Redacción Animal Político · 27 de marzo de 2024
El 27 de marzo de 2023, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrió un incendio fatal en el cual agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) permitieron que 40 hombres murieran en una celda. Este año el INM anunció que va a construir otra cárcel, esta vez más grande y lejos de la ciudad. La reacción del Estado ha sido parecida a otros casos de homicidio donde está involucrado: proteger a los poderosos, sacrificar a los más vulnerables y esperar que el tiempo borre todo.
La investigación penal sigue su curso; hay 11 personas vinculadas a un proceso penal: dos hombres que estaban dentro de la celda migratoria, un agente de seguridad privada, tres agentes migratorios, el excoordinador de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz (prófugo), y Francisco Garduño Yáñez, Comisionado del INM, quien está en libertad condicional y en funciones. Aún no se ha emitido ninguna sentencia.
Asimismo, el proceso de reparación a las familias de los migrantes fallecidos continúa. A la fecha, la mayoría de las familias en El Salvador, Guatemala y Honduras han firmado documentos para el proceso de reparación, pero no se ha finalizado, aún si la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no realizó evaluaciones individuales como establece la ley. Es decir, una madre con cinco hijos que perdió a su esposo en el incendio recibirá lo mismo que un familiar sin dependientes. Ninguna de las 42 personas sobrevivientes, 27 hombres y 15 mujeres, han recibido una reparación.
Las organizaciones de la sociedad civil hemos brindado labores de acompañamiento a algunos sobrevivientes y familias de fallecidos, como representantes en el proceso penal, de cumplimiento de la Recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y en la reparación del daño frente a CEAV. Además de aportar evidencia al Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento del Senado, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Preparamos las solicitudes para la reparación considerando el daño físico, neurológico, y expectativa de calidad de vida. Además, brindamos apoyo meticuloso en sus planes de vida atendiendo cada detalle: desde solicitudes humanitarias para entrar a Estados Unidos y estar con sus familias, hasta documentos de autorización para trabajar. También gestionamos la búsqueda de abogados probono para sus casos de asilo, atención médica, formas de subsistencia y acompañamiento ante el estrés postraumático que el evento desencadenó.
Más allá de la tragedia, lo que debe pasar no está pasando. El INM debe cerrar sus cárceles migratorias o las debe convertir en centros de información y documentación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que ninguna persona puede estar más de 36 horas en las estaciones –¿por qué no utilizar esas horas para orientar y documentar a las personas en movilidad? Dejar que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) entreviste a las personas, que las organizaciones de la sociedad civil apoyen sorteando necesidades y posibilidades dentro del marco normativo.
El informe de la CNDH fue contundente: ninguna de las 49 estaciones migratorias evaluadas tiene condiciones adecuadas para estar en función. Desde el incendio ha habido al menos dos muertes adicionales en estaciones migratorias. Con más de 25 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los últimos 10 años, el INM está desafiando abiertamente las normas del Estado mexicano, ignorando el hacinamiento, la tortura, el homicidio y la falta de acceso a la salud, y al debido proceso.
La estructura del INM está podrida y se necesita extraer la corrupción y la crueldad de su interior. Eso no se hace dándole más dinero o protegiendo a los servidores amigos que acordaron liderear la institución, sabiendo que era y es una bomba de tiempo.
Como en toda tragedia, es difícil transmitir a quienes leen sobre el caso los impactos físicos y psicológicos, las nuevas secuelas que surgen cada día y cómo estas vidas nunca volverán a ser las mismas. Ha pasado un año y parece que el Estado mexicano no ha aprendido mucho, sigue deteniendo a las personas y colocándolas en cárceles migratorias en condiciones deplorables, pero el olvido no es la opción porque quienes buscan mejores condiciones de vida para sus familias, como tú y como yo, merecen condiciones dignas en este país.
* Gretchen Kuhner es directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C. (IMUMI).