Cuando superamos a Estados Unidos: el modelo mexicano de transparencia que está en peligro

El Congreso mexicano está a punto de cometer un error histórico: desmantelar de un plumazo al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Contrario a lo que sostienen los defensores de la reforma, esta decisión no se trata simplemente de eliminar una agencia burocrática más o de corregir una “anomalía”, como le han llamado; significa desmantelar uno de los modelos de transparencia más exitosos del mundo. Acabar con el INAI podría no solo aniquilar más de dos décadas de avances, sino también enviar un mensaje ominoso: en México, los logros construidos para proteger los derechos de la ciudadanía pueden ser sacrificados ante las conveniencias políticas del momento.

En esta coyuntura, resulta crucial comprender qué exactamente diferencia al modelo mexicano de transparencia de otros enfoques. Esto no solo permite dimensionar mejor las implicaciones de su posible desmantelamiento, sino también prever los caminos que México podría tomar si la reforma avanza.

En particular, comparar el modelo mexicano con el de Estados Unidos permite evidenciar las divergencias tanto en sus marcos institucionales como en la forma en que se implementa la transparencia en la práctica. El modelo mexicano se ha caracterizado por la existencia de un órgano garante especializado, el respaldo de garantías constitucionales y un acceso a la información con cargas reducidas para la ciudadanía. En cambio, el sistema estadounidense funciona bajo un modelo en el cual el acceso a la información depende en última instancia de procedimientos y decisiones judiciales. Aunque ambos enfoques presentan ventajas y debilidades, la diferencia central radica en la credibilidad del compromiso del Estado, la accesibilidad para la ciudadanía y la efectividad en la protección de sus derechos.

El propósito de este breve texto es poner en evidencia cómo se ven y, sobre todo, cómo operan ambos modelos. Al hacerlo, es posible reconocer con mayor nitidez las ventajas distintivas del modelo mexicano, un sistema que podría perderse si la modificación a la Constitución propuesta por el expresidente López Obrador se convierte en realidad.

Dos modelos, dos experiencias

Es evidente que México y Estados Unidos tienen numerosas diferencias en términos institucionales, jurídicos y políticos. Sin embargo, ambos países tienen sistemas de transparencia que, en principio, permiten a las personas obtener información en manos del gobierno. Este punto es crucial, ya que sugiere que una comparación clave radica en cómo modelos distintos se traducen en la experiencia de acceso para la ciudadanía.

El sistema mexicano se distingue por dos cosas. La primera es lo que los expertos denominan un “compromiso institucional creíble”. Esto implica asegurar que las promesas de transparencia sean confiables para la ciudadanía, es decir, que se van a cumplir. En un contexto donde el gobierno ha tenido un historial de ocultar información —como ocurrió históricamente en México—, es probable que su credibilidad sea baja. Para mitigar esta desconfianza, la Constitución estableció un sistema de garantías que incluye un organismo especializado en transparencia (el INAI), con independencia de los otros poderes y con facultades para exigir cuentas a cualquier autoridad y sancionar incumplimientos, garantizando así el derecho de toda persona a acceder a información pública. Además, se instituyó un recurso de revisión respaldado por la Constitución y se impusieron límites a lo que el Estado puede clasificar como información reservada o secreta. Todo esto construye una arquitectura legal e institucional que refuerza la credibilidad de la promesa de transparencia en México.

En segundo lugar, el sistema mexicano busca transferir la mayoría de las cargas administrativas al gobierno, en beneficio de la ciudadanía. Esto es especialmente destacable en un país donde el Estado suele imponer todo tipo de costos a los ciudadanos. Cualquier interacción con el gobierno, incluida la solicitud de información, implica gastos: desde localizar la fuente adecuada hasta pagar tarifas o presentar reclamaciones. El sistema mexicano reduce estos costos mediante la estandarización de procedimientos, la creación de un portal único para acceder a toda la información pública y la eliminación de intermediarios. De esta manera, para obtener información del gobierno basta con ingresar a la Plataforma Nacional de Transparencia, realizar una solicitud a la autoridad competente y esperar una respuesta gratuita por el mismo medio.

En México, según datos del INEGI, más de 95 % de las solicitudes de información se resuelven dentro de los plazos legales, y solo en 2 % de los casos se niega la información por ser confidencial o se declara como reservada. Si una persona considera que su derecho de acceso ha sido vulnerado, puede presentar un recurso en el mismo medio utilizado para hacer la solicitud. Además, gracias al INAI, existe un proceso de revisión gratuito, ágil y sin necesidad de abogados, en el que los solicitantes obtienen una resolución favorable en aproximadamente tres de cada cuatro casos.

A diferencia del sistema de transparencia mexicano, en Estados Unidos no existe un órgano independiente y especializado con autoridad para garantizar el cumplimiento de las leyes de acceso a la información. El sistema estadounidense está completamente descentralizado, lo que significa que cada dependencia gestiona sus propias solicitudes de información, obligando al ciudadano a identificar el lugar adecuado para realizar su solicitud y a cumplir con las demandas particulares de cada agencia.

Al igual que en México, las dependencias gubernamentales en Estados Unidos a veces niegan el acceso, omiten la publicación de información obligatoria, responden con declaraciones de reserva, afirman que la información no existe o simplemente no contestan dentro del plazo legal. De hecho, el gobierno estadounidense niega el acceso con mayor frecuencia de lo que lo proporciona: clasifica la información como reservada en más de 40 % de los casos y la declara inexistente en más de 20 %. Sin embargo, en Estados Unidos, cuando una persona considera que una autoridad ha vulnerado su derecho de acceso, debe interponer un recurso ante la misma entidad que le negó la información. Si el problema persiste y el ciudadano sigue insatisfecho, la única opción restante es presentar una demanda en una corte federal, lo que implica judicializar el caso.

En los casi 60 años de existencia de la ley de transparencia en Estados Unidos, los mecanismos de cumplimiento han mostrado debilidades importantes. Una de las principales causas de este problema radica en que iniciar una demanda en un tribunal federal es un proceso costoso, complejo y difícil de llevar a cabo sin la asistencia de un abogado, además de ser extremadamente lento. Como resultado, son muy pocas las decisiones que niegan el derecho de acceso que terminan siendo impugnadas y revisadas por un juez. A pesar de que se presentan más de un millón de solicitudes anualmente ante el gobierno federal, solo se interponen alrededor de 800 demandas (o sea 0.08 %, mientras que en México se recurre alrededor de 5 % de las solicitudes).

Por otro lado, los tribunales federales en Estados Unidos han demostrado ser excesivamente susceptibles a las alegaciones de “necesidad de secreto” por parte del gobierno. Dado que los jueces federales no están especializados en leyes de transparencia, tienden a aceptar sin muchas pruebas las afirmaciones de las agencias gubernamentales de que ciertos registros no pueden hacerse públicos por razones de seguridad o privacidad. En otras palabras, los tribunales han mostrado una independencia limitada frente a los intereses del poder ejecutivo. Como consecuencia, las agencias gubernamentales ganan más de 90 % de los casos relacionados con el acceso a la información.

Dada la remota posibilidad de una revisión judicial efectiva y la deferencia que los jueces muestran hacia los intereses de las agencias gubernamentales, no existen incentivos claros para mejorar el cumplimiento de la ley. Incluso cuando no hay mala fe, los funcionarios naturalmente destinan menos recursos a la transparencia, lo que hace que los retrasos y el incumplimiento de plazos sean la norma. Para evitar riesgos, tienden a denegar el acceso a la información mediante clasificaciones excesivas o retienen información para evitar repercusiones políticas. Estas violaciones a la ley, en la mayoría de los casos, no generan ninguna consecuencia.

Lo que está en juego

La transparencia es incómoda, representa una distracción y supone una carga de trabajo y costos, tanto para las agencias como para los ciudadanos. Por eso, asegurar un compromiso creíble y establecer un sistema que reduzca las cargas administrativas se convierten en aspectos nada triviales.

En ausencia de una razón sólida y de una autoridad independiente que supervise y garantice el cumplimiento, incluso los funcionarios bien intencionados tienden a evitar las tareas de localizar, revisar y proporcionar documentos al público. Las agencias gubernamentales carecen de incentivos ante la remota probabilidad de que un ciudadano tenga el tiempo, los recursos y el conocimiento necesarios para contratar a un abogado y presentar una demanda federal, enfrentándose a un proceso que puede prolongarse durante años y muy probablemente finalizar a favor del gobierno. Esta falta de aplicación efectiva y de supervisión independiente limita la transparencia en Estados Unidos. Aunque el sistema mexicano no está exento de problemas y desafíos —como se ha documentado—, la existencia de un garante autónomo y un sistema centralizado que minimiza las cargas administrativas y es gestionado por el propio instituto representan ventajas muy significativas. El hecho de que el INAI administre un sistema diseñado con la ciudadanía en mente incide directamente en la efectividad del derecho de acceso a la información.

Eso es lo que realmente está en juego con la reforma que se discute hoy. El riesgo no radica únicamente en la desaparición de una burocracia o de un portal, sino en la incapacidad del Estado mexicano para rendir cuentas de manera efectiva y garantizar el derecho humano a la información. La experiencia de Estados Unidos demuestra que un sistema descentralizado y sin un órgano independiente de vigilancia tiende a ser débil, ineficaz y oneroso para la ciudadanía. Si México adopta un modelo similar —como parece ser el objetivo de MORENA y sus aliados—, los logros alcanzados en casi dos décadas de esfuerzos por construir un sistema robusto y accesible correrían el riesgo de desmoronarse.

Abandonar un modelo que ha demostrado ser comparativamente más ventajoso que otros no solo sería un retroceso, sino una concesión a la opacidad. La cuestión fundamental no es si México puede prescindir de un instituto como el INAI; la verdadera pregunta es si está dispuesto a renunciar a los avances y salvaguardas que han logrado poco a poco transparentar al gobierno. Los legisladores mexicanos deben decidir si quieren ser recordados como quienes defendieron la transparencia o como quienes, siguiendo órdenes, decidieron desmantelarla.

* Fernando Nieto es profesor de administración pública en el Centro de Estudios Internacionales y director del Programa de Ciencia de Datos de El Colegio de México. Margaret B. Kwoka es profesora Lawrence Herman de derecho en el Colegio Moritz de la Universidad Estatal de Ohio.