De la huasteca al sotavento, la marea verde te acompaña

“Mi voz es firme balanza

hace que la entraña cimbre

acompañando la andanza

 ave soy que vuela libre

pañuelo verde esperanza”

-Verso de son huasteco de Yuyultzin Pérez

 

El 20 de julio de 2021, el estado de Veracruz se convirtió en la cuarta entidad en despenalizar el aborto en la República mexicana. En vísperas de su segundo aniversario, seguimos buscando que este derecho ganado en lo jurídico sea accesible a lo largo y ancho del país, ya que los desafíos y retos siguen pendientes por parte del Estado.

Veracruz es un estado con 212 municipios y limita al norte con Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo; al centro con Puebla y Oaxaca; y al sur con Chiapas y Tabasco. Debido a su diversidad y extensión territorial, es un estado que cuenta con una gran riqueza cultural y tradición que se puede disfrutar plenamente. Sin embargo, en cuanto a derechos, específicamente el acceso al aborto, no podemos decir lo mismo.

Y es que dos años después nos seguimos preguntando: ¿cómo ha impactado la despenalización en el estado? Es importante destacar que hemos sido participantes de un movimiento feminista que se ha fortalecido y descentralizado, extendiéndose más allá de la capital hacia ciudades como Poza Rica, Boca del Río, Veracruz Puerto, Orizaba, entre otras. Estos lugares se han convertido en epicentros para promover y ejercer nuestro derecho a decidir, ya que albergan los principales centros de salud y hospitales regionales.

Veracruz cuenta con dos Alertas de Género decretadas, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado (AVG), además de una pendiente por desaparición forzada. En 2017, se decretó la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, un mecanismo que busca eliminar la brecha de desigualdad en el acceso a servicios de salud reproductiva y la ausencia de políticas públicas en esta materia.

Uno de los avances más importantes que generó la despenalización del aborto en el estado son las recomendaciones al Poder Legislativo. Se solicitó la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto hasta la décimosegunda semana de gestación, la inclusión de la causal de aborto por riesgo para la salud de la mujer, la eliminación del plazo de noventa días para el aborto en casos de violación, la creación de un programa estatal de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), la difusión entre la población de la existencia de este servicio de salud y la garantía de que todas las regiones del estado cuenten con centros de salud que brinden servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos.

A pesar de estas recomendaciones, aún existen obstáculos y desigualdades que nos alejan del acceso a un aborto seguro, libre y gratuito. Las brechas sistémicas persisten, especialmente para aquellas que pertenecen a comunidades alejadas o marginadas, así como para mujeres indígenas y afrodescendientes. Un ejemplo claro es la falta de acceso a estos servicios en sus lenguas maternas y la disponibilidad de medicamentos como el misoprostol y la mifepristona en los hospitales, o solo en casos en que sea necesario el AMEU.

Veracruz ocupa el segundo lugar en violencia sexual, representando el 44.4% de las violencias reportadas. En este estado, un gran número de mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar en edad reproductiva son derechohabientes del IMSS e ISSSTE. Sin embargo, se enfrentan diariamente a obstáculos para acceder a un aborto seguro, alegando la supuesta falta de reforma al Código Penal Federal y pasando por alto la sentencia sobre la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual constituye un precedente obligatorio para todos los jueces del país. Esta situación provoca que, casi dos años después de la despenalización del aborto en Veracruz, las mujeres continúen sufriendo la criminalización social por parte de las autoridades sanitarias.

En relación a esto, el pasado 13 de junio se entregó una carta en las instalaciones del Palacio Nacional, exigiendo de manera clara que se garantice el acceso al aborto seguro y gratuito en instituciones públicas como el IMSS, ISSSTE y los servicios de salud de las entidades federativas. También se demanda la implementación de políticas públicas establecidas en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017. Dicha acción establece claramente que el Estado debe diseñar políticas públicas encaminadas a fortalecer la educación sexual de calidad y basada en evidencia, así como garantizar que el acceso al aborto en las instituciones de salud pública sea accesible, gratuito, confidencial, seguro, expedito y no discriminatorio.

Por todo lo anterior, es fundamental reconocer que todavía enfrentamos grandes desafíos y que la lucha por el acceso al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y por nuestros derechos sexuales y reproductivos no termina con la despenalización. Seguiremos elevando la voz incansablemente y sumando esfuerzos hasta lograr un acceso pleno e irrestricto al aborto seguro en nuestro Veracruz. Instamos a las autoridades correspondientes a asumir su responsabilidad y a cumplir con el deber de proteger y garantizar nuestros derechos fundamentales.

A dos años de la despenalización del aborto en Veracruz, seguiremos acompañando para que el Estado garantice y no obstaculice el ejercicio pleno de nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y continuar con nuestros proyectos de vida sin estigmas y sin restricciones. En Veracruz, la llama de la esperanza y la lucha por nuestros derechos sexuales y reproductivos sigue ardiendo.

¡De la huasteca al sotavento, la marea verde te acompaña!

 

Metzeri Ixchel Ávila San Martin (@MetzeriIxchel) es integrante de la Marea Verde Totonacapan (@mareatotonacapan).