INE: la relojería suiza se descompone. Parte II
blogeditor · 22 de octubre de 2015
No es verdad como algunos afirman que en 2004 se rompió el consenso de elegir a los mejores candidatos para ocupar el cargo de consejeros electorales como había ocurrido con el consejo “histórico”; lo que no funcionó en aquel año es que se dejó fuera a un partido (el PRD) de la repartición de cuotas. Este suceso, junto a una revuelta interna en el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, preparó el escenario para que en la primera oportunidad fuera removida una parte del Consejo General.
En efecto, la coyuntura electoral producto de los desaciertos del Consejo General durante y después de la elección presidencial de 2006, sirvieron de excusa para poner fin a su encargo, argumentando la “pérdida de confianza”.
Recuérdese que la diferencia entre el ganador Felipe Calderón y el segundo lugar Andrés Manuel López Obrador fue de un insólito 0.56 %. Esta diferencia de medio punto porcentual fue suficiente para dirigir las miradas en el árbitro electoral, pues ante una diferencia tan irrisoria, las actuaciones u omisiones de la autoridad electoral podrían adquirir dimensiones decisivas en los resultados a favor de uno u otro de los contrincantes.
La permisividad en la llamada “campaña negra”, así como la actuación vacilante del Consejo General al no dar a conocer los resultados preliminares en la noche de la elección, dictaron su futuro.
Al amparo de una reforma constitucional de 2007 y la creación de un nuevo COFIPE en 2008, se procedió a la sustitución de los primeros tres consejeros, no sin antes protagonizar los anteriores y en particular su consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, un show mediático afirmando que a los consejeros se les pretendía convertir en “rehenes de los partidos” y que era inconstitucional su remoción, a la que no renunciarían.
Con su separación, el PRD ajustó cuentas por su exclusión en la integración del anterior consejo general y sobre todo, para dar congruencia a su discurso de fraude electoral. Mientras que el PRI se libró del lastre que significaba mantener a consejeros electorales (incluyendo al presidente) seleccionados por la lideresa del SNTE cuando estuvo al frente de su expartido en la Cámara de Diputados.
Los llamados del consejero Ugalde de que tales hechos representaban un atentado contra “la autonomía del IFE” no solo no tuvieron respaldo, sino que motivaron para que el tercer partido, el PAN, se sumara de buena gana a la reforma constitucional y legal que sirvió de justificación para la renovación parcial del principal órgano de dirección.
Para entonces, era un secreto a voces la forma a la que recurrían los “especialistas” electorales para obtener la gracia de los partidos y ser nombrados consejeros por los diputados; fuera en una comida, cena, reunión privada, etc., donde se exhibían todo tipo de identidades ideológicas para lograr el asentimiento de aquellos; una vez alcanzado el objetivo deseado, se registraban al proceso de selección como ciudadanos comunes.
Lo que queremos decir es que la cuestionable argumentación jurídica que sirvió de pretexto para deshacerse de algunos consejeros generales (la renovación escalonada del Consejo General) era tan proporcional al estilo de cofradía, de hermandad por el que se les nombraba.
Lejos de cambiar con la designación de tres nuevos consejeros en 2008, se reforzó la repartición de cuotas entre los tres principales partidos en la Cámara de Diputados: Marco Antonio Baños por el PRI, Benito Nacif por el PAN y Leonardo Valdés por el PRD. El primero de ellos, otro de los alquimistas de la SEGOB que participó en la elaboración de la nueva legislación electoral de 1990 y antes de llegar al Consejo General, se desempeñaría por más de tres lustros en importantes cargos dentro de la alta burocracia del IFE.
Sobrevivieron en el encargo hasta 2010 aquellos que, nombrados en 2004, se les identificaba con los intereses de la burocracia o no se les relacionaba con la lideresa del magisterio; ejemplos como Arturo Sánchez, nombrado por Woldenberg Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos (1996-2003), que luego de concluir su periodo, repitió en 2014, mientras que Virgilio Andrade exasesor en la SEGOB, que al término de su encargo formó parte del equipo de la campaña presidencial del PRI en 2012, así como representante suplente de su partido ante el IFE y hoy titular de la Secretaría de la Función Pública.
Aún queda en el registro de la memoria colectiva la degradación moral de nuestras instituciones cuando en 2008, en su entrevista semanal de televisión, el periodista Ricardo Rocha le preguntó al nuevo presidente del Consejo General del IFE que si para alcanzar tal cargo había recurrido a los líderes partidistas y de los legisladores. “¿Les hablaste a tus cuates?”. “Les hablé”, contestó un titubeante Leonardo Valdés.
Es precisamente durante esta presidencia del Consejo General (2008-2013) cuando se produjo la mayor crisis de institucionalidad del IFE, cuando se opuso a que el gobierno federal cumpliera con el mandado constitucional y legal de emitir la Cédula de Identidad Ciudadana, y más tarde también, contra la Cédula de Identidad Personal.
Aquí no estábamos en presencia de un conflicto, si se quiere personal entre uno o varios consejeros contra un partido, o de un grupo contra un funcionario, sino que se trataba de un posicionamiento oficial de una institución estrictamente administrativa que se decía neutral al debate político; el árbitro se convirtió en un jugador más dentro de la cancha.
Entre 2009 y 2011 asistimos al lamentable espectáculo de un Consejo General en franco activismo ante los medios, cabildeando ante el Poder Legislativo para detener por razones políticas y no jurídicas ambas cédulas (cuyas figuras más visibles además del consejero presidente, fueron Francisco Guerrero, Marco Antonio Baños y Benito Nacif).
A diferencia de la crisis de 2007, el Consejo General contó como aliado principal al PRI y la subordinación a este del PRD; para ello se utilizó un discurso de un mal uso de los datos personales en manos de SEGOB, de una cédula de identidad para fines de “control político”, y que “atentaría a la democracia”, así como que significaba duplicidad de funciones.
Basta ver el comunicado oficial del Consejo General en enero de 2010 para comprender la desviación del significado de los organismos públicos autónomos, al pretender asignarles un papel político no conferido por el marco constitucional y peor aún, utilizarlo para desafiar al mismo Estado:
“La credencial para votar será el documento único de identidad, producido y puesto a disposición de la ciudadanía por el Instituto Federal Electoral”.
Se logró parar ambas cédulas, a costa de pasar por encima de la Constitución y la Ley General de Población.
Nunca como entonces los consejeros electorales se subordinaron, se convirtieron en voceros de los intereses de la burocracia electoral, una vez que ésta detectó que con la cédula de identidad ciudadana dejaría de ser obligatoria la credencial para votar y, en consecuencia, correría el riesgo de que su principal justificación para recibir recursos públicos, el Registro Federal de Electores caería en desuso y abandono por los ciudadanos.
De la inconstitucional e ilegal actuación del IFE cabría esperar algún pronunciamiento de los anteriores presidentes del Consejo General -Jorge Carpizo, Esteban Moctezuma, Emilio Chuayffet y José Woldenberg- asistentes al evento con motivo de las dos décadas del IFE en octubre de 2010, más aún cuando ellos habían conocido los trabajos legislativos y administrativos que disponían que la cédula de identidad ciudadana sustituiría a la credencial electoral; no obstante, el contenido de sus discursos miraron para otra parte.
Respecto al relevo de otros tres consejeros que debió ocurrir en octubre de 2010, ello se incumplió, quedando vacantes por más de un año debido a la falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios, ante la pretensión del PRI de que dos de ellos debían salir de su propuesta. En diciembre de 2011, se cubrieron los lugares por Lorenzo Córdova, Sergio García Ramírez y María Marván.
Así llegamos a 2014, donde la manía mexicana por crear más y nuevas normas se tradujo en la abrogación del COFIPE por la publicación de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que fracasó al no incluir una de sus promesas centrales de asumir la plena organización de las elecciones locales y la desaparición de los organismos electorales estatales.
En efecto, luego de una amenaza de revuelta por algunos Congresos Estatales –incluyendo el DF- se terminó haciendo una fachada de nuevas competencias para el INE, que lejos de eficientar su trabajo, complicó su operación al encargarle funciones otrora competencia de los organismos electorales de los Estados, con el agravante de que estos últimos no desaparecerán.
Vale apuntar que la renovación en su totalidad del nuevo Consejo General, ahora de 11 miembros, permitió la plena satisfacción de los tres principales partidos a la hora de hacer valer sus cuotas en la Cámara de Diputados. Los consejeros Marco Antonio Baños, Benito Nacif y Lorenzo Córdova nombrados en el marco del código abrogado (que impedía ser reelegidos), y cuya prohibición se repitió en la nueva ley, sorprendentemente volvieron a “dobletear”.
Ningún medio de comunicación, ningún académico, ningún político, ningún jurista alzó la voz para plantear claros visos de inconstitucionalidad en su reelección.
El nombramiento de Córdova como consejero presidente fue producto de una mezcla ambigua pero normal en la política mexicana. Su ascensión se lo debe al hecho de provenir de dos grupos cercanos al poder: por un lado, ser hijo del desaparecido politólogo y militante en la vieja izquierda Arnaldo Córdova, situación que le permitió incorporarse como asesor en el IFE con el camarada de su padre (Woldenberg) cuando este fue nombrado consejero ciudadano en 1994; por entonces Córdova hijo se desdobló para realizar estudios de teoría política en Italia y cobrar como asesor electoral en México. Por otro lado, las relaciones públicas de su padre le permitieron acceder al grupo de abogados tutelados por Jorge Carpizo y Diego Valadés, ambos con clara trayectoria en los gobiernos autoritarios del PRI. Bajo la protección de dicho grupo, el hijo de Arnaldo Córdova se incorporó como investigador, especialista en teoría política.
Lo cierto es que el nombramiento del Córdova, primero como consejero en 2011 y ahora como consejero presidente, fue visto como natural en la institución electoral, que a decir de aquel “es la tercera vez” que se incorpora al instituto; el mismo día que se dio a conocer su nombramiento como consejero presidente, dos de los diarios más importantes –El Universal y Excélsior– desplegaron en sus medios electrónicos una casi idéntica radiografía de Córdova, más parecida a una inserción pagada que a una nota periodística.
Al igual que su maestro Woldenberg, durante años había preparado el terreno para este momento, diseñándose una imagen jovial y desprovista de ambiciones: detenerse regularmente en la puerta del edificio central del IFE para recibir lustre a su calzado, comer por 10 pesos en el mismo lugar donde lo hacen los empleados “para supervisar la calidad de los alimentos”, declararse “liberal socialista” y, por supuesto, su pasión por el filósofo del derecho Norberto Bobbio, de quien se dice especialista.
Con la llegada de Córdova y de los demás integrantes del nuevo Consejo General asistimos al fracaso definitivo de los intentos por incorporar un tercer sector “ciudadano” inmune a las presiones de los partidos y de la alta burocracia electoral, sector responsable de las principales decisiones en la conducción y desarrollo de las elecciones.
De los 11 consejeros –entre ellos tres mujeres-, cinco habían ocupado previamente puestos de la alta burocracia del IFE, tres bien ya habían sido consejeros generales (uno del Instituto Electoral del DF) o se habían desempeñado como asesores con alguno de ellos, los tres restantes procedían del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se trata nada menos que de la claudicación a estructuras burocráticas renuentes a que se introduzcan en la legislación cualquier cambio que haga disminuir el costoso financiamiento público a los partidos políticos (el más oneroso en todo el continente y seguramente uno de los más altos del mundo) y en partida doble, reducir los altos sueldos de un personal administrativo y judicial obeso e ineficiente.
El premio Nobel Octavio Paz afirmaba, con toda exactitud, que los llamados intelectuales de izquierda más se les conocía por sus declaraciones políticas que por sus obras académicas, lo cual es extensivo para muchos de los que han ocupado el cargo de consejeros generales en cualquiera de las diferentes épocas, sean hombres o mujeres, sean de izquierda o de derecha. Si acaso alguno o alguna tienen una obra publicada, sirven para justificar su vínculo a la academia antes que aportar algo en la materia electoral.
* Héctor Fernández Pedroza tiene estudios doctorales y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España, y es Profesor de la UNAM ([email protected]).