El huachicol del agua: cuando la sed se convierte en poder

Por Iyari Balderas Cruz*

En México hemos aprendido a reconocer el robo de combustible como una amenaza para la seguridad nacional; sin embargo, existe otra forma de apropiación que merece mayor atención; el huachicol de agua. A diferencia de la gasolina, el agua no tiene sustituto; su ausencia no solamente paraliza actividades económicas, también compromete la salud, la alimentación y la vida cotidiana de millones de personas. Por eso, cuando se convierte en objeto de extracción ilegal, extorsión o disputa territorial, el problema trasciende lo ambiental y nos obliga a cuestionar cómo se ejerce el poder en nuestro país. Porque controlar un recurso indispensable no significa únicamente obtener beneficios económicos, sino también adquirir capacidad para influir sobre las condiciones de vida de quienes dependen de él.

Durante décadas hemos hablado de la escasez como si fuera exclusivamente consecuencia del cambio climático, pero el agua también escasea por decisiones humanas: infraestructura insuficiente, distribución desigual y aprovechamientos que rebasan la capacidad de recuperación de los ecosistemas. Un estudio de la UNAM, difundido por La Jornada en 2026, estimó que 36 % de la población mexicana carecía de acceso al agua potable segura. Detrás de esa cifra existen familias que deben invertir tiempo y dinero para satisfacer un derecho humano. El cambio climático no creó las desigualdades hídricas de México, pero está profundizando las consecuencias de problemas que durante décadas no hemos logrado resolver.

Entonces aparece una contradicción difícil de ignorar; una investigación de la Universidad Iberoamericana, retomada por La Jornada, señala que apenas 1.1 % de los usuarios concentra el 22.3 % del volumen de agua concesionado. Los investigadores lo denominan “millonarios de agua”. La concentración no demuestra ilegalidad por sí misma, pero debería de llevarnos a una reflexión: ¿es suficiente que el aprovechamiento de un recurso sea legal para considerarlo socialmente justo? El problema no consiste únicamente en cuánta agua tiene un país, sino en quién puede acceder a ella, quién decide sobre su aprovechamiento y quién termina soportando las consecuencias de su escasez.

El crimen organizado ha identificado que controlar el agua puede significar controlar una parte de la economía local. En el documento InSight Crime de 2025 se asientan testimonios sobre presuntos cobros ilegales a distribuidores de agua en Culiacán, por grupos vinculados con Los Chapitos, además de denuncias de extorsión relacionadas con sistemas de riego.

Estos señalamientos requieren investigación judicial, pero muestran una preocupación legítima: cuando una organización criminal condiciona el suministro de agua no solamente busca dinero, también puede imponer reglas sobre actividades productivas y decisiones territoriales. La escasez no produce automáticamente delincuencia, pero puede crear condiciones que determinados actores aprovechan para ampliar su influencia. Ahí es donde la crisis climática también debe de entenderse desde la seguridad pública, no porque el clima sea una amenaza criminal, sino porque puede agravar vulnerabilidades que las redes delictivas buscan explotar.

No solo el crimen organizado se apropia del agua; también lo hacen figuras de la política 

Sin embargo, concentrar todos nuestros esfuerzos en el crimen organizado resultaría insuficiente. Debemos de observar las responsabilidades de quienes toman decisiones desde las instituciones. Una investigación de El Universal identificó 31 figuras políticas vinculadas en registros públicos con concesiones de agua; contar con estos permisos no implica corrupción, pero surge una exigencia legítima: quienes participan en las decisiones públicas deben estar sujetos a mecanismos rigurosos de transparencia, prevención de conflictos de interés y necesita haber una redistribución en el poder del agua. 

Esto es similar con las empresas privadas: su participación económica no constituye un delito, pero tampoco debería otorgarles inmunidad frente al escrutinio público. A pesar de que se permiten actividades agrícolas e industriales que necesiten agua, lo cuestionable es asumir que sus necesidades deben de prevalecer automáticamente sobre las condiciones sociales y ambientales y los derechos de las personas. Asimismo, el hecho de privatizar el agua no es la solución porque se pueden encarecer los costos del agua y se puede utilizar ese recurso para otros fines que no sean el beneficio colectivo, y no todas las familias tienen el suficiente dinero para pagar el servicio.

La reforma de diciembre de 2025 a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de la nueva Ley General de Aguas incorporó delitos relacionados con su extracción y traslado ilícitos, así como sanciones por corrupción en el otorgamiento de concesiones (Diario Oficial de la Federación, 2025). Pero una legislación más estricta no resolverá todo el problema; es un avance, pero para combatir el huachicol de agua también se requiere perseguir redes ilegales, fiscalizar los aprovechamientos y garantizar información pública accesible, sin criminalizar las formas legítimas de organización comunitaria. Asimismo, exige comprender que la adaptación a la crisis climática no puede limitarse a construir infraestructura, también implica fortalecer las instituciones, prevenir conflictos por los recursos y garantizar que los territorios tengan capacidad de participar en las decisiones sobre su propio futuro.

El verdadero desafío no es solamente impedir que alguien robe agua, sino evitar que la escasez se convierta en una oportunidad para imponer condiciones sobre quienes más la necesitan. Porque cuando el acceso a un recurso indispensable depende de amenazas, privilegios o decisiones sin rendición de cuentas, lo que comienza a debilitarse es la capacidad del Estado para garantizar los derechos.♦ 

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