Inclusión simulada: cuando las leyes y el presupuesto no alcanzan las aulas

Es tu primer día de clases y la emoción te invade. Metes tus cuadernos a la mochila y sueñas con un futuro lleno de oportunidades. Pero en el momento en que llegas a la escuela, la realidad te golpea: no hay rampas para entrar con la silla de ruedas que debes usar para desplazarte, tampoco baños adaptados para las necesidades de un estudiante con discapacidad motora. Volteas y ves a una compañera con discapacidad visual que no logra entender hacia dónde ir porque en su escuela tampoco existen señaléticas en braille.

Eres un estudiante brillante, pero el entorno escolar te recuerda que, en realidad, tú no eres bienvenido. La escuela, en su infraestructura y en sus prácticas, se convierte en una barrera insuperable.

Llevar a cabo la inclusión educativa en México requiere mucho más que buenas intenciones, exige infraestructura adecuada, docentes capacitados, materiales adaptados y políticas que garanticen derechos. Todo esto se cae cuando más del 70 % de las escuelas en el país no cuentan con infraestructura adaptada para que las y los estudiantes puedan entrar y ejercer su derecho a aprender. Sí, un derecho, no un favor. Peor aún, muchas escuelas en México no tienen baños, electricidad, agua potable o lavamanos.

En el papel, la ley reconoce el derecho a la inclusión. Los artículos 64 y 65 de la Ley General de Educación establecen que las autoridades deben garantizar la eliminación de obstáculos para que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad puedan acceder y participar en igualdad de condiciones en el sistema educativo. Se deben ofrecer condiciones necesarias, infraestructura accesible y formación especializada para docentes.

En el año que lleva la actual Legislatura, diputadas y diputados han presentado cinco puntos de acuerdo para modificar estos artículos y avanzar en la materia. Con gran desconocimiento de lo que realmente sucede en las aulas proponen que la ley obligue a contar con infraestructura accesible y universal, incluyendo rampas, pasamanos, elevadores, baños adaptados, señalización en braille, pisos táctiles y sistemas de alerta visual y sonora; capacitación del personal educativo para la inclusión y el monitoreo del cumplimiento de esas disposiciones, garantizando los espacios físicos y el mobiliario ajustado de acuerdo con las necesidades particulares de las y los estudiantes.

Y las propuestas van más allá cuando plantean adecuar espacios sensoriales y áreas de calma que permitan la atención a personas con trastornos del espectro autista u otras condiciones neurodivergentes, proveer iluminación, ventilación y acústica apropiadas para minimizar estímulos adversos y garantizar un entorno adecuado para el aprendizaje.

La lista de buenos deseos es larga, pero el presupuesto no acompaña. Para 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone 824 millones 350 mil 493 pesos para el fortalecimiento de los servicios de educación especial. Para dimensionar, en 2026 se destinarán 186 mil 300 millones de pesos solo en becas. Así de grande es la diferencia. Las becas sirven para llegar a la escuela, pero cuando tienes discapacidad, la escuela misma se convierte en la barrera a tu aprendizaje.

En el papel, la ley reconoce el derecho a la inclusión, pero esas disposiciones son letra muerta en muchas escuelas y nos demuestra una clara desconexión entre las buenas intenciones de las y los legisladores, el presupuesto asignado y la realidad en las aulas.

La mayoría de las y los docentes no cuenta con formación en atención a la discapacidad; además, carecen de materiales adaptados necesarios para incluir a las y los estudiantes con discapacidad y las escuelas con infraestructura adecuada son la excepción.

No se trata de buenas intenciones, no basta con crear iniciativas que se quedarán en la congeladora legislativa, serán rechazadas o serán letra muerta por falta de presupuesto. Se requiere atender con seriedad y compromiso una situación que afecta a millones de niñas, niños y jóvenes que están fuera del sistema porque no pueden entrar a la escuela.

Solo 1 de cada 4 personas con discapacidad en México acude a la escuela, los otros 3 no pueden ejercer su derecho a aprender por la falta de voluntad y recursos, porque la discapacidad sigue siendo invisible para el sistema educativo.

Incluir no es solo recibir a un estudiante con discapacidad, incluir no es obligar desde la ley a abrir las puertas a las y los estudiantes con discapacidad sin una sola herramienta para que aprendan. Incluir es comprometerse desde la ley, desde el presupuesto y la práctica, a que esa niña o niño tenga lo necesario para aprender, porque ese es su derecho.

* Luz Romano (@LromanoE) es directora de Comunicación Institucional en Mexicanos Primero.