¿Hiperpresidencialismo del siglo XXI?

De junio de 2003, cuando inició actividades la autoridad de acceso a la información pública en México, a septiembre de 2024, se han presentado 185,026 recursos de inconformidad de personas que pidieron información y no la obtuvieron como la requirieron, conforme a estadísticas oficiales. En 21 años, se recibieron en promedio 24 quejas diarias -días inhábiles y festivos incluidos-.

En los últimos seis años se incrementó a nivel federal el 50 % de las inconformidades de las personas por no haber obtenido información que requirieron, y crecieron un 43 % las solicitudes de información. El primer año de actividades de la autoridad de transparencia, el entonces IFAI reportó que de 2003 al 2004 el 3 % de respuestas a solicitudes fueron quejas, lo que implicó 1,036 inconformidades. 20 años después, se han recibido 15,632 inconformidades sobre información federal en lo que del 2024, conforme a estadísticas de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Estos números son casos y vidas de personas que no vieron solventado su derecho humano a saber. Para tener un comparativo de la magnitud de estos datos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 2,319 recomendaciones en el mismo periodo; las respuestas de la autoridad de acceso a la información representaron 80 veces más que las recomendaciones de la autoridad de derechos humanos.

OCAs

Los organismos con autonomía constitucional, también conocidos como OCAs, son instituciones públicas que escapan y complementan la división de poderes tradicional en diferentes ámbitos. Entre 1994 y 2016 se crearon diez OCAs en el país, los cuales han realizado funciones que previamente se realizaban dentro del Poder Ejecutivo, por ejemplo: la protección de los derechos humanos, la generación de información estadística, la evaluación de la política social y educativa, la regulación de los monopolios, la organización de las elecciones, o la procuración de justicia, por citar sólo algunos. Estos órganos técnicos funcionan en la lógica de una división de poderes más compleja, y constituyen contrapesos al Poder Ejecutivo.

El 5 de febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso Federal un paquete de 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales que implicaban la modificación de 53 artículos de la Constitución que, de aprobarse, representaría, por su número y calado, el mayor movimiento de reformas constitucionales simultáneas en la historia de México.

La cámara baja está por aprobar la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como replicar este modelo a nivel estatal, lo que significa la desaparición de los 32 organismos garantes de transparencia en las entidades federativas. Su extinción, según la propia reforma, se justificaría por razones de austeridad, duplicidad de funciones y captura por intereses privados.

La reforma ignora la complejidad de las tareas que desempeñan los Organismos Constitucionales Autónomos y establece que sus funciones regresen al Poder Ejecutivo. No incluyen en la dictaminación de la reforma las implicaciones funcionales, jurídicas y presupuestales. Nada se dice sobre los resultados o el desempeño de estos órganos. Si no tuvieran razón de ser los garantes de acceso a la información, no habría quejas de las personas por no tienen garantizado su derecho humano a saber.

Concentración del poder

Tras la retórica de la austeridad, se concentra en el Ejecutivo facultades que ejercería sobre el Poder Judicial, el Legislativo, partidos políticos, sindicatos, así como de personas físicas y morales que reciben recursos públicos; todos ellos sujetos obligados a transparentar información y proteger datos personales en manos de instituciones, actores públicos y de particulares.

La reforma desconoce años de evolución administrativa necesaria por la complejidad de los fenómenos y su regulación. La reforma no analiza la evidencia, ni pondera las alternativas para realizar ajustes para mejorar el diseño institucional del Estado mexicano. Únicamente se limita a desaparecer a estas instituciones y, con ello, de manera inevitable, siembra la incertidumbre.

Lo que hay detrás de esta reforma constitucional que elimina a 7 organismos constitucionales autónomos es una intención clara y transparente por concentrar el poder en un nuevo hiperpresidencialismo del siglo XXI. No se trata de un esfuerzo por mejorar instituciones, sino de su destrucción. En un proceso legislativo con prisas, sin diálogo y sin deliberación.

De aprobarse esta reforma que concentra el poder en el Ejecutivo estaríamos regresando al nacimiento del presidencialismo de inicios del siglo XX, con lo cual volveríamos 100 años al pasado, y con ello se dejaría sin certeza el cómo garantizar los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. Como lo refirió Luigi Ferrajoli, en el contexto de la reforma del Poder Judicial (previa a la de la reforma que elimina a los autónomos): va a generar un colapso de la democracia y del Estado de Derecho; concentrando el poder y atentando contra la imparcialidad y la división de poderes. Se trata de un analfabetismo institucional por parte del gobierno que la propicia.

Facultades diferenciadas

Contrario a lo que establece la reforma que actualmente se procesa en el Congreso Federal, el Constituyente Permanente tendría que considerar una reforma que cuide la división de las facultades de acuerdo a la naturaleza de los distintos actores de que se trate: judicial, legislativo, partidos políticos, sindicatos, personas físicas y morales que ejercen recursos y toman decisiones públicas. Es conveniente reiterar el llamado a garantizar reformas constitucionales que alimenten el estado democrático de derecho.

La construcción constitucional del funcionamiento de instituciones que resulte de esta reforma debería procurar el que las personas tengan un camino más fácil para garantizar sus derechos. Además, tendría que estar en perfecta armonía con los estándares de democracia en el sentido de distribución del poder y de respeto a los distintos ámbitos, que tienen naturalezas públicas distintas, y aportaciones a la sociedad con roles diferenciados.

Por ende, el buscar concentrar el acceso a la información pública y datos personales en el Poder Ejecutivo implica desconocer, de facto, la naturaleza pública específica del resto de los poderes y actores sociales, y que de ninguna manera tendrían que circunscribirse a rendir cuentas al Ejecutivo, por ser de naturaleza diferente.

Construcción colectiva

Cuando el Poder Ejecutivo se convierte en juez y parte, nos acercamos peligrosamente a un escenario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación advertía a finales del siglo XX como aquel de la cultura del engaño, del ocultamiento y de la opacidad.

Espero que estos tiempos aciagos de intención de degradación de derechos, de normas y de instituciones sean un llamado a la resiliencia democrática y a la regeneración abierta para sostener el Estado democrático de derecho en México.

Si bien no sabemos aún cuál será el diseño normativo e institucional que se desprenderá de esta reforma, sí sabemos que en México la sociedad ha madurado, que no es la misma que existía en el siglo XX, que es plural y diversa por lo que ya no cabe en un solo partido hegemónico. Y ahí es donde está el valor de la apertura, que emana y reside en todo momento en y de la sociedad. Una sociedad pujante y participativa. Hoy más que nunca es importante recordar que nadie, absolutamente nadie tiene el monopolio de la construcción de la República -como lo refiriera en el arranque de la Semana Nacional de Transparencia, Eduardo Bohórquez, con quien coincido plenamente en su llamado-.

@MaricarmenNava