Herramientas de control social: los objetivos perversos de la prohibición
blogeditor · 24 de abril de 2020
El modelo prohibicionista no ha cumplido con sus objetivos y sólo ha generado perversas consecuencias que terminan afectando a quienes no necesariamente están involucrados con las organizaciones criminales y que, con cierta frecuencia, pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.
La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca de Nixon después de eso, tuvieron dos enemigos: la izquierda antibélica y los negros. Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra o de los negros, pero al hacer que el público asociara a los hippies con marihuana y a los negros con heroína, y luego criminalizarlos a ambos fuertemente, podríamos perturbar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, allanar sus hogares, romper sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que lo hicimos.
Así fue como en 1994, el exjefe de políticas internas del presidente estadunidense Richard Nixon describió la guerra contra las drogas instaurada “oficialmente” en 1970 en aquel país1, dando cuenta de que aquella política se trataba de un herramienta de control social en contra de las minorías que exigían, entre otras cosas, el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, convirtiéndolos de ipso facto en enemigos públicos del estatus quo; acontecimiento histórico que irremediablemente nos conduce a desentrañar los intereses perversos detrás de la política prohibicionista, cuyas proporciones se miden a nivel internacional y, sobre todo, a evaluar con ojo clínico sus externalidades negativas, las cuales deben servirnos como punto de partida para plantearnos nuevos paradigmas en materia de política de drogas.
Algunos afirman que el fracaso del régimen internacional sobre el control de drogas se puede medir analizando el resultado de sus objetivos, los cuales consisten, según la teleología de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, en la restricción del mercado de estupefacientes a usos o fines de carácter médico o científico y, al mismo tiempo, en obligar a los estados firmantes de dicho instrumento jurídico internacional, a legislar para prohibir desde el derecho penal el mercado de estupefacientes que se aparte de aquellos ámbitos. Sin embargo, no debe perderse de vista que tras bambalinas, tal y como lo afirma el Dr. Jorge Carlos Díaz Cuervo en su tesis doctoral Drogas: caminos a la legalización, existen motivaciones que históricamente han endurecido el sistema prohibitivo vigente,2 entre las que se encuentran de manera enunciativa más no limitativa, las de la industria farmacéutica, las del crimen organizado que administra uno de los negocios más rentables del planeta, y otras, pues al reconocer la existencia de estos “otros objetivos”, indiscutiblemente podremos hacer un balance entre los resultados de la aplicación del régimen prohibicionista y el costo social de sus flaquezas.
Ahora, vale la pena contrastar algunas de las externalidades negativas que ha provocado el régimen mundial de control de drogas desde distintos aspectos, pues de esta manera podemos realizar un balance adecuado que nos permita visualizar “ganadores y perdedores” en esta política pública basada en dogmas moralizantes.
Entre helicópteros, aviones, vehículos todo terreno y armamento militar, el gobierno de México gastó poco más de 34 mil millones de dólares durante el sexenio de Felipe Calderón, según el informe Trends in World Military Expenditure 2012,3 elaborado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz, con sede en Estocolmo y, tan sólo en el año 2014, el gasto bélico llegó a la histórica cifra récord de 8 mil 660 millones de dólares durante el mandato de Enrique Peña Nieto,4 situando a nuestro país como el principal comprador de armas en Latinoamérica. ¿Quiénes resultaron ganando con estas compras millonarias? Empresas como EADS North America, Lockheed Martin, Hawker Beechcraft, y otras de origen estadounidense, hechos que el presidente de Beechcraft Jim Maslowski vio como “el inicio de una larga y productiva relación con las Fuerzas Armadas Mexicanas”5. ¿La justificación de todo lo anterior? La guerra contra las drogas.
En el apartado de los “perdedores” encontramos los costos humanos que ha provocado el modelo normativo prohibicionista, entre los que podemos encontrar la violación sistemática de los derechos humanos de personas que son discriminadas al ser etiquetadas como consumidoras, productoras o comercializadoras de drogas ilegales.
Además, según un informe elaborado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos -WOLA por sus siglas en inglés- en coordinación con IDPC y Dejusticia, en América Latina y el Caribe, la población en prisión ha incrementado en proporciones alarmantes,6 como consecuencia de las severas y desproporcionadas legislaciones penales en materia de drogas, siendo las tasas de encarcelamiento por delitos relacionados con drogas más altas a nivel mundial, lo que se suma al uso excesivo, y en algunos casos obligatorio, de la prisión preventiva para este tipo de delitos, trayendo como resultado hacinamiento en las cárceles, procesando a personas por delitos de drogas no violentos como la posesión o el transporte de cantidades mínimas de drogas, quienes no representan un riesgo para la sociedad, y se encuentran en el eslabón más débil de la cadena de suministro de estupefacientes, perjudicando en mayor medida a mujeres, campesinas, indígenas y, en general, a personas en situación de vulnerabilidad, quienes por necesidad incurren en este tipo de conductas, siendo víctimas de un sistema penitenciario triturador de la marginalidad.
En el caso del campesinado mexicano, en 2009 la SEDENA informó que cada año unas 300.000 personas se dedican a sembrar droga,7 muchos de ellos provenientes de comunidades indígenas de Oaxaca y Guerrero, quienes son atraídos por atractivos salarios y se enteran de que cosecharán marihuana o amapola cuando llegan a las zonas de cultivo, además de que en algunas ocasiones son plagiados y obligados a cultivar droga para los cárteles y, en los peores casos, son agredidos o privados de su libertad. Sumado a que, durante el despliegue de operativos militares, son los primeros en ser detenidos y encarcelados, circunstancia que impacta su precaria economía.
Esbozado lo anterior, ¿desde qué lógica podemos especular que la política prohibicionista ha fungido como una herramienta de control social? Pues bien, desde la óptica del derecho penal, podemos afirmar con certeza que el régimen punitivo no ha sido eficaz para controlar el tráfico y el consumo de drogas e incluso ha sido contraproducente, tal y como lo señala el Informe Mundial Alternativo sobre Drogas elaborado en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre Drogas de 2016.8 Si bien existe una falsa relación causal entre consumo de drogas e incidencia delictiva, lo cierto es que, al generarse un mercado ilícito de sustancias, aquellas se fueron concentrando en los sectores con una entrada más fácil al tráfico clandestino, como los habitantes de los suburbios de grandes ciudades o personas de clase ‘baja’, al modificarse la estructura de población consumidora con el control legal de drogas.
Bajo esa línea, al margen de la gran variedad de motivaciones morales, religiosas, políticas, higiénicas y otras que subyacen en la facultad represiva del Estado, amenazar con ‘el castigo’ a las conductas consideradas ‘antisociales’ no sirve para corregir al culpable o intimidar a posibles imitadores, sino para mantener intacto e incorruptible un imaginario social casi homogéneo en relación al uso de drogas. Dicho en otras palabras, el derecho represivo está destinado a actuar sobre las gentes ‘honradas’ cerrando filas a las conciencias rectas, separando ‘el trigo de la cizaña’, manteniendo el orden establecido en la sociedad, coartando la libertad de pensar distinto.
Sumado a lo anterior, no podemos soslayar que el régimen prohibicionista ha mantenido subyugadas a las personas más pobres, pues si reconocemos que las de clase media y alta también consumen drogas, e incluso comercializan con ellas, nos encontramos que la única diferencia entre éstas y aquellas es que las primeras no cuentan con la solvencia económica suficiente para enfrentar la monstruosidad del aparato punitivo del Estado y, por ende, se ven obligadas a compurgar penas privativas de su libertad, al carecer de una defensa adecuada que haga valer circunstancias atenuantes de su responsabilidad –condición social, económica, cultural, usos y costumbres, entre otras– y con ello disminuir su condena o, en el mejor de los casos, obtener su libertad, situación que las envuelve en un reciclaje de criminalidad, manteniéndolas en un estancamiento social. ¿Acaso no es esto una forma de sometimiento de clases?
Por último, podemos analizar el prohibicionismo como un proceso colonial como consecuencia de un proyecto civilizatorio de origen occidental, tomando como punto de partida la guerra del opio entre Inglaterra y China, que ha servido para exacerbar el patrón del poder global y ha tenido como resultado la discriminación de poblaciones enteras, conceptualizando a los países subdesarrollados e históricamente productores de drogas, como una amenaza para el poder imperial, legitimando el despliegue de la fuerza económica y militar para establecer un dominio geoestratégico sobre estos territorios.
* Emmanuel Farías Camarero (@HabeasCorpus91) es abogado defensor en materia penal con Maestría en Derechos Humanos y Amparo por el Instituto de Ciencias Penales y Política Criminal de Baja California. Funge como consejero legal de la Fundación Loto Rojo y dirige el colectivo Ciudadanos en Búsqueda de Dignidad. Es alumno de la Generación 2020 del Diplomado en Política de Drogas, Salud y Derechos Humanos del CIDE, Región Centro. Actualmente estudia la Maestría en Derecho Penal en la Universidad Anáhuac, extensión Tijuana.
2 Jorge Díaz Cuervo, 2016, “Drogas: caminos a la legalización”, Ciudad de México, Ariel.