Detrás del “hondurasgate”, el cese de la soberanía

Para entender un poco el entramado que está viviendo Honduras y que tiene tentáculos aparentemente en toda Latinoamérica, es necesario comprender el hondurasgate. Se trata de una serie de conversaciones filtradas el pasado abril por el periódico digital español Canal Red y el portal hondurasgate.ch, el cual incluye acusaciones de conspiración, supuesta injerencia internacional y campañas de desinformación que afectaría a todo el continente.

En este punto es necesario aclarar que ninguna institución independiente ha verificado la autenticidad de los audios, en los cuales se escucha la voz del expresidente Juan Orlando Hernández —condenado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos e indultado por el presidente Donald Trump— con Nasry Asfura, actual presidente de Honduras, y otros políticos.

En las conversaciones se revela un “plan internacional” para atacar mediáticamente a gobiernos de izquierda, específicamente a Colombia y México. Ello con la promesa de que el expresidente Hernández vuelva al Ejecutivo a cambio de bases militares y zonas económicas en Honduras.

Pero, más allá de los posibles planes maquiavélicos transnacionales, hay una realidad que está latente en Honduras hoy: el cese de la soberanía por medio de la figura de las “zonas económicas”, que tiene el objetivo de transformar áreas consideradas “subdesarrolladas” en polos de crecimiento económico con autonomía propia.

Un ejemplo es Próspera, una ciudad donde los ricos intentan redefinir el mundo. Construida en las Islas de la Bahía en 2017 en Roatán, es una perla en el océano Atlántico con exóticas playas y arrecifes de coral en el caribe.

La ciudad privada cuenta con reglas propias, busca atraer inversión y talento global con la promesa de menos trámites, menos impuestos y, por supuesto, menos Estado. Un experimento hacia dónde se puede estar guiando el poder tecnócrata del siglo XXI.

Otras ciudades operan en las mismas condiciones

Próspera no es la única, también está Ciudad Morazán en Choloma, Cortés, construida en 2018, y Orquídea, en San Marcos de Colón, en Choluteca, establecida en junio de 2021.

Estas se presentaron como proyectos de modernización impulsados por el entonces presidente Porfirio Lobo, que las denominó Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en 2013. Pero con el cambio de gobierno de Xiomara Castro en el Ejecutivo, quien se mostró resistente al proyecto, apoyó la decisión de la Corte Suprema de Justicia para declarar estas zonas inconstitucionales en 2024.

A pesar de la sentencia de la Corte, la resistencia y cuestionamiento de la población, así como de denuncias de violación de derechos laborales, casos de corrupción en la concesión de tierras y despojo a comunidades garifunas en el caribe, los experimentos urbanos de Próspera y Ciudad Morazán siguen operando.

Según un reporte de Forbes, los inversionistas de Próspera activaron una demanda contra el gobierno de Honduras ante la inminente desarticulación del proyecto habitacional de alrededor de 10,700 millones de dólares, cerca de la mitad de todo lo que produce el país centroamericano en un año. El mensaje es claro, si el Estado intenta recuperar el control de ese territorio, le costará muy caro.

Mientras, los ciudadanos luchan por mantener sus comunidades y sus hogares y sufren la criminalización por el derecho a defender su territorio. Un ejemplo es el vivido hace unas semanas donde se registraron dos masacres en el Valle del Aguán, departamento de Colón, dónde 11 personas perdieron la vida, según reportó Radio Progreso. Esta zona vive una constante problemática agraria, la instalación de proyectos extractivos y la militarización.

Para la Plataforma Agraria del Valle del Aguán es preocupante el recrudecimiento de la violencia en la zona, así como el aumento del discurso de criminalización de los campesinos que exigen su derecho legítimo a la tierra.

Odio, racismo y la intervención de la CIDH

Por su parte, la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) ha denunciado una campaña mediática de odio y racismo contra las comunidades garífunas, presentándolas como delincuentes, invasores y “enemigos del desarrollo”.

La denuncia ocurre en medio de la exigencia de incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Honduras de 2015, donde se comprobó que los garífunas del Triunfo de la Cruz en Tela, Atlántida, han sido víctimas de despojo de sus tierras por empresariado de turismo, con aval de las autoridades locales y nacionales.

Pero hay más sentencias de la CIDH a favor del Pueblo Garífuna: Punta Piedra emitida en 2015; San Juan,Tela, Atlántida, en 2023, y Cayos Cochinos, en 2025, que siguen sin cumplirse.

Mientras, la situación del pueblo Garífuna ha empeorado, marcado no solo por la pobreza y el abandono estatal, sino además por el despojo y la violencia.

Así que no, América Latina no debe quitar la mirada a lo que está viviendo el pueblo hondureño, pues es una advertencia del neocolonialismo salvaje de nuestros días en el continente. ♦