Hombres y mujeres policía: ¿quién cuida a quienes nos cuidan?

Por Marco Cancino

Hay profesiones que exigen algo más que conocimientos técnicos. Exigen aprender a convivir con el dolor ajeno sin permitir que termine gobernando la propia vida. Quien trabaja en una sala de urgencias sabe que algunas imágenes nunca desaparecen del todo. Quien combate un incendio aprende que el olor a humo permanece varios días después de que las llamas se extinguen. Quien conduce una ambulancia entiende que no todas las vidas podrán salvarse. Con las y los policías ocurre algo semejante, aunque pocas veces nos detenemos a pensarlo.

Esperamos que lleguen primero donde una familia acaba de romperse por la violencia; que separen a una pareja antes de que una discusión termine en feminicidio; que escuchen el relato de una niña víctima de abuso sexual; que custodien el cuerpo de una persona asesinada mientras llegan los servicios periciales; que convenzan a alguien de no arrojarse desde un puente o que sean los primeros en entrar a un lugar del que todas las demás personas intentan salir. 

Esperamos que regulen el miedo, contengan la desesperación y tomen decisiones que pueden cambiar una vida en cuestión de segundos. Lo damos por sentado porque, sin decirlo, hemos terminado creyendo que el uniforme también protege de aquello que no se ve. Pero el uniforme nunca vuelve invulnerable a nadie.

Antes que policía es una persona

Orlando García Maciel nos lo recordó de la manera más dolorosa posible. Antes que policía era una persona. Una vida con la misma dignidad que cualquiera de aquellas a las que juró proteger. En el video que decidió grabar antes de quitarse la vida no habló de delincuentes, de persecuciones ni de operativos. Habló de una “depresión silenciosa”. Pidió que la salud mental dejara de ser un tema del que nadie habla dentro de las corporaciones policiales. Después vino el silencio. Y casi de inmediato comenzó otro ruido: el de quienes intentaban explicar su muerte buscando respuestas únicamente en su historia personal. Sin embargo, quizás el error comienza precisamente ahí.

Cada vez que ocurre una tragedia semejante buscamos qué falló en la persona. Mucho menos frecuente es preguntarnos qué estaba ocurriendo con la institución de la que formaba parte. El dolor siempre tiene nombre y apellido; las fallas institucionales suelen permanecer invisibles hasta que ya es demasiado tarde. Orlando merece que intentemos comprender su historia. Pero los miles de mujeres y hombres que hoy patrullan nuestras calles merecen algo más: que aprendamos de ella antes de que vuelva a repetirse.

Durante décadas el debate público sobre seguridad se concentró (con razón) en controlar el uso de la fuerza. Discutimos protocolos de actuación, controles de confianza, profesionalización policial, cámaras corporales, estándares para el empleo legítimo de la fuerza y mecanismos de rendición de cuentas. Todo ello era indispensable y sigue siéndolo. Pero mientras aprendíamos a regular el enorme poder que el Estado deposita en una persona policía, dejamos prácticamente intacta otra discusión: cómo proteger emocionalmente a quienes ejercen esa responsabilidad todos los días.

Ahí comenzamos a confundir dos cosas muy distintas: la resiliencia individual y la fortaleza institucional.

Los cientos de pequeñas heridas que las instituciones aprendieron a llamar experiencia

Durante años celebramos al policía que “aguanta todo”, al que nunca pide ayuda, al que regresa al servicio después de una tragedia como si nada hubiera ocurrido. Convertimos el silencio en una virtud profesional. Poco a poco trasladamos la responsabilidad del cuidado desde la institución hacia la persona. Si alguien terminaba emocionalmente agotado, asumíamos que el problema estaba en él. Casi nunca en la organización que esperaba de esa persona una fortaleza prácticamente ilimitada.

Hoy sabemos que esa idea era equivocada. La investigadora Anne M. Berg, junto con un equipo internacional de especialistas, revisó la evidencia disponible sobre más de 272,000 policías de 24 países y encontró que aproximadamente uno de cada siete vive con síntomas de depresión y una proporción semejante con trastorno por estrés postraumático. La ansiedad, el consumo problemático de alcohol y las ideas suicidas también aparecen con una frecuencia muy superior a la esperada. 

Pero el hallazgo más importante no estuvo en las cifras. Estuvo en comprender que el mayor desgaste no suele producirlo un enfrentamiento excepcional. Lo producen las guardias interminables, la presión organizacional, la acumulación de escenas violentas, el contacto cotidiano con el sufrimiento humano y la ausencia de espacios para procesarlo. No es una gran tragedia la que termina quebrando a muchas personas. Son cientos de pequeñas heridas que las instituciones aprendieron a llamar experiencia, como documentó ese equipo de investigación en una revisión publicada en 2020 por la revista Occupational & Environmental Medicine.

¿Cuántas personas policías viven con depresión?

Y ahí aparece una de las contradicciones más profundas de nuestro modelo de seguridad. Hemos invertido enormes recursos para fortalecer la capacidad operativa de las corporaciones policiales, pero muy poco en preservar la estabilidad emocional de las personas que las integran. Aprendimos a profesionalizar el uso de la fuerza. Todavía no aprendemos a cuidar a quienes tienen la responsabilidad de ejercerla.

Las instituciones revelan sus prioridades por aquello que deciden medir. Sabemos cuántas patrullas compra un municipio, cuántas cámaras instala una ciudad, cuántas detenciones realiza una corporación o cuántos elementos aprobaron sus controles de confianza. Sin embargo, en México todavía no contamos con información sistemática que permita responder preguntas igualmente relevantes: ¿cuántas personas policías viven con depresión?, ¿cuántas presentan ansiedad o estrés postraumático?, ¿cuántas consumen alcohol como mecanismo para enfrentar el desgaste emocional?, ¿cuántas han pensado en quitarse la vida? Lo que el Estado no mide termina convirtiéndose en un punto ciego de la política pública. Y los puntos ciegos, tarde o temprano, producen víctimas.

Por eso resulta especialmente relevante observar las pocas experiencias que decidieron recorrer un camino distinto. Una de ellas se encuentra en Ciudad Juárez. Desde 2022, la salud mental dejó de depender exclusivamente de que una o un policía reconociera que necesitaba ayuda y se convirtió en una política institucional. Hoy, el 100 por ciento del estado de fuerza recibe evaluaciones psicológicas obligatorias al menos dos veces al año, con el propósito de identificar oportunamente cualquier afectación emocional y brindar acompañamiento profesional antes de que el problema escale.

Cuidar la salud mental de quienes integran una corporación policial no es una aspiración romántica

Los resultados muestran que cuando una institución decide mirar aquello que antes permanecía oculto, las cosas comienzan a cambiar. Entre 2022 y 2024 la cobertura de los servicios psicológicos aumentó 135 por ciento y se realizaron 20,754 intervenciones dirigidas a policías y a sus familias. De ellas, 74.8 por ciento correspondieron a atención terapéutica y 25.1 por ciento, a acciones psicoeducativas, orientadas a fortalecer herramientas para afrontar el estrés, prevenir riesgos y construir redes de apoyo. Más allá de los números, el cambio verdaderamente importante fue otro: la institución dejó de esperar a que alguien pidiera ayuda cuando ya era demasiado tarde y asumió la responsabilidad de buscarla antes de que la crisis apareciera.

Naturalmente, ese modelo deberá evaluarse con el mismo rigor con el que se evalúa cualquier política pública. Habrá que conocer si reduce la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, las adicciones o la ideación suicida; si mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo y fortalece la toma de decisiones bajo presión. Eso es precisamente lo que distingue a una política pública seria: la disposición para producir evidencia sobre sus resultados. Pero incluso antes de conocer esas respuestas, Ciudad Juárez ya demuestra algo que resulta difícil ignorar. Cuidar la salud mental de quienes integran una corporación policial no es una aspiración romántica ni una concesión administrativa. Es una decisión institucional perfectamente posible.

Durante demasiado tiempo aceptamos la idea de que la fortaleza de una corporación dependía de la capacidad de sacrificio de quienes la integraban. Tal vez haya llegado el momento de invertir esa lógica. Las instituciones verdaderamente fuertes no son aquellas que encuentran personas capaces de soportarlo todo. Son aquellas que comprenden que nadie debería verse obligado a hacerlo.

Antes que policías, ministerios públicos, juezas, jueces o soldados son personas

La historia de Orlando García Maciel no debería reducirse a una conversación sobre depresión o suicidio. Sería injusto incluso para él. Lo que nos dejó fue una pregunta mucho más profunda sobre el tipo de Estado que hemos construido. Uno que exige a las personas policías proteger la vida, la libertad y el patrimonio de los demás, pero que con demasiada frecuencia olvida proteger la suya.

Existe una vieja idea según la cual la calidad de una democracia se mide por la manera en que trata a las personas más vulnerables. Quizá ha llegado el momento de ampliarla. También debería medirse por la forma en que cuida a quienes encomienda ejercer el poder más delicado del Estado: aquel que puede limitar derechos para protegerlos.

Porque antes que policías, ministerios públicos, juezas, jueces o soldados, son personas. Y una institución que olvida esa verdad termina debilitándose desde dentro. No porque pierda capacidad operativa, sino porque pierde algo todavía más importante: la capacidad de reconocer la dignidad humana de quienes la sostienen todos los días.♦

—∞—

Marco Cancino es director general de Inteligencia Pública. Redes: @marco_cancino y @IntPublica