Ignorar la grave situación de nuestro país no es una opción

No cabe duda de que México enfrenta una grave crisis de derechos humanos. Los testimonios de miles de víctimas, la gran cantidad de personas asesinadas anualmente, los rostros y familias de cada una de las miles de personas desaparecidas, las cifras que muestran la impunidad, las miles de personas encarceladas injustamente, los valientes informes y documentaciones realizadas por las organizaciones de derechos humanos, y la experiencia cotidiana de miles de personas a lo largo y ancho del país, todo ello da cuenta de dicha crisis. La gravedad de la situación ha sido señalada de forma consistente tanto por colectivos de víctimas y familiares de éstas como por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.

Pero en fechas recientes se suman las preocupaciones expresadas por diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA). Tan sólo el día miércoles 7 de octubre, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, funcionario que reporta directamente al Secretario General de la ONU en los temas de derechos humanos en el mundo, manifestó durante su mensaje a medios de comunicación al culminar una visita de tres días en nuestro país, que “hay un amplio consenso nacional, regional e internacional sobre la gravedad de la situación actual de los derechos humanos en México”. Agregó que “para un país que no se encuentra en medio de un conflicto, las cifras calculadas son, simplemente, impactantes”, y citó el número de personas desaparecidas de las que se tiene registro, 26 mil, y el número de personas asesinadas desde diciembre de 2006: 151 mil 233. Mencionó, además, que el “caso de Iguala es un microcosmos de problemas crónicos que subyacen a la implacable ola de violaciones de derechos humanos que está teniendo lugar a lo largo de México”.

Apenas 5 días antes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo señalamientos en el mismo sentido tras visitar México del 28 de septiembre al 2 de octubre, al decir, entre otras cosas, que “la Comisión Interamericana constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad, y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.

A estas palabras precedieron las observaciones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas y el Relator Especial sobre la Tortura, quienes a principios de este año señalaron, respectivamente, que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado” y que en México la “tortura es generalizada”.

[contextly_sidebar id=”GaPwU59IAmnHpi54VwW4UKuqJONkbJ4m”]Pero además de señalar la gravedad de la situación en nuestro país, los pronunciamientos de los organismos y funcionarios internacionales antes señalados, con excepción –al momento de escribir estas líneas- del mensaje del Alto Comisionado, tienen en común otra cosa: cada uno de los mensajes han sido desvirtuados y descalificados por el gobierno mexicano. Descalificaciones que, a mi juicio, son vergonzosas y lamentables. Incluso el Alto Comisionado hizo una manifestación al respecto evidenciando las contradicciones del gobierno mexicano cuando, por una parte, es “generoso” al invitar a múltiples organismos internacionales a visitar México y, por otra, muestra “intolerancia ante la crítica pública” elaborada por dichos organismos frente a la situación que prevalece en nuestro país.

Frente a esta tendencia, que el Alto Comisionado califica de “preocupante” con toda razón, él mismo señala de forma atinada que “en lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”. Efectivamente, si la grave crisis de derechos humanos ha de atenderse de forma efectiva, el gobierno mexicano debe dejar de negar la realidad, descalificando y desafiando a los organismos internacionales, y reconocer los abusos y atropellos que sufren miles y miles de personas en nuestro país en su vida cotidiana: las graves violaciones a derechos humanos, la corrupción de servidores y servidoras públicas, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, el temor, la indolencia de la clase política.

Tal como menciona el Alto Comisionado, “ignorar lo que está sucediendo en este gran país no es una opción para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos y las ciudadanas de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio”. En efecto, ignorar la grave crisis que atraviesa nuestro país no debe ser una opción para nadie, mucho menos para el gobierno mexicano, que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de todas las personas bajo su jurisdicción.

* Denise González Núñez (@den_gn) es Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México ( @PDHIBERO).