Impunidad y justicia reproductiva
Redacción Animal Político · 6 de febrero de 2023
En el trabajo de acompañamiento que realizamos para que mujeres y personas con capacidad de gestar logren el acceso a la justicia buscamos, entre otras cosas, que las violaciones a los derechos humanos que se cometen en el ámbito de la salud reproductiva dejen de repetirse, lo cual se traduce, por ejemplo, en que no haya más casos de violencia obstétrica ni de muerte materna. Pero la realidad en México aún está muy lejos de eso.
La sociedad civil ha realizado una gran labor de documentación y difusión respecto al trato que muchas mujeres y personas gestantes reciben durante la atención del embarazo, parto y posparto; asimismo, los medios de comunicación han dado a conocer, una y otra vez, casos vinculados a la falta de atención médica oportuna y de calidad; gracias a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016 y 2021) sabemos que más del 30% de quienes acuden los servicios de salud reproductiva han sufrido violencia obstétrica, y las comisiones de derechos humanos han emitido varias recomendaciones a las instituciones públicas de salud para atender esta problemática.
Aunado a lo anterior, existe un gran movimiento de activistas y personas defensoras de derechos humanos para exigir servicios de salud reproductiva libres de violencia y discriminación, y se han llevado a cabo incontables campañas y procesos de sensibilización dirigidos al personal de salud con la intención de mejorar la calidad de la atención.
Entonces, ¿qué impide que los casos de violencia obstétrica y muerte materna dejen de repetirse?
La brecha entre lo que establecen el marco normativo y las políticas públicas y su implementación es resultado de la impunidad que prevalece en nuestro país. Aunque existe un extenso marco normativo que reconoce y protege los derechos reproductivos, es frecuente que, en caso de incumplimiento, las autoridades no se hagan responsables y que las personas cuyos derechos humanos fueron violados no tengan acceso a una reparación integral.
En consecuencia, la falta de acceso a la justicia reproductiva se traduce en un patrón de impunidad sistémica: esta ausencia de determinación de responsabilidades y de reparación integral a las víctimas promueve un contexto institucional en el que las violaciones de derechos humanos se reproducen sin ningún tipo de contrapeso, lo cual incentiva su repetición.
Una vía para reducir esta brecha es que los mecanismos de acceso a la justicia y las medidas de reparación propuestos por el Estado consideren el carácter estructural que se encuentra en la raíz de la violencia obstétrica y de la muerte materna. Esto significa reconocer que la incidencia de violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la atención a la salud reproductiva guarda una estrecha relación con las fallas estructurales que derivan en impunidad y repercuten en el acceso a la justicia.
En un país caracterizado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, erradicar la impunidad y la falta de acceso a la justicia requiere atender las deficiencias del sistema de salud que llevan a las mujeres y personas con capacidad de gestar a sufrir de forma cotidiana situaciones de violencia y muerte.
No olvidemos que México es un país desbordado por la demanda de servicios sanitarios, en el que la inversión en salud es insuficiente y el sistema de justicia es débil y se encuentra rebasado. Por ello, problemas como la violencia obstétrica y la muerte materna deben atenderse a través de la implementación de medidas que resuelvan, por ejemplo, la falta de personal médico y su consecuente sobrecarga laboral, así como la insuficiencia de insumos y de infraestructura adecuada.
Para lograrlo es indispensable dejar de considerar a la impunidad como la mera ausencia de castigo y, aunque es comprensible que para muchas personas la forma de obtener justicia sea a través de la sanción penal a quienes cometieron violaciones a sus derechos humanos, desde GIRE insistimos en la necesidad de analizar la impunidad en un sentido amplio, y no sólo en lo relativo al sistema de justicia penal.