Informe de Gobierno: un relato sin datos

Por Lourdes Morales Canales*

 Durante muchos años, el Informe de Gobierno fue un ritual: un acto de propaganda política conocido como “la fiesta del presidente”. Se hacía en el Congreso, frente a los representantes políticos que escenificaban el besamanos, al aplauso regalado y la lectura de un texto alejado de “la verdad adversa al desnudo”, como expresó alguna vez el entonces mandatario Luis Echeverría. A su vez, el presidente de la mesa directiva del Congreso daba una “contestación” acrítica. Como escribió Daniel Cosío Villegas, el Informe reflejaba la “necesidad fisiológica” del presidente por hablar: un monólogo en el que el jefe de Estado se escuchaba a sí mismo.

Cada titular de los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal tiene la obligación constitucional de informar, explicar y justificar las acciones y decisiones de su administración. El Informe de Gobierno, entonces, debería ser un ejercicio para que los ciudadanos conozcamos de primera mano en qué se han utilizado los recursos públicos, cuáles son los resultados obtenidos y cuáles los desafíos pendientes. Sin embargo, el formato y la calidad de la información evitan que el ejercicio cumpla su función de mecanismo de rendición de cuentas.

La transición y las oposiciones

Con el inicio de la transición democrática, algunos chispazos de inconformidad marcaron los informes. En 1979, el diputado panista Edmundo Gurza, de Coahuila, integrante de la generación de “los bárbaros del norte”, interrumpió al presidente José López Portillo con el reclamo: “Queremos hechos y no palabras”. En 1988, el diputado Porfirio Muñoz Ledo fue comisionado por la oposición para que interpelara al presidente Miguel de la Madrid por el fraude electoral. El presidente de la mesa directiva le negó la palabra y, entre gritos y empujones, los diputados oficialistas lo trataron de traidor.

Al año siguiente, en el primer Informe de Carlos Salinas de Gortari, diputados del PAN y del PRD mostraron urnas quemadas con la intención de mostrar el fraude electoral. En 1996, en medio de una crisis económica y política derivadas del “error de diciembre” y del levantamiento zapatista, el diputado Marco Rascón se colocó debajo del atril parlamentario con una máscara de puerco. Con este acto pretendió criticar al Ejecutivo y referir a los cerdos abusivos de la granja de Orwell. En 2001, con un gobierno dividido, una Beatriz Paredes sobria y elegante le diría a Vicente Fox en respuesta a su primer Informe: “Al hombre público se le evalúa por su capacidad de hacer. Los propósitos lo significan. Los hechos lo califican”.

Tras la incertidumbre del resultado electoral de 2006 y las quejas de fraude electoral, los diputados de la coalición lopezobradorista tomaron la tribuna e impidieron el Informe presencial. Tras entregar el documento en el vestíbulo del Congreso, Vicente Fox se despidió, sin interpelaciones ni protestas, con un mensaje televisivo de 26 minutos, grabado en la comodidad de Los Pinos.

Al año siguiente, el primer Informe de Felipe Calderón pasaría a la historia como el más breve del recinto parlamentario: seis minutos. Al día siguiente, en el patio central de Palacio Nacional, daría un mensaje largo frente a una audiencia complaciente y controlada. A partir de 2008, se eliminó la obligación presidencial de entregar el Informe al Congreso. Desde entonces, lo entrega la o el secretario de Gobernación.

Los ciudadanos hoy tenemos derecho a un mensaje transmitido en vivo frente a una audiencia aplaudidora y controlada. El acto permite una glosa en la que durante varios días comparecen frente al Congreso las y los secretarios de Estado y directores de las empresas productivas. El interés público de estas comparecencias, frente a un Congreso mayoritariamente oficialista, es limitado.

El dato frente al relato

El discurso del segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum contó con una fuerte dosis de optimismo en materia de seguridad, legalidad y desempeño socioeconómico —contrastante con las preocupaciones del mexicano promedio según la última encuesta de Enkoll.

Los resultados de las obras emblemáticas heredadas de la pasada administración colocan al relato por encima de los datos disponibles. Resaltan en particular cuatro: el Tren Maya, Mexicana de Aviación, el Tren Interocéanico y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Los datos mencionados en el discurso se centraron en medir el éxito a partir del número de usuarios y el cumplimiento de metas “conforme a lo previsto”. Esta información impidió conocer su verdadera rentabilidad social —esto es, la capacidad de una inversión para generar beneficios a la población en relación con los recursos invertidos— que, junto con datos verificables, es lo mínimo que se exige en el consejo de administración de cualquier empresa.

Los cuatro proyectos han funcionado con subsidios y han tenido un sobrecosto conforme al precio inicial que va del 44 % al 176 %, según datos publicados por la Secretaría de Hacienda. Bajo el argumento de seguridad nacional, estas obras administradas por las Fuerzas Armadas cuentan con reservas de información preocupantes. Así, el costo total del proyecto del Tren Maya (hasta 2027 y 2028) se ha reservado por cinco años. Los reportes de incidentes operativos del Tren Interoceánico pueden extender su reserva hasta 2031. También han sido reservadas, hasta 2029 y 2031 las actas del Consejo de Administración relativas a la distribución de subsidios y contratos militares para interconexión del Aeropuerto Felipe Ángeles y los contratos de arrendamiento y estudios de viabilidad de Mexicana de Aviación.

En los siguientes días el Informe será objeto de la glosa y de una gira en todos los estados del país para “rendir cuentas a los mexicanos”. Para que este ejercicio suceda, se necesitarán más datos y mucho menos relato.♦ 

*Lourdes Morales Canales es coordinadora del Programa de Ciudadanía en México Evalúa.

Más sobre este blog