Hoy en México no están protegidos nuestros datos ni el derecho de acceso a la información

El jueves pasado el Senado de la República terminó la sesión sin designar por lo menos un perfil para ocupar las tres vacantes que están abiertas para conformar el pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Esta omisión legislativa vulnera nuestros datos personales y el acceso a la información de interés público de todas las personas.

En esta entrada explicamos el contexto, qué pasó, en dónde estamos parados y qué debemos de hacer para presionar al Senado por su omisión.

¿Cuál es el contexto?

Antes de iniciar es importante recordar que el INAI nos ayuda a transparentar cualquier información en poder de cualquier autoridad, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal o municipal. Por otro lado, también tiene la obligación de proteger los datos personales en posesión de los particulares o de instituciones públicas, con la finalidad de garantizar la privacidad y el derecho de las personas a tener control sobre sus datos.

¿Cómo funciona el INAI?

El INAI cuenta con un pleno integrado por siete personas comisionadas, las cuales son designadas por la Cámara de Senadores por medio de una amplia consulta a la sociedad y deben de cumplir con los más altos estándares internacionales para contar con perfiles idóneos.

El pleno resuelve controversias para que se cumpla con el derecho de acceso a la información y la protección de datos. Por ejemplo: si tú solicitas información por medio de cualquiera de los medios oficiales como la Plataforma Nacional de Transparencia, el TelINAI o a través de la unidad de transparencia de manera física, y no recibes respuesta, existen los canales jurídicos y administrativos para que la autoridad te responda y entregue la información de interés público.

Pero no solo ello, también realiza políticas públicas en materia de transparencia y apertura institucional, y coordina el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales para que todos los institutos de transparencia estatales establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información, protección y debido manejo de datos personales. También forma parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, donde diseña e implementa, junto con sus pares y sociedad civil, políticas públicas en esta materia.

¿Qué pasó?

El pleno del INAI debe estar integrado por siete personas comisionadas. Hoy en día se encuentra incompleto pues hasta el 31 de marzo estaba conformada por 5 comisionadas y comisionados, debido a que el Senado desde abril de 2022 no cumplió con la obligación de designar los dos perfiles faltantes, y por la resolución de un amparo los designó de forma exprés.

El pasado 15 de marzo el presidente de la República vetó los dos nombramientos de acuerdo al artículo sexto constitucional, algo que no había sucedido, y la Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes.

A esta situación se suma que este 31 de marzo uno de los comisionados terminó su gestión, por lo tanto sólo estarán 4 de 7, y de acuerdo al artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI no podrá sesionar pues establece que “las sesiones sólo serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco comisionados”.

Eso quiere decir que se tendrá una inoperancia de actos cuasi jurisdiccionales: no podrán resolver los recursos que interponemos la ciudadanía en general ante las negativas de autoridades de entregar respuestas a solicitudes de información o para salvaguardar nuestros datos personales.

¿En dónde estamos parados?

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá de resolver la controversia constitucional que presentó el INAI el pasado 27 de marzo, el cual busca que se designe a los integrantes faltantes del Pleno y, mientras eso sucede, el INAI pueda sesionar con mayoría simple, es decir, 4 personas comisionadas.

Por otro lado, en la sesión del pleno del Senado los partidos políticos no lograron realizar un consenso para designar por lo menos un perfil. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, respondió que el acuerdo de nombrar a los dos comisionados fue frenado por la oposición, ya que no se ponían de acuerdo en su candidato. Recordó que por medio de un acuerdo de todas las bancadas se aceptó que Morena eligiera a un candidato y la oposición a otro, es decir, es un esquema de cuotas y cuates, y no por méritos y legalidad.

Cabe destacar que una de las candidatas, Yadira Alarcón, quien había sido nombrada junto con Rafael Luna en un inicio, interpuso una demanda de amparo contra el veto del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Estoy enterado de que una de las objetadas, es solo una, Yadira Alarcón ha promovido amparo y se le ha concedido la suspensión”, informó el coordinador de la bancada del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal.

Por otro lado, el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa apercibió a la Cámara de Senadores el pasado 24 de marzo para que se diera celeridad al proceso e incluso se le dio tres días para que designara. Pero como sabemos, el Senado tampoco cumplió con esa orden judicial.

¿Qué sigue?

El Senado cerró sesiones y citó hasta el 12 de abril, por lo que desde el 1 de abril el INAI se quedó con cuatro comisionadas y comisionados. Debemos de exigir el cumplimiento al mandato constitucional del Senado y por otro lado, también debemos de presionar a la SCJN para que resuelva la controversia constitucional presentada por el INAI.

Cabe destacar que cualquier nombramiento puede ser vetado de nuevo por el presidente, así que es indispensable que el Senado realice designaciones apegadas a la legalidad y con perfiles idóneos.

Finalmente el Senado, por no cumplir con la sentencia del amparo, se le podrá imponer a las personas servidoras públicas una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

¿Qué te parece?, ¿qué crees que pudiera suceder?

* Mexiro A.C. (@yomexiro) es una organización feminista, antimilitarista, decolonial, comunitaria y anticorrupción. Luchamos contra la acumulación y centralización del Poder.