Millones de solicitudes: la evolución del uso masivo del acceso a la información y el rol del INAI

El bloque de reformas constitucionales que permitieron la creación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Datos Personales (INAI) como órgano autónomo y el Sistema Nacional de Transparencia en 2014, y que habilitaron que un año después, en 2015, se aprobara la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) tuvieron un impacto positivo (e inmediato) en el derecho de acceso a la información pública de todas las personas que habitamos México.

Pongamos las afirmaciones en datos. Según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) compilados por pidala.info, el tiempo promedio por cada solicitud de información se redujo en los 23 estados donde hay datos para ese periodo. El cambio es especialmente notorio en los estados que tardaban más en contestar: en Hidalgo las solicitudes pasaron de tardar 70 días en promedio antes de la reforma a tardar 35 el año posterior a la misma; en Sonora la reducción del tiempo fue de 27 días, en Nayarit de 14 y en Durango de 9.5.

El objetivo de la creación del INAI y los Órganos Garantes de cada estado era tener una agencia nacional y 32 estatales que pudieran supervisar la acción de los gobiernos, poder legislativo, judicial, organismos autónomos, sindicatos y otras personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos públicos. Además, son los responsables de garantizar los tiempos máximos de respuesta de las solicitudes establecidos por la LGTAIP.

Es vital para la transparencia que la ciudadanía pueda confiar en el proceso. Más allá de si las solicitudes se responden o no, también es importante saber cuándo se responde. Sin embargo, algunas solicitudes se pierden en el tiempo. Antes de 2015 estas pérdidas o descuidos eran habituales. 1460 solicitudes en los 23 estados de los que tenemos datos tardaron más de 1000 días en ser atendidas, cuando la mayoría de leyes estatales estipulaban un período de respuesta entre 10 y 15 días.

A partir de la aprobación de la LGTAIP (el 05 mayo de 2015) no hay ninguna solicitud que tarde más de 1000 días en ser contestada; si bien sigue incumpliendo la ley, es una mejora considerable. En 2019 se observa cómo hay de nuevo una reducción paulatina del tiempo máximo de respuesta de las solicitudes, lo cual indica que se sigue progresando en la materia, dentro de las prerrogativas del sistema aún vigente.

Es especialmente importante recordar que este análisis se puede realizar gracias a que la LGTAIP creó la PNT, repositorio virtual que concentra la información de los más de ocho mil sujetos obligados de toda la república. Para calcular estas métricas se han usado cortes de información del total de 9.1 millones de solicitudes de información realizadas en los últimos 22 años, recopiladas para la plataforma, y analizadas por el proyecto pidala.info. Este bien público mexicano es hoy por hoy único en el mundo y sirve de ejemplo para otros países.

La situación actual es que el Derecho de Acceso a la Información (DAI) se usa de forma masiva en México. En este sexenio se han realizado más de cinco millones de solicitudes de información a casi diez mil sujetos obligados. “Municipio”, “informe”, “datos”, “secretaria” y “servicios” son las cinco palabras más usadas en las preguntas de las solicitudes y muestran la transversalidad que abarca el sistema. Desde el lanzamiento de la PNT el número de solicitudes lleva años creciendo de forma sostenida.

A pesar de las mejoras y las buenas métricas, las personas usuarias habituales del sistema de transparencia y acceso a la información sabemos que necesita mejoras. Tal y como señala el Índice Global del Derecho a la Información, la LGTAIP falla a la hora de establecer incentivos para disuadir y controlar a las autoridades públicas que sistemáticamente no divulgan información o no cumplen sus obligaciones. En este sentido, es prioritario promover un sistema de sanciones que pueda actuar de oficio de manera ágil y precisa.

Además de esto, la lógica de la PNT ha quedado obsoleta. Se debe superar la idea actual de una plataforma que digitaliza y centraliza el proceso de realizar solicitudes, para convertirse en una herramienta que conecte de forma dinámica sujetos obligados y ciudadanos. Por ejemplo, es necesario crear mecanismos que permitan acceder directamente a la información a medida que esta se genere por las instituciones públicas, sin necesidad de pedirla una y otra vez. Esto podría ofrecerse al pedir información por primera vez en la página web de la PNT, a través de una API o dándose de alta a través de formatos como RSS.

En resumen, el acceso a la información es ya un bien público para los mexicanos, y los cimientos sobre los que están construidos el INAI y el SNT son sólidos. Lo que México necesita es que se sigan actualizando, no optar por derruirlos.

* Eduard Martín-Borregón es director ejecutivo de Abrimos.info y Alejandro Barón Gandarias es PhD Candidate en la Johns Hopkins University (SAIS).