Infraestructura: de cortar listones o atender lo básico

Quiero iniciar esta columna con una anécdota. Hace ocho años fui observadora internacional en una evaluación de logro de aprendizaje y recorrí varias escuelas de un país sudamericano. Allí existía un programa ambicioso para mejorar la infraestructura escolar y eso era evidente: en la capital abundaban los planteles nuevos, grandes y relucientes. Por eso no me sorprendí cuando, en una comunidad rural cercana, encontré un auditorio enorme y recién inaugurado. Lo que sí me sorprendió fue la respuesta de la directora cuando pregunté dónde estaban los alumnos de sexto grado que a esa hora debían estar en clase: “Llegarán más tarde, no tenemos salones suficientes para todos los grados, solo hay cuatro”. Y no pude evitar la pregunta obvia: ¿no hubiera sido más útil tener dos aulas nuevas en lugar de ese auditorio? La respuesta fue tan clara como incómoda: “Sí, pero el presidente nunca hubiera venido a inaugurar salones; en cambio, sí vino a cortar el listón del auditorio”.

Esto pasó en otro país a muchos kilómetros de aquí, pero bien pudo haber sucedido en México, ya que las obras de infraestructura que se realizan en las escuelas de nuestro país no siempre atienden lo más necesario, sino lo que los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) consideran más importante. Estos comités están conformados por la comunidad escolar y su función principal es recibir y administrar directamente los recursos económicos que el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) destina a la mejora, construcción y equipamiento de las escuelas públicas de educación básica y, desde este 2025, a las de media superior, decidiendo sobre su uso en asambleas.

Si bien, LEEN tiene reglas de operación, deja el peso de las decisiones en los CEAP y deja las acciones para cubrir la infraestructura educativa en esa lógica de gestión comunitaria y de participación democrática. A pesar de la gran promoción que en los últimos años se le ha dado a este programa, que ya se ha adaptado también al sector salud, el análisis del presupuesto federal muestra una tendencia de estancamiento. LEEN alcanzó su punto máximo en 2023 con 27.6 miles de millones de pesos (mmdp), para después descender a 23.4 mmdp en 2024. Como ya lo señalé, a partir del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 se incorporó la atención a planteles de educación media superior, lo que implicó dividir los recursos, dejando 6 de cada 10 pesos para la educación básica y el resto para la media superior.

En el Proyecto de Presupuesto para 2026, los montos y su distribución se mantienen prácticamente en el mismo nivel. ¿Cuánto crecerá el presupuesto de LEEN entre 2025 y 2026? La respuesta es fácil: nada. La variación entre 2025 y 2026 confirma una disminución de 1.4 % en educación básica y un ligero aumento de 0.4 % en media superior, lo que se traduce en una caída marginal de 0.8 % en el total de LEEN.

En nuestro país, la atención a la infraestructura educativa no solamente se sostiene con LEEN, también está el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su vertiente de infraestructura, que forma parte del ramo 33 y cuyos recursos se transfieren a los gobiernos estatales para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de escuelas. Ahí de nuevo la responsabilidad está fuera del gobierno federal. Dentro del Poder Ejecutivo (¿aún?) existe el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa (INIFED), que tiene 6 años en proceso de desaparición, por lo que su presupuesto es muy limitado y no está llegando a atender lo básico.

La infraestructura escolar no puede seguir dependiendo de la lógica del corte de listones ni de la buena voluntad de los comités. Si lo básico —salones, baños, agua, electricidad— no está garantizado, todo lo demás se tambalea. Los datos muestran con claridad que el presupuesto federal ha optado por trasladar la responsabilidad a las comunidades y a los estados, dejando sin certeza lo que debería ser una obligación nacional: asegurar condiciones mínimas para aprender. En Mexicanos Primero consideramos que los discursos no alcanzan, la única manera de garantizar el derecho a aprender es con un presupuesto equitativo y suficiente que priorice lo esencial. Porque un auditorio que no se usa no sustituye el valor de un aula llena de niñas, niños y jóvenes aprendiendo.

*María Teresa Gutiérrez es directora de Monitoreo de Indicadores Educativos.