Claudia Ramos · 11 de septiembre de 2025
En días recientes fuimos testigos directos de la dramática caída del gobierno de Nepal tras una serie masiva de protestas populares. Apenas una semana antes, Indonesia mostraba un escenario comparable. En ciudades como Katmandú y Yakarta, los edificios gubernamentales y los parlamentos fueron ocupados e incendiados, evidenciando un nivel extremo de descontento social. Estos pueden no ser episodios aislados, más bien podrían señalar el surgimiento de una nueva ola de protestas en Asia.
Por más distantes que puedan parecer, ambos casos han puesto en evidencia las tensiones latentes en dos democracias asiáticas que, pese a sus diferencias históricas y culturales, comparten retos comunes: el desgaste institucional, la creciente desigualdad y el aumento de la desconfianza (especialmente entre los jóvenes) hacia las élites políticas. En Yakarta como en Katmandú, miles de manifestantes salieron a las calles no solo para rechazar medidas gubernamentales concretas, sino también para manifestar su hartazgo frente a la corrupción y rechazar un modelo de gobernanza percibido como distante, poco transparente y cada vez más incapaz de responder a las demandas sociales.
Tanto en Indonesia como en Nepal, el trasfondo de las movilizaciones revela una constante: la desconexión entre gobiernos y ciudadanías cada vez más impacientes frente a la corrupción y la falta de oportunidades. En ambos países, la juventud se ha convertido en un actor central de la protesta, encarnando un hartazgo que trasciende coyunturas específicas y que apunta a fallas estructurales en la representación política. La precariedad laboral, el encarecimiento de la vida y la percepción de que las élites gobiernan para sus propios intereses han funcionado como catalizadores de un descontento social que ha llevado a miles de personas a salir a las calles a protestar.
Estas similitudes sugieren que no se trata de episodios aislados, sino de síntomas de democracias que han quedado atrapadas en un ciclo de promesas incumplidas y legitimidad erosionada, sobre todo frente a las juventudes. Esto no es nuevo, pues las precarias condiciones económicas que enfrentan los jóvenes en el sur de Asia ya han derrocado gobiernos. Tan solo hace un año veíamos como en Bangladesh la juventud se alzó contra el gobierno de la primera ministra Sheikh Hasina, tras la decisión de la Suprema Corte bangladesí de mantener el sistema de cuotas para acceder a empleos en el sector público. La mayoría de la población consideraba que este sistema era discriminatorio, limitaba sus oportunidades, y profundizaba la exclusión de los jóvenes en un mercado laboral ya de por sí saturado.
Ahora en Indonesia vimos como la decisión del Parlamento de aumentar los subsidios de vivienda, transporte y manutención para los parlamentarios detonó una oleada de protestas masivas, pues estos subsidios se vieron como insensibles en un contexto donde la economía de las personas se ve cada vez mas endeble. Estas medidas, en conjunto con declaraciones poco acertadas por parte de diversos miembros del Parlamento, inflamaron las tensiones sociales preexistentes y se sumaron a reivindicaciones populares en temas como la corrupción y la situación económica; tras la respuesta violenta del gobierno, se incluyeron demandas de reforma policial.
Si bien las protestas lograron atraer la atención mediática tras el incendio de dos sedes parlamentarias locales en Makassar y Bandung, tras una fuerte represión policial y miles de detenciones las protestas en Indonesia han disminuido, pero los problemas de fondo siguen sin resolverse. Por su parte en Nepal, las protestas reflejan otra muestra de un creciente descontento popular frente a la corrupción, el desempleo juvenil y la percepción de que la clase política ha fallado en cumplir las promesas de estabilidad tras la transición democrática. Las movilizaciones, lideradas principalmente por jóvenes, estallaron tras una iniciativa del gobierno de limitar el acceso a redes sociales.
Sin embargo, esto solo fue el detonante, pues aunque el gobierno revirtió la prohibición de acceso a redes sociales, las protestas continuaron al punto de incendiar la sede del Parlamento, así como las oficinas del primer ministro, el ataque a varios miembros del gabinete y sus familias, y en última instancia la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli. Al analizar ambos casos podemos ver claramente las similitudes en las causas de las protestas en ambos países, como son la corrupción, la creciente brecha entre la clase política enriquecida y una población empobrecida, así como la falta de oportunidades económicas para los jóvenes.
La convergencia de estas problemáticas refleja no solo fallas estructurales en la gobernanza de Nepal e Indonesia, sino que es una situación que podemos observar en otros países de la región. La percepción del desprecio por las necesidades básicas de la población genera un caldo de cultivo para la frustración colectiva. Ignorar estas señales podría implicar subestimar un fenómeno más profundo, en el que la incapacidad de los gobiernos para garantizar justicia social y equidad económica podría derivar en crisis políticas de mayor envergadura, movilizaciones sostenidas y un cuestionamiento generalizado de los sistemas de poder existentes. Frente a este contexto es necesario hacernos la pregunta de que si lo ocurrido en Indonesia y Nepal son episodios aislados o si, por el contrario, estamos ante el comienzo de una nueva ola de protestas en Asia.