Redacción Animal Político · 15 de mayo de 2023
Desde hace aproximadamente 20 años, primero a través del IFAI y luego del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Estado mexicano ha hecho posible el ejercicio del derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 6o. constitucional.
El acceso a la información, los datos abiertos y la transparencia, aunque están ligados entre sí, no son lo mismo. La transparencia es la acción del Estado de otorgar a quien lo solicite el acceso a documentos relativos a sus competencias y al ejercicio de los recursos públicos para que la ciudadanía pueda revisarlos, analizarlos y, en su caso, utilizarlos como instrumentos de prueba para la rendición de cuentas y combate a la corrupción. Por su parte, el acceso a la información es un derecho humano que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información generada, administrada o en posesión de autoridades. En tercer lugar, los datos abiertos son información digital de carácter público, accesible en línea y que pueden ser utilizados libremente por cualquier persona. Entre ellos hay una relación armónica, además de que son necesarios para el disfrute de otros derechos humanos, lo que los vuelve primordiales.
Lamentablemente, el organismo garante de estos derechos a nivel federal, es decir, el INAI, se encuentra impedido para sesionar por la falta de nombramiento de tres de sus siete comisionados por parte del Senado de la República. Debido a esto, a partir del 31 de marzo de 2023 el Pleno tiene acumulados más de 3 mil recursos, lo cual muestra que esta grave omisión atenta contra la autonomía constitucional de dicho órgano y pone en peligro nuestro régimen democrático.
A través de los recursos de los que conoce el INAI, los ciudadanos pueden impugnar negativas de acceso a la información por parte de sujetos obligados a nivel federal y también de organismos garantes de las entidades federativas.
Desde 2013, GIRE es una de las organizaciones de la sociedad civil que ha utilizado las solicitudes de acceso a la información (SAI) como herramienta vital de trabajo, principalmente para la investigación sobre el estado de los derechos reproductivos en México. Hemos realizado más de 7 mil SAI a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el sistema INFOMEX. En varias ocasiones hemos tenido que recurrir a esas herramientas porque no es posible conocer información suficiente a través de datos públicos o portales de internet de las autoridades de salud, procuración y administración de justicia.
Sin embargo, muchas veces los sujetos obligados nos han negado la información que solicitamos, alegando inexistencia, incompetencia o que se trata de información confidencial. En otras ocasiones, simplemente no nos han contestado y hemos interpuesto diversos recursos de revisión ante el INAI.
Una vez GIRE solicitó versiones públicas, es decir sin datos personales, de diversas resoluciones al Poder Judicial del Estado de Tabasco. Dicha instancia negó la información por considerar que era confidencial, a pesar de que GIRE fue enfática en señalar que solicitaba versiones públicas. En contra de esa decisión se interpuso el recurso de revisión ante el órgano garante estatal, el cual en 2022 confirmó la decisión del Poder Judicial del Estado. Fue hasta que recurrimos ante el INAI que dicho órgano ordenó que se entregaran las versiones públicas y finalmente pudimos acceder a la información para llevar a cabo una investigación adecuada.
Para GIRE es claro que la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información funcionan como mecanismos de rendición de cuentas para que organizaciones, en especial las dedicadas a la salud y los derechos reproductivos, puedan monitorear el perfil de las personas que acuden a los servicios, las cifras totales de personas usuarias y demás patrones importantes relacionados con el tipo de atención proporcionada.
En palabras de la comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra, “la transparencia y el acceso a la información cumplen múltiples funciones como fortalecer la legitimidad del régimen democrático, fomentar la participación ciudadana, recuperar la confianza en las acciones gubernamentales, posibilitar el ejercicio de rendición de cuentas efectivo, incentivar el debate y la opinión pública, coadyuvar a combatir la corrupción en la medida que abren y visibilizan los casos donde hay actuación irregular de las autoridades, promover la integridad en el servicio público, así como salvaguardar y facilitar los derechos humanos”.
El INAI es un órgano esencial para el ejercicio de los derechos en México y sus funciones no pueden ser absorbidas por otra instancia como lo ha propuesto el Presidente de la República, pues ninguna de las instancias a las que se ha hecho referencia desde el Poder Ejecutivo cuenta con facultades sobre los tres Poderes de la Unión para garantizar a la población el pleno ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales.
No podemos permitir que órganos autónomos como el INAI desaparezcan o se debiliten; antes bien, deben fortalecerse cada día. Desaparecer este Instituto sería un atentado contra la democracia y un claro retroceso en el disfrute del derecho de acceso a la información en México.
* Valentina Gómez García (@vickie129g) es Investigadora Jurídica en @GIRE_mx.