Redacción Animal Político · 9 de septiembre de 2025
En México, cuando hablamos de justicia fiscal siempre terminamos en el mismo callejón sin salida: gravar a los de abajo es fácil, gravar a los de arriba es “polémico”. Y ahí seguimos, atrapados en un sistema donde pagar impuestos se convierte en un deber ciudadano sólo para la clase trabajadora, mientras los grandes patrimonios transitan de generación en generación sin un solo peso de contribución adicional.
Hoy el debate sobre las herencias multimillonarias ya no es una curiosidad académica, es una urgencia política. En un país donde más del 50 % de la población vive en condiciones de pobreza, permitir que grandes fortunas permanezcan intactas durante décadas solo perpetúa la desigualdad estructural. No es un debate de caridad, es una discusión de mínimos democráticos.
México lleva años priorizando políticas sociales sin tocar a los verdaderamente privilegiados. Los presupuestos de la política del bienestar crecen, pero el origen de esos recursos sigue descansando en una recaudación que exprime más a quienes menos tienen. ¿La realidad? Seguimos sin una reforma progresiva seria que corrija el origen del problema: un sistema fiscal que protege la riqueza heredada mientras castiga el ingreso y el consumo de las mayorías. Esta paradoja no solo es injusta, sino que también es ineficiente, porque al no gravar las herencias, el gobierno deja pasar una fuente de ingresos que podría financiar proyectos de infraestructura, educación de calidad o sistemas de salud robustos. En lugar de eso, dependemos de un sistema que ya está sobrecargado y que no puede responder a las necesidades crecientes de la población.
Las herencias multimillonarias son el símbolo más claro de un modelo económico que premia la cuna, no el mérito. Y no hablamos de las empresas familiares que generan empleos en comunidades locales: hablamos de los capitales acumulados en paraísos fiscales, de las grandes holdings que se perpetúan la desigualdad a punta de influencias políticas y favores fiscales. Quien diga lo contrario está maquillando el problema.
Además, estas fortunas, al no ser gravadas, se convierten en un motor de lo que los economistas llaman “rentismo“, un modelo donde la riqueza se acumula y crece sin necesidad de generar valor productivo. Los herederos de estas grandes fortunas no necesitan innovar, competir ni arriesgarse; su capital simplemente se multiplica, creando una brecha cada vez más amplia entre ellos y el resto de la sociedad. Esto no solo es una cuestión de justicia, sino que también ahoga el dinamismo económico al desalentar la creación de nuevas empresas y la movilidad social.
Paradójicamente, los países que muchas veces se usan como referente de “economías exitosas” —como Alemania, Francia o Japón— no tienen miedo a gravar las herencias y cuentan con mecanismos para no permitir la acumulación eterna. Incluso sistemas abiertamente capitalistas consideran justo que una porción significativa de los grandes patrimonios regrese a la sociedad cuando se transmiten generacionalmente. La pregunta incómoda es por qué en México se sigue evitando esa discusión como si fuera un tabú ideológico.
Quizás la respuesta radica en un temor infundado, como lo es la narrativa de que gravar las herencias ahuyentaría la inversión o destruiría el empleo; es una falacia que se repite una y otra vez. Los estudios de la OCDE y otras organizaciones internacionales han demostrado que un impuesto a las herencias bien diseñado tiene un impacto mínimo en la inversión y el crecimiento económico, pero un impacto positivo y significativo en la reducción de la desigualdad. Se trata de una herramienta de política fiscal que equilibra la acumulación de capital con el bienestar social.
La evasión fiscal no debería ser un argumento para no cobrar impuestos, debería ser un argumento para combatirla con más fuerza. El reto es innegable: diseñar un sistema que grave los grandes patrimonios multimillonarios sin aplastar a las demás empresas, sin ahogar la inversión productiva, pero con la claridad de que no puede existir justicia social sin justicia fiscal.
Necesitamos un debate técnico y serio que se aleje de los mitos y las posturas dogmáticas. La clave no es imponer una tasa confiscatoria, sino establecer un sistema progresivo, con exenciones para las pequeñas y medianas empresas, y con un enfoque en los activos que realmente representan una acumulación de riqueza masiva.
Un ejemplo podría ser un impuesto que se aplique solo a partir de un umbral muy elevado, como 10 o 20 millones de dólares, y que incremente de manera gradual, pues un impuesto como este no afectaría a la clase media ni a las empresas familiares, sino que se enfocaría en las megafortunas que son las que realmente perpetúan la desigualdad.
Lo que sí es inaceptable es seguir jugando a la política del parche, donde se inyectan miles de millones a programas sociales sin cuestionar de dónde vienen esos recursos ni hacia dónde deberían dirigirse. La discusión no es solo recaudatoria, es de legitimidad democrática: un estado que no toca los privilegios del 1 %, jamás podrá ser visto como garante de derechos para el 99 %.
Es un círculo vicioso: la falta de una recaudación justa obliga al Estado a depender de la deuda o a aplicar medidas fiscales regresivas, lo que a su vez profundiza la desigualdad. La falta de legitimidad del Estado en su capacidad de cobrar a los más ricos genera una desconfianza generalizada en el sistema, lo que a su vez debilita el pacto social y la cohesión.
Un impuesto a las herencias no es solo una medida económica, es un mensaje político: un país donde la riqueza no se perpetúa sin límites es un país que cree en la igualdad de oportunidades y en la posibilidad de un futuro más justo para todos.
El impuesto a las herencias multimillonarias es un punto de partida lógico si queremos discutir redistribución sin caer en populismos ni retóricas vacías, pues quienes más se han beneficiado del sistema tienen la obligación de retribuir. Lo demás es seguir sosteniendo un modelo de transferencias con fecha de caducidad.
Esta no es una propuesta radical, sino una que está alineada con las prácticas de las democracias más desarrolladas del mundo, se trata de un mecanismo de redistribución de la riqueza que permite a la sociedad en su conjunto beneficiarse de la prosperidad generada a lo largo de décadas y representa una forma de asegurar que el progreso no se quede en manos de unos pocos, sino que se traduzca en mejores servicios, mayor igualdad y un futuro más próspero para todos. Si nos negamos a esta conversación, estamos condenados a seguir profundizando las grietas que dividen a nuestra sociedad.
La pregunta es simple: ¿seguiremos administrando la pobreza o empezaremos a desmontar los privilegios? Lo que está sobre la mesa no es ideología, es sentido común fiscal.
* Damaris Espinosa es abogada y especialista en políticas públicas. Diseña e impulsa campañas en defensa de la democracia, la justicia fiscal y la libertad de expresión en México y América Latina. Su trabajo se centra en aplicar metodologías que permitan a activistas y Organizaciones de la Sociedad Civil maximizar impacto político y de derechos humanos con el menor desgaste posible. Actualmente investiga temas de política pública y es Coordinadora de Incidencia y Campañas en Accionar.io.