Redacción Animal Político · 1 de marzo de 2023
No hace falta ir muy lejos para consumir productos piratas. Aunque vender productos no originales es un delito, no se comete en clandestinidad ni en la oscuridad de una calle. La vemos todos, hasta los policías, quienes en ocasiones también los consumen. En cada mercado, local o tiendita de la esquina encontramos discos compactos o memorias USB con docenas de canciones de nuestro artista favorito; de películas grabadas en el cine el día del estreno, o de programas informáticos. Pero la venta de piratería no se limita a productos audiovisuales o editoriales: la moda, las bebidas alcohólicas, los artículos deportivos, los videojuegos y hasta las cadenas de comida rápida y de televisión por cable se han visto fuertemente sacudidas por este fenómeno. Quienes fabrican productos falsos cometen un delito, ya que la piratería reproduce, distribuye y lucra con copias de obras protegidas por la propiedad industrial y los derechos de autor: “Toda obra merece el reconocimiento a su autor original”.
La Organización Mundial de Comercio define a la piratería como la “reproducción no autorizada de materiales protegidos por derechos de propiedad intelectual (como derecho de autor, marcas de fábrica o de comercio, patentes, indicaciones geográficas, etc.) hecha con fines comerciales, y comercio no autorizado de los materiales reproducidos”.
La pandemia de COVID-19 generó desesperación por obtener insumos médicos y, junto con el comportamiento de la industria farmacéutica, provocó que la piratería se extendiera a los medicamentos y a los equipos médicos, situación que es mucho más preocupante ya que puede provocar daños a la salud de quienes los consumen.
Una de las mayores repercusiones bioéticas y en la salud del consumidor es expuesta por Ricardo Páez en Pautas Bioéticas. La industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado, 1 donde señala que “los nuevos medicamentos, antes de ser comercializados y recetados por los médicos, necesitan ser sometidos a un riguroso proceso de investigación para demostrar su seguridad y eficacia frente a otras terapias”. Los medicamentos piratas evidentemente no cumplen con ninguna de estas prácticas, porque más bien roban la fórmula original y producen las cápsulas o pastillas en la clandestinidad, sin ningún control.
Por otro lado, y desafortunadamente, la inflación provoca que la población consuma tabaco, alcohol, alimentos, bebidas no alcohólicas y suplementos alimenticios que no provienen de las marcas que los fabrican originalmente. La existencia de estos productos apócrifos representa riesgos no sólo para la salud, sino también para los titulares de las marcas registradas, los creadores de contenido y la economía de nuestro país.
Además, en países tan desiguales como México los determinantes sociales se potencializan y afectan el bienestar, “ocasionando situaciones donde las grandes mayorías viven bajo mínimos de dignidad, y que son sumamente difíciles de revertir”, y entre muchas otras razones es la desigualdad la que fomenta el consumo de estos productos.
De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, México ocupa el primer lugar en delitos de piratería y contrabando en América Latina: una de cada tres mercancías que se venden en nuestro país provienen del mercado ilegal. Esto sin olvidar las millonarias pérdidas que tiene Hacienda con dicha comercialización: “uno de cada tres litros de gasolina y diésel es contrabando. Si vamos a bebidas alcohólicas, el contrabando es 38 %; en textiles es de 40 %, y en zapatos 35 %”, aseguró el año pasado Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria. También fomenta que se pierdan los empleos formales con prestaciones de ley que, en muchas ocasiones, ofrecen las empresas que elaboran los productos originales.
Este delito es uno de los más preocupantes (después del narcotráfico), ya que se cree que en él convergen la corrupción y las redes criminales nacionales e internacionales, que, probablemente, financian otros crímenes con la ganancia obtenida por éste.
Según lo expuesto en el estudio cuantitativo “Comportamiento del consumidor”, realizado en México, Guadalajara y Monterrey, la fechoría tiene aceptación social, ya que la mayoría de la población no considera que comprar productos piratas sea grave; en muchas ocasiones puede mostrarse indiferente ante la divergencia de calidad entre un producto original y uno que no lo es; no percibe el valor agregado y los beneficios de un producto de marca; se mueve con base en el ahorro (simplemente es más barato), y se siente ajena a los efectos que causa la producción, comercialización y distribución de los artículos piratas. Además, algunos consumidores lo ven también como una especie de venganza ante la avaricia desbordada de las empresas.
Dado que se estima que en 2021 “41 millones de mexicanos consumieron […] algún tipo de piratería y en total gastaron 20 mil millones de pesos en música, películas, software y libros piratas”, es necesario preguntar: ¿será que todos alguna vez hemos comprado un producto pirata? Si nuestra respuesta es afirmativa, convendría ser conscientes de la gravedad de este fenómeno que nos afecta a todos.
De acuerdo con el “Reporte de encuesta sobre la percepción del plagio en la UNAM”, que aborda la percepción de la comunidad respecto a la ética académica, la visión sobre la gravedad de plagio en contraste con otras actividades señala que “descargar música o contenidos digitales de Internet sin pagas (piratear)” se encuentra en el número 9 y 8, siendo 1 lo más grave y 11 lo menos grave.
Ante estos datos, la ética es fundamental para actuar de manera adecuada en una sociedad que cada vez nos presenta más retos. La Real Academia Española la define como el “conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida”, y señala que existe una ética profesional, una cívica y una deportiva. Ante el problema de la piratería podemos aseverar que es una reflexión individual; es el valor que determina el comportamiento personal que, de manera ideal, deberíamos mantener para vivir en una sociedad de manera pacífica; es actuar correctamente para que nuestros actos no dañen o afecten a los demás.
Además de ser un asunto de ética, adquirir productos falsificados debilita las industrias, genera pérdidas financieras, afecta las fuentes de empleo, fomenta la delincuencia y el crimen organizado y nos daña como sociedad. Por si no fuera suficientemente dañino normalizar la violencia, el secuestro, la desigualdad, el robo hormiga… también hemos normalizado el robo de la propiedad intelectual. La fuente principal de todas las transgresiones radica en los problemas sociales, culturales y económicos que aquejan a nuestro país, el alza de los precios y el bajo ingreso para los trabajadores, pero esto no debe ser un justificante.
Es necesario actuar contra la corrupción y que las empresas, el gobierno y la sociedad participemos de manera integral, lo cual implica el actuar moral como una serie de principios, valores o normas que deben regir nuestro comportamiento. Es importante establecer los límites dentro los que deseamos vivir y los cuales no queremos traspasar. Debemos visibilizar, concientizar y educar desde el interior de nuestras familias respecto al tema para que no siga siendo una acción que se realice en el marco de la permisibilidad.
* Blanca Rocío Muciño Ramírez es maestra en Diseño y Producción Editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, donde obtuvo la Medalla al Mérito Universitario, y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha actualizado sus conocimientos en cinco diplomados y más de 150 cursos de Bioética, trabajo editorial y comunicación. Actualmente se desempeña como secretaria técnica y responsable de edición y gestión de publicaciones en el Programa Universitario de Bioética.
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1 Páez, Ricardo, Pautas Bioéticas. La industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado, UNAM/FCE, 2018, pp. 15 y 27.