“Hay veces que sí se nos muere la esperanza”

Según el relato generalmente aceptado en la historia moderna, la razón fundamental de existencia del Estado es proteger la integridad y el patrimonio de las personas. A veces parece que a mucha gente se le olvida, pero el poder público solo tiene sentido si funciona en beneficio de la población sobre la que puede imponerse a través de actos de autoridad. La narrativa que funda el Estado constitucional es que la soberanía reside originalmente en el pueblo y este cede su ejercicio en aquél para, primero que nada, proteger la vida de la gente. Si no está garantizado el derecho a vivir entonces está quebrada la columna vertebral de la legitimidad del Estado.

La gobernanza criminal equivale al poder hegemónico sobre territorios determinados en manos de redes delictivas que involucran al Estado. La vieja narrativa sobre la delincuencia organizada logró construir una imagen basada en la confrontación entre malos (la delincuencia organizada) y buenos (el Estado). Las nuevas narrativas con base empírica vienen descifrando arreglos políticos estables o inestables donde actores privados y el Estado se entretejen en grupos que disputan el control de los mercados ilegales -y cada vez más también legales-.

¿Cómo aceptar esto? Tengo la impresión de que para la gran mayoría esta realidad es intransitable por varios motivos, comenzando por el miedo que produce la sensación de desamparo: no hay quien me proteja. No paso semana sin sorprenderme ante la disociación que hacen personas especializadas y no especializadas, por un lado, confirmando la descomposición crónica del Estado y por el otro esperando que esas mismas instituciones capturadas garanticen la seguridad, la justicia y la paz. Parece tratarse de una resistencia instintiva masiva que termina obstaculizando el reconocimiento del verdadero tamaño del problema.

He identificado el uso del concepto “ausencia del Estado” como posible síntoma de esta resistencia. Lo estamos discutiendo en múltiples foros: la supuesta ausencia del Estado es en realidad un arreglo político que regula la presencia de las instituciones públicas, no en un blanco y negro de inexistencia o presencia, sino en un caleidoscopio de grises donde hay funciones públicas totalmente controladas por las redes de criminalidad, otras parcialmente controladas y otras libres de esa influencia en mismos gobiernos o territorios.

Así expresado, tal vez no nos dice mucho, pero cuando se recoge el testimonio de las personas que viven en los territorios de la gobernanza criminal, entonces puede aparecer una tragedia humanitaria de proporciones indescriptibles. Cómo ponerse en los zapatos de alguien que transita cotidianamente entre balaceras, mirando circular adolescentes de 13 años con armas que apenas pueden cargar pero que ya usan regularmente para matar o morir.

En esos territorios el derecho a la vida ha sido expropiado por poderes privados que coexisten con las instituciones armadas del Estado (policía y fuerzas armadas). Los testimonios dan cuenta de embates regulares contra comunidades, familias y en especial contra mujeres que la violencia homicida ha dejado solas, que además son víctimas de la violencia sexual en ataques tumultuarios por parte de sujetos armados e intoxicados, quedando las atrocidades habituales sin denuncia posible por temor a nuevos ataques y a perder la vida.

“No queremos, pero parece que nos hemos acostumbrado a perderlo todo y sabemos que en cualquier momento pueden llegar y llevarse hasta lo último que nos queda, incluyendo nuestra vida. La verdad es que hay veces que sí se nos muere la esperanza”, dijeron.

@ErnestoLPV