Impuestos y corrupción

En el Índice de Percepción de la Corrupción para 2013, Transparencia Internacional da a México una calificación reprobatoria de 34 puntos –100 es el óptimo–, lo que nos posiciona en el nada envidiable lugar 106 de 175 de la lista, al mismo nivel de Nigeria, Bolivia y Argentina, apenas arriba de Tanzania, Vietnam y Sierra Leona, y abajo de Jamaica, Tailandia y Trinidad y Tobago.

Los resultados no sorprenden a los mexicanos. Es creciente la sensación de que somos víctimas de un fenómeno nocivo y de amplio espectro, cuyos principales beneficiarios son funcionarios públicos y selectos personajes del mundo empresarial. No se trata de la simple malversación del dinero público. También incluye los sobornos, los escándalos financieros y políticos, el fraude electoral, la compra de información en medios de comunicación y la paga a periodistas, la filtración de información pública privilegiada, el tráfico de influencias, el financiamiento ilegal de partidos políticos, el favoritismo en las sentencias judiciales, las licitaciones públicas amañadas, etcétera.

[contextly_sidebar id=”lR9M3ShK2OGP3Di7wCs9BPSEdVkljYAs”]Los casos de corrupción se suceden unos a otros semanalmente. Los de hace un mes han quedado en el olvido, pues pronto aparecen dos o tres que los relegan. El sentido patrimonialista de la función pública expresado en todo su esplendor. Los ciudadanos percibimos que la ‘depredación nacional’ se da a nuestra costa, que nosotros somos quienes financiamos la corrupción en México cuando pagamos impuestos cuyo destino desconocemos.

Discursos y propuestas van –se ha creado la Comisión Nacional Anticorrupción–, pero los resultados siguen siendo lamentables, y la percepción es que el problema se ha agudizado recientemente. Conforme al Barómetro 2013 de Transparencia Internacional, para el 71% de los ciudadanos la corrupción ha ido de mal en peor en los últimos dos años.

No obstante lo anterior, los contribuyentes tenemos que pagar impuestos. El punto es que de esta obligación no podemos librarnos, pues así lo establece la Constitución y las leyes fiscales. Si no los pagamos, el Estado tiene la facultad y el poder para cobrarlos coactivamente, incluso mediante acciones penales. Cualquier alegato de injusticia sustentada en la corrupción se desestimará por los tribunales federales.

Lo único que justifica el pago de impuestos –la transferencia de una parte de nuestro patrimonio a la Hacienda pública– es que los mismos se destinen a la satisfacción del gasto público, es decir, al cumplimiento de objetivos, fines y responsabilidades del Estado, como educación, salud, seguridad pública, asistencia social, etcétera, según lo dispone el artículo 31 de la Constitución Federal.

Pero, además, el gasto público tiene que cumplir con los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, establecidos en el artículo 134, primer párrafo de la Constitución Federal. Esto significa que el despilfarro, la opacidad –falta de claridad– y la corrupción son inaceptables en el manejo y administración de nuestros impuestos. Violados esos principios, las erogaciones realizadas por el Estado serán todo, menos ‘gasto público’ para efectos constitucionales, y aquél queda deslegitimado para cobrarlos.

Pagar impuestos sólo porque el poder público lo ordena es propio de los Estados tiránicos y medievales. En las democracias modernas la protección del patrimonio de los contribuyentes es un derecho humano fundamental. En ellas, los postulados constitucionales que rigen las finanzas públicas exigen el cumplimento de las condiciones apuntadas.

Sin embargo, dicha deslegitimación no es sólo constitucional, sino política y, peor aún, de carácter social. Nadie paga impuestos de buen modo. La razón es simple: la resistencia a perder una parte de nuestro patrimonio es consustancial a la naturaleza humana. La resistencia fiscal aumenta cuando la percepción social, una vez generalizada, denuncia un gasto público ineficiente o corrupto. Por ello no es extraño escuchar: “¿Pagamos impuestos para contar con una educación pésima, servicios médicos de quinta y una deplorable seguridad pública?”; y que al presentar nuestras declaraciones de impuestos, nos preguntemos: “¿Ahora quién será el funcionario que se quede con mi dinero?”

En una reciente entrevista, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el problema de la corrupción en México es cultural. Quizá esté tan arraigada que así parezca. Lo cierto, sin embargo, es que la percepción dominante es que la corrupción campea a su anchas en el sector público, en partidos políticos, en grupos empresariales y en algunos medios de comunicación. El inconsciente colectivo asocia la corrupción al fraude fiscal y al lavado de dinero. Por ello, la corrupción que primero debe combatirse, por congruencia pública y rentabilidad política y social, es la que predomina en los niveles superiores de gobierno.

En la actualidad, la deslegitimación constitucional y social del Estado para exigir impuestos es manifiesta. El encono con que el Congreso establece mayores cargas tributarias y la rudeza con que el SAT se vuelca sobre nuestro patrimonio –y tarde que temprano sobre nuestra libertad personal–, son absurdos, carecen de lógica constitucional y rememoran los peores momentos del México arbitrario.

Un gasto público ajustado a postulados constitucionales justifica el cobro de impuestos. La corrupción y la impunidad los deslegitiman por completo. La mejor prédica se da con el ejemplo. En tanto que los órganos del Estado y sus titulares no emprendan acciones convincentes, el discurso político quedará reducido a una trasnochada moralina carente de idoneidad para abatir la resistencia fiscal de los contribuyentes.

 

@LuisPerezdeAcha