociales digitales— que el atacante se encontraba en un rincón del salón cuando empezó a disparar, primero a un compañero, luego a una compañera y otro compañero, posteriormente a la profesora para luego intentar suicidarse. La filtración del video y la publicación de fotografías de las víctimas del ataque han sido condenadas, por su ilegalidad y la falta de ética por parte de los medios que hacen eco de éstos.

El vocero de seguridad estatal, Aldo Fasci, informó que el atacante recibía tratamiento psicológico por depresión, y que ya se encontraban en comunicación con los padres del atacante. Hasta el momento no se sabe nada más sobre el agresor, sus motivos o el por qué de sus víctimas. El gobierno estatal insiste, de manera irresponsable, en difundir esto para proveer un marco de referencia ante el ataque.

No se trata de cargar toda la culpa en el estado psicológico de un niño, que no es ajeno a su entorno. Más que culpar al niño y su depresión, como apunta la estrategia del gobierno estatal —en un aparente interés de contener las indagaciones hacia las autoridades—, hay que atender a todas las circunstancias que se entrelazan aquí.

A la luz de este nuevo acto de violencia, nacen muchas preguntas al respecto. Desde por qué recurrir a la violencia física, pasando por cómo obtuvo el arma, en qué contexto se encontraba para tomar esta decisión, y sobre todo por qué las víctimas elegidas. Más que hacer señalamientos encubiertos de preguntas, se trata de atreverse a indagar en dichas interrogantes para poder construir una explicación de este acto.

Sin embargo, la respuesta ha sido otra. Es lamentable, por ejemplo, que el vocero de seguridad aprovechara la situación para recriminar la suspensión de los operativos de revisión de mochilas en las escuelas. O que, con prontitud, se adjudicara responsabilidad del acto a que el niño tuviera acceso a internet, un derecho humano. Actitudes como éstas, representando a la autoridad gubernamental en la figura del vocero, son una muestra de lo que no debemos hacer al abordar este problema.

Ese tipo de comentarios, más que atender las condiciones que propician estos actos, lo crean falsas responsabilidades. Puede argumentarse que la falta de revisión de mochilas en la escuela facilitara que el niño introdujera el arma a la escuela; pero eso no significa que si él estaba decidido a llevar a cabo este acto, lo hiciera con otros medios.

A su vez, puede afirmarse que el acceso a información en redes sociales lo llevara a tomar esta decisión. Pero en una sociedad donde la violencia se presenta cotidianamente, donde se vive la violencia de diferentes maneras y en diferentes espacios, donde nos construimos como personas desde y en la violencia, no puede considerarse a las redes sociales como su única fuente de información o experiencia al respecto.

Que este acto sintetice el proceso de violencia de la sociedad regiomontana, no significa que pueda reducirse a un par de elementos cuya efectividad o importancia resultan dudosas. La revisión de mochilas en las escuelas no es un recurso de disuasión para que los estudiantes ejerzan violencia entre sí y a otras personas. Controlar el acceso y la información de redes sociales digitales no impedirá que niños y adolescentes tengan acceso a la violencia que viven.

Si queremos comprender, atender y prevenir que un acto como éste se repita, no podemos actuar de manera reactiva como lo hace el vocero de seguridad de Nuevo León. Medidas coercitivas para erradicar la violencia, como las insinuadas o propuestas por él en sus declaraciones, han demostrado su inefectividad; no se trata de seguir tapando pozos en los que se ahogan niños, se trata de evitar que el niño llegue al pozo a hundirse.

Para ello, tenemos que atender a los detalles mientras se realicen las investigaciones, colocarlos en el contexto de su ocurrencia, y vincularlos con las acciones tomadas por las partes involucradas: la escuela, la familia, la comunidad escolar, social, así como los órdenes de gobierno. Así podremos plantear soluciones y medidas que, en lugar de reaccionar, prevengan y construyan a largo plazo nuevas condiciones donde no prevalezca la violencia.

Con base en la información que se tiene hasta el momento podemos empezar a realizar preguntas al respecto. Sobre el niño, las preguntas no inician con sus motivos, sino con el arma: ¿cómo accedió a ella? ¿Cómo aprendió a utilizarla? ¿Qué recursos utilizó para acceder a ella? ¿Cómo logró que su familia no supiera al respecto? Es importante atender estas preguntas —incluso antes que los motivos del ataque—, que se sintetizan en una pregunta principal: ¿cómo es posible que un niño acceda con tal facilidad a armas de fuego?

Esto nos lleva a cuestionar las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. La falla de la estrategia de seguridad pública del Gobierno Federal —replicada por gobiernos estatales y municipales— encuentra aquí otras víctimas de sus errores y deficiencias. Dichas fallas, acompañadas por cerrazón, corrupción e indolencia son las que facilitaron colocar esa pistola en las manos de un niño.

En segundo lugar, está la escuela. Llama mi atención que dentro del salón de clases existiera una cámara de seguridad. Dejando de lado la privacidad de la maestra y los niños ante ese mecanismo de vigilancia y control, obliga a preguntar: ¿qué sabía la escuela de la relación entre el atacante, sus compañeros y su maestra, para llegar a atacarlos? ¿Qué medidas tomaron para evitar que se llegara a esto?

Por medio de la vigilancia sabían de la situación en el salón de clases, y esto los obliga a responder estas preguntas. En este entorno controlado, llama más la atención que algo así ocurriera.

A su vez, esto pone la atención en las autoridades escolares. Tanto por la vigilancia mediante cámaras en la escuela —qué tanto sabían de esto, y quién permitió o autorizó esta medida—, como por las campañas contra el acoso escolar y violencia en las escuelas. ¿Qué están haciendo las autoridades escolares para que situaciones como ésta no se reproduzcan en otras escuelas, sean públicas o privadas?

Por último, está la cuestión personal. De acuerdo con la declaración del vocero estatal, se encontraba en tratamiento por depresión y otros problemas psicológicos. En este ámbito las preguntas necesarias son: ¿qué causó la depresión? ¿Dicha depresión tenía relación con su situación escolar? ¿La escuela estaba al tanto de su situación personal? No está de más en insistir, nuevamente, que no podemos permitir que se reduzca a esto.

Estas preguntas, a diferencia de las anteriores, deben mantenerse en un ámbito privado. La razón es simple, no se trata de victimizar a sus familiares y seres queridos, y a la gente de la escuela. El trauma vivido ante el ataque cometido producirá, en las y los involucrados, secuelas de corto y largo plazo en todos los ámbitos de sus vidas, y lo último que necesitan es un mayor escrutinio que ahonde en dichas secuelas.

Es importante no perder la indignación y el dolor ante actos como éstos. Normalizar la violencia con indiferencia es lo que ha permitido que esto ocurra, llevándonos a la inacción y la apatía. Que la indignación y el dolor nos sirva para atender a la violencia de nuevo, pero no de manera impulsiva ni reactiva, sino desde una acción colectiva, consensuada, y sobre todo a conciencia de que la solución a la violencia no reside en la coerción ni en más violencia, aunque sea institucional.

Las preguntas que aquí planteo son una sugerencia, una propuesta para ver no sólo esto sino al proceso de violencia en su conjunto. Decía anteriormente que este acto es una síntesis del mismo, y las preguntas van encaminadas a ver qué sintetiza del proceso, identificar sus elementos y relaciones para poder replantear nuestras posturas y acciones al respecto. Como conclusión, les invito en este momento de indignación y dolor a ver que no es un hecho aislado, sino un hecho más de una larga cadena de violencias que han definido nuestra vida pública.

 

* Armando Luna Franco es Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializado en temas de teoría política y sistemas electorales.