La igualdad como forma de gobernar: el desafío del PROPED en la Ciudad de México

La Ciudad de México suele describirse como una ciudad abierta, diversa y progresista. En ella conviven personas de distintos orígenes étnicos, nacionalidades, edades, orientaciones sexuales, identidades de género, religiones, condiciones socioeconómicas y formas de vida. Esa diversidad constituye uno de sus principales activos democráticos, pero también uno de sus mayores desafíos para la acción pública: una ciudad diversa no garantiza, por sí misma, una ciudad igualitaria.

Es en ese contexto donde la discriminación se manifiesta, muchas veces no mediante actos abiertos de violencia, sino a través de decisiones aparentemente cotidianas: una entrevista de trabajo donde el embarazo se convierte en motivo de exclusión; una persona mayor descartada por su edad antes de demostrar sus capacidades; una mujer indígena que decide no hablar su lengua para evitar burlas; una persona con discapacidad que anticipa obstáculos para utilizar el transporte público o una pareja del mismo sexo que evita expresar afecto en espacios públicos por miedo al rechazo. Son situaciones que suelen normalizarse, pero que limitan oportunidades, restringen derechos y perpetúan desigualdades.

Hablar de discriminación implica reconocer que las desigualdades no son producto exclusivo de las condiciones económicas, sino también de estructuras sociales e institucionales que reproducen privilegios y barreras para determinados grupos de población. Combatirla no puede reducirse a sancionar conductas individuales; requiere transformar las condiciones que permiten su reproducción mediante políticas públicas.

La evidencia confirma la magnitud del desafío. La Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDIS, 2021) muestra que una de cada cuatro personas de 18 años y más manifestó haber sido discriminada durante los doce meses previos a la encuesta y que esta experiencia afecta con mayor intensidad a los grupos históricamente discriminados, especialmente en ámbitos como el empleo, la educación, la salud, el acceso a bienes y servicios, el transporte y la relación con las instituciones públicas.

Es importante mencionar, que México ha fortalecido progresivamente su marco jurídico e institucional para combatir la discriminación. En ese proceso, la Ciudad de México fue pionera con la creación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) y la expedición de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, reconociendo que la igualdad requiere una política pública coordinada, permanente, transversal y sustentada en evidencia. Sin embargo, la ciudad de hoy enfrenta retos distintos a los de hace una década. Los procesos de movilidad humana, el envejecimiento poblacional, la creciente visibilización de las diversidades y una comprensión cada vez más compleja de la discriminación exigen respuestas integrales y coordinadas.

En este contexto cobra especial relevancia la construcción del nuevo Programa Especial para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (PROPED). Más que un documento de planeación, representa la oportunidad de consolidar una nueva generación de política pública antidiscriminatoria, articulada con el Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y concebida para incorporar la igualdad y la no discriminación como criterios transversales en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas.

Este cambio trasciende lo metodológico. Significa que la igualdad y la no discriminación dejan de concebirse como una agenda exclusiva del organismo especializado y se convierten en criterios transversales para orientar el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas. La discriminación deja de atenderse mediante acciones aisladas para abordarse desde una lógica de corresponsabilidad institucional, involucrando a las dependencias responsables de la política laboral, educativa, de salud, movilidad, desarrollo urbano, seguridad, procuración de justicia, desarrollo económico, atención social, entre otros.

Esta transformación responde también a la reforma de 2020 a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que redefinió la naturaleza del entonces Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación (PAPED) para convertirlo en un Programa Especial alineado al Sistema de Planeación del Desarrollo y vinculado con el Plan General de Desarrollo y el Programa de Gobierno. Más que un cambio de denominación, implicó reconocer que la igualdad y la no discriminación son objetivos estratégicos del desarrollo de la ciudad y, por ello, deben integrarse a los procesos de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

En este sentido, el PROPED no pretende sustituir las políticas sectoriales, sino dotarlas de un horizonte común basado en la igualdad sustantiva y la no discriminación, fortaleciendo la coordinación entre las instituciones responsables de garantizar derechos.

Desde esta perspectiva, la política antidiscriminatoria puede entenderse como una forma de infraestructura democrática. Así como una ciudad necesita calles, hospitales o sistemas de transporte para garantizar el bienestar de su población, también requiere instituciones, reglas, mecanismos de coordinación e información que permitan eliminar las barreras que impiden a millones de personas ejercer plenamente sus derechos. Sin esa infraestructura institucional, incluso las mejores políticas públicas corren el riesgo de reproducir las desigualdades que buscan combatir.

En este proceso, la evidencia adquiere un papel central. Instrumentos como la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México permitieron identificar no sólo quiénes enfrentan mayores experiencias de discriminación, sino también dónde, cómo y en qué ámbitos se reproducen esas desigualdades. La generación de información deja de ser un ejercicio estadístico para convertirse en una herramienta de gobierno. Una política pública eficaz necesita conocer el problema que pretende transformar, medir sus avances y ajustar sus estrategias a partir de resultados verificables.

No menos importante será la capacidad del PROPED para fortalecer el enfoque preventivo. Tradicionalmente, buena parte de la acción pública en materia de discriminación ha respondido a quejas y denuncias una vez que la vulneración ocurrió. Sin embargo, la política pública exige anticiparse a esos escenarios mediante el diseño de procedimientos administrativos, protocolos de actuación, criterios de accesibilidad, capacitación especializada, mecanismos de monitoreo y procesos de mejora institucional que reduzcan la probabilidad de que la discriminación ocurra. Prevenir implica transformar la manera en que las instituciones diseñan e implementan sus decisiones.

En última instancia, el éxito del PROPED no dependerá únicamente de la calidad técnica de su diagnóstico o de la pertinencia de las estrategias y acciones que lo componen. Su verdadero desafío será lograr que la igualdad y la no discriminación dejen de percibirse como una agenda especializada para convertirse en una responsabilidad compartida por todas las instituciones públicas. Esa es, probablemente, la diferencia entre una política pública transversal y un conjunto de acciones dispersas.

La Ciudad de México ha sido pionera en el reconocimiento de derechos y en la construcción de acciones orientadas a combatir la discriminación. Hoy tiene la oportunidad de dar un paso adicional: consolidar una política pública que articule ese amplio desarrollo normativo con mecanismos efectivos de implementación, seguimiento y evaluación. En un contexto de creciente diversidad social, nuevas formas de exclusión y demandas ciudadanas cada vez más complejas, fortalecer la política antidiscriminatoria significa fortalecer la capacidad democrática del Estado para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Porque al final, la igualdad no es únicamente un principio constitucional, es una forma de gobernar.

*María del Carmen López Mendoza es subdirectora de evaluación del Copred