INE: Populismo electoral

Por: Luis Carlos Ugalde

La propuesta de crear un Instituto Nacional Electoral (INE) es populista: despierta aplausos, suena correcta políticamente pero no resuelve problemas de fondo, y sienta un precedente muy dañino para el desarrollo democrático de México: la creencia de que atacando el síntoma se soluciona la enfermedad, cuando sólo se pospone su remedio. Presento dos razones por las que no me parece una buena idea:

1. No contribuiría a solucionar los problemas centrales que aquejan a la democracia electoral;
2. Podría hacer realidad el Principio de Peter aplicado al IFE: “Las organizaciones que realizan bien su trabajo son sobre cargadas de nuevas responsabilidades hasta alcanzar su nivel de incompetencia”. O como pregunta: ¿Para qué poner a prueba a una institución como el IFE que hace bien su trabajo operativo con más funciones que puede realizar mal?

Hay dos objetivos que enuncian quienes están a favor de centralizar la organización electoral:

1. Combatir la intromisión de los gobernadores en los procesos electorales.
2. Reducir los costos de la organización de elecciones.

Hay que analizar si la creación de un instituto nacional es eficaz para atender ambos objetivos. Vamos paso por paso.

 

1.      Combatir la intromisión de los gobernadores

Es cierto que hay un problema de intento de captura de autoridades electorales por parte de gobernadores de todos los partidos en muchas entidades (no sólo del PRI). Pero la solución de fondo pasa por los equilibrios de poder en las entidades y por combatir el ejercicio meta constitucional del poder político. Ése es un gran problema, no sólo en materia electoral, sino de la democracia mexicana.

[contextly_sidebar id=”22fef97bb203d67fc9a262cdfdfae0ea”]Si se lleva esta estrategia al extremo —la de centralizar funciones que no se realizan adecuadamente en las entidades—  habría que considerar nacionalizar los poderes legislativos porque algunos de ellos también son cooptados políticamente por los gobernadores, o incluso centralizar los órganos judiciales. La consecuencia lógica de estas acciones sería postergar el desarrollo político local, más que solucionar el problema de fondo. Es importante resaltar que la nacionalización de funciones políticas no es la ruta para estimular la rendición de cuentas de los gobiernos locales. Si bien es cierto que la discusión debe concentrarse en crear los instrumentos que mejoren y fortalezcan la democracia de México, me parece que hay alternativas para combatir la intromisión de algunos gobernadores, en lugar de “nacionalizar” la función electoral. Por mencionar algunos:

a)      Los mecanismos de nombramiento de las autoridades electorales. Es urgente limitar la influencia de los gobernadores en la designación. Una ruta de solución podría ser “centralizar” la fase final de la designación de los consejeros electorales. Por ejemplo, que sean los congresos locales quienes emitan la convocatoria, realicen las entrevistas y elaboren una primera lista de finalistas. Y que esa lista pase a otro poder en el ámbito federal para que realice la designación final: podría ser el Senado de la República o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

b)     En adición a mecanismos innovadores de nombramiento, es importante reforzar el principio de inamovilidad de los consejeros locales para fortalecer su independencia.

c)      Ampliar el periodo de ejercicio a plazos de 7 años, ya que en 13 entidades el periodo de los consejeros es de entre 3 o 4 años, lo que mina su independencia frente a los gobernadores.

d)     Prohibir la reelección de los consejeros electorales, pues esto genera incentivos para que estos funcionarios busquen quedar bien con uno u otro partido a fin de mantenerse en su puesto para el siguiente periodo.

 

2.      Reducir costo de organización

La creación de un Instituto Nacional de Elecciones reduciría algunos costos de la organización electoral, pero el problema real del costo de la democracia no es ése, sino el del financiamiento no registrado de las campañas. El costo de los institutos y tribunales estatales electorales en 2012 fue de 6,926 millones aproximadamente: 1,110 millones se destinaron a los tribunales y 5,816 millones a los institutos. En contraste, como lo muestra el estudio Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano realizado por Integralia y patrocinado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, el gasto no reportado en campañas es enorme y puede ser varias veces mayor que aquél fiscalizado por las autoridades electorales.

Si el objetivo de la reforma es ahorrar recursos derivados del costo del sistema electoral, valdría más la pena considerar las siguientes fuentes de ahorro:

–         Combatir el costo creciente de las campañas electorales, mediante mecanismos que ataquen el desvío de recursos públicos o los flujos de efectivo que se usan para la movilización del voto o las prácticas de pagar cobertura informativa.

–         Reducir las prerrogativas a los partidos políticos: en 2012 alcanzaron los 5 mil 143 millones de pesos en el ámbito federal, monto similar a lo que recibieron los partidos en 2006 (5 mil 393 millones), previo a la reforma de 2007.

–         A nivel estatal, la reforma no ha sido efectiva para reducir los costos de las campañas y los partidos reciben más recursos que antes: sus prerrogativas pasaron de 1,690 millones en 2004 a 2,750 millones en 2012, esto representa un incremento de 62.8% en términos reales.

 

3.      Recomendaciones

La idea del Instituto Nacional de Elecciones es centralizar las funciones electorales, con la finalidad de frenar las presuntas irregularidades de los procesos electorales locales. Pero en lugar de centralizar toda la burocracia electoral —con los enormes riesgos que ello implica— sería mejor centralizar algunas funciones electorales. Actualmente el IFE ya realiza funciones en nombre de los institutos electorales estatales: por ejemplo, el registro electoral y la credencialización, así como la administración de los tiempos en radio y televisión. Siguiendo esa ruta, podrían centralizarse otras funciones:

–         La redistritación electoral: actualmente el IFE elabora una redistritación federal cada 10 años con base en el censo del INEGI, y cada instituto hace una redistritación de su geografía electoral local. El IFE podría asumir esta función.

–         El nombramiento de autoridades electorales (esta recomendación ya se menciona más arriba).

–         Algunas fases del proceso de fiscalización de las campañas electorales: aunque ya existan diversos convenios entre el IFE y las autoridades locales, pueden legislarse para que haya más sincronía.

–         Trasladar la resolución de las quejas administrativas y de los procesos administrativos sancionadores a las salas regionales del TEPJF.

Aunque exista un Instituto Nacional Electoral, los problemas centrales de la democracia no se solucionarán mientras no se ataque su origen principal: el costo creciente de las campañas que se financia mayormente con recursos que no se reportan a las autoridades electorales (desvío de recursos públicos, financiamiento privado). Ese financiamiento ilegal y cuantioso genera corrupción: “te pago hoy para que me pagues mañana”, y eso significa obra pública, contratos, permisos de construcción, peculado, entre otras formas de corrupción.

Si los gobernadores intervienen en los procesos electorales de sus entidades se debe a los recursos que usan y que no son fiscalizados; si los gobernadores son capaces de meter mano en la designación de consejeros electorales es porque tienen cooptados a los congresos locales que son los que eligen (y eso lo logran con recursos e inclusive con pagos paralelos y hasta sobornos a los diputados de sus entidades). De tal forma que el nombre del problema es dinero, no las burocracias electorales. Querer atacar el síntoma y no la enfermedad, es postergar la solución de los problemas reales. En lugar de centralizar la organización de las elecciones, lo que se debe es poner contrapesos a la forma como gastan los gobiernos estatales. En lugar de exigir una reforma electoral antes de votar la energética, el PAN debería exigir una reforma a las leyes de Presupuesto y de Fiscalización para generar un sistema eficaz de control del gasto público en las entidades.

Una reforma electoral cuyo eje sea la creación del INE es populista: atractiva pero sin sustancia, noticiosa pero sin impacto, cosmética sin ir al problema de fondo. Obviamente se minaría parte de la influencia de los gobernadores, pero sin solucionar el problema de fondo y a un costo elevando: el de poner parches y colocar en riesgo la eficacia con la que actualmente opera el Instituto Federal Electoral, además del enorme riesgo de darles dimensión nacional a los conflictos electorales locales. Cada vez que haya una elección controvertida en algún municipio o entidad, será discutido en la mesa del Consejo General del INE en la ciudad de México y con ello cada conflicto local será potencialmente de alcance nacional.

Por todo lo anterior, aunque comparto la preocupación que han expuesto el PAN y el PRD respecto al intervencionismo de muchos gobernadores en los comicios locales, no creo que el INE sea la solución. Más aun, creo que la creación del INE simplemente distraerá la atención de lo relevante por varios años más. Y en 2019, una vez más, los perdedores de los comicios presidenciales del año previo exigirán una nueva reforma electoral.

* Luis Carlos Ugalde es Director General de Integralia.