Redacción Animal Político · 14 de junio de 2024
San Pedro Sula, XX.06.2024.- “Fue el dolor más grande que sentí en mi vida. Yo gritaba y él me tapaba con una mano la boca; me caí, me levanté el pantalón y salí corriendo. Al día siguiente no me soportaba a mí misma, como cuando le roban algo a alguien”. Este es un fragmento del relato de Patricia, que tenía tan solo 15 años cuando sufrió violación sexual. Por temor a ser juzgada no lo contó a su familia y fue hasta el día siguiente que logró hablarlo con uno de los consejeros en su escuela.
Así como a Patricia, en 2023 casi un tercio de las 719 atenciones de Médicos Sin Fronteras (MSF) a sobrevivientes de violencia sexual en Honduras fue brindada a menores de 18 años. En Tegucigalpa se ha identificado que la mayor parte de estas agresiones sucedieron en espacios o lugares de confianza de las víctimas. Es decir, que un 73 % de los perpetradores fueron familiares, parejas y otros conocidos. El agresor de Patricia fue su mejor amigo, alguien a quien afirma ella “le confiaba mucho”. “Nuestras familias se conocían desde hace años, éramos mejores amigos”, cuenta la mujer.
La violencia sexual afecta tanto a menores como a personas adultas. En 2023, el 69 % de las víctimas fueron mayores de edad. La mayoría de las agresiones suceden en niñas y mujeres, solamente en 2023, 84% fueron mujeres.
La organización médico-humanitaria también ha identificado que a nivel social muchas de las víctimas pueden necesitar o querer salir de su hogar, trabajo o comunidad. Es también importante que puedan crearse espacios de refugio seguro, apoyo económico y legal para salvar y proteger su integridad.
En reiteradas ocasiones MSF ha señalado que la violencia sexual es una emergencia médica que requiere de atención inmediata. Sin embargo, de los 719 casos de violencia sexual atendidos en 2023, solo 12 % de los casos llegaron 72 horas después del evento, tiempo crucial para prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), infecciones de transmisión sexual (ITS), así como primeros auxilios psicológicos.
“Cuando fui a poner la denuncia, que rastrearan mi teléfono que robaron, me dijeron que no. Tampoco había un médico forense, tenía que esperar al día siguiente: no podía quitarme la ropa, no podía ir al baño, tenía que dormirme tal cual como me dejaron los agresores. ¿Quién en su sano juicio querrá dormir así? Destruida, golpeada, llena de tierra, abusada”, cuenta Mariela, una paciente que tuvo que movilizarse a la capital del país para ser atendida.
Este período es crítico para prevenir embarazos forzados. En 2023, dentro de las atenciones de MSF se proporcionó un total de 45 métodos de anticoncepción de emergencia a mujeres con el fin de evitar embarazos no deseados a mujeres y adolescentes en edad fértil dentro de las 120 horas. Como consecuencia de la violencia sexual, se registraron 6 casos de embarazos. La falta de la respuesta adecuada y oportuna tae impactos importantes en las mujeres y su futuro.
“La prevención del embarazo se debe de realizar lo más pronto posible, dentro de los primeros cinco días. Existen evidencias en muchos contextos sobre las consecuencias negativas que trae un embarazo forzado”, señala Laura Fonseca, responsable de asuntos humanitarios de MSF. “Muchas mujeres se ven obligadas a la maternidad forzada, esto las afecta a nivel de su salud física, mental y su situación socioeconómica. Otras recurren a métodos inseguros para interrumpir su embarazo debido a la legislación existente. Ambas circunstancias representan un peligro para la salud integral y la vida de las mujeres, las revictimiza y les vulnera sus derechos individuales”, complementa.
Después un año y medio de aprobarse el Protocolo de atención integral a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, la implementación sigue siendo insuficiente en los centros de salud y hospitales del país y las personas tienen muy pocas opciones en dónde pueden acudir en caso de sufrir un evento de violencia sexual. Desde el 2011, la organización ha sido testigo de las consecuencias de estos eventos y sigue velando por la urgente necesidad de que se normalicen estas atenciones y no la violencia.
En lo que va de 2024, los equipos de MSF en San Pedro Sula y Choloma han atendido más de 207 casos de violencia sexual. Estos casos han recibido atención médica, de salud mental y acompañamiento social. Se identifican consecuencias a nivel físico y emocional de las víctimas, y persiste poca sensibilización para darles atención prioritaria.
Con base a estos datos, Médicos Sin Fronteras hace un llamado “urgente” para que “se garantice una respuesta integral, se definan puntos de atención y circuitos de referencias en todas las regiones del país. También es fundamental la formación regular del personal, tanto de los centros de salud, hospitales y actores involucrados en la respuesta a los casos de violencia sexual. De igual manera, a nivel nacional deben crearse campañas de información para sensibilizar que la violencia sexual es una emergencia médica”, concluye Fonseca.